Mañana comienzan los alegatos en la Corte
Estefanía Garachena fue cuestionada por la Sbif para actuar como relatora de la causa por la histórica multa de US$ 30 millones que le aplicó el regulador al banco cuando estaba en manos del grupo Saieh. Vínculos con el estudio Claro y Cía., que representa al banco, están en la base del cuestionamiento.
Cuando el recién asumido gerente general de CorpBanca-Itaú, Milton Maluhy, enfrentó a la prensa el día de su debut, dijo con preparada claridad que el conflicto que mantenía CorpBanca, mientras estaba en manos de su ahora socio minoritario Álvaro Saieh, con la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif), era una situación heredada pero no así la relación con la autoridad que, según él, es óptima.
Lo cierto es que dicha tensión se mantiene y alcanzará su clímax el próximo jueves cuando se realicen, como hasta ahora está planificado, los alegatos de ambas partes a propósito de la multa de US$ 30 millones que la entidad dirigida por Eric Parrado le aplicó el último día de 2015, por violar los límites individuales de créditos al grupo de sociedades Cascadas, que forman parte de la cadena de control de SQM.
La zona previa a dicho debate en la Corte de Apelaciones ha estado recargada de condimentos. Primero fueron las presentaciones escritas de ambos. El banco dio un duro trato al regulador, cuestionando el procedimiento administrativo seguido y los elementos de fondo que tuvo a la vista la Sbif para sancionarlo. De vuelta, la autoridad presentó un inédito escrito donde ataca con dureza el gobierno corporativo del banco.
Un mes después, ambos bandos volverán a enfrentarse, esta vez en los alegatos en la Corte. Sin embargo, esta fase ha estado impregnada de una disputa subterránea respecto de aquellos que deberán impartir justicia.
El 2 de marzo pasado, el ministro Jorge Zepeda y los abogados integrantes Claudia Arancibia Guralnik y Mauricio Decap Fernández presentaron su inhabilidad para abordar el caso, aludiendo que les afectaba la causal establecida en el artículo 195 número 5 del Código Orgánico de Tribunales, respecto de CorpBanca. Dicho articulado alude a la circunstancia de que algún ministro o abogado de los integrantes haya representado a una de las partes, en este caso al banco.
Luego fue CorpBanca, que el 13 de abril pasado pidió la suspensión de la audiencia para los alegatos que estaba fijada para el día siguiente en la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones. Fuentes del proceso sostienen que es una maniobra para modificar la Sala que verá los alegatos, al considerar que la composición de la segunda no era la más beneficiosa para su caso. De hecho, para mañana está fijada la audiencia en la Novena Sala y no la Segunda como originalmente se había fijado y que, según fuentes del caso, era vista por la Sbif como conveniente.
La solicitud de CorpBanca es legal, pues está establecida en el Código de Procedimiento Civil. Tanto, que la propia Sbif puede pedir nuevamente la suspensión de los alegatos y así apostar a un nuevo cambio de Sala, si considera que no le es beneficiosa.
Esto, porque cuando se suspende una causa, para su nueva revisión se realiza un sorteo de salas, lo que abre la puerta a modificar los ministros o abogados integrantes que terminan revisando el tema.
En todo caso, la causal de dicha solicitud también puede ser que el abogado encargado de alegar por el banco pudiera tener otra causa que ver o porque requiera mayor tiempo para preparar su alegato. De hecho, fuentes cercanas al proceso afirman que la defensa de CorpBanca estaba preparando un documento adicional que planeaba presentar en los alegatos y por eso requería más tiempo.
Pero la disputa sobre los encargados de impartir justicia no concluyó allí. El mismo día que CorpBanca pedía la suspensión, la autoridad hacía su propia jugada, apuntando a los conflictos de interés que tendría la relatora Estefanía Garachena Leiva –designada para el caso el 8 de abril pasado– por vínculos pasados con el estudio de abogados que defiende a CorpBanca, vale decir, Claro y Cía.
En el documento de Sbif explican los vínculos que lograron detectar entre Garachena y el estudio que lideran los hermanos Cristóbal y José María Eyzaguirre. Dice que antes de ingresar el Poder Judicial, la abogada trabajó en el estudio Claro por ocho meses en 2012. Agrega que no le fue posible conocer más antecedentes de su carrera profesional a partir de la declaración de intereses de Garachena.
Además, el texto explica que en el recurso de CorpBanca figuran cuatro apoderados, los que coincidieron con Garachena mientras esta trabajaba en Claro y Cía. “Incluso uno de ellos es profesor de la Universidad de Los Andes donde (Garachena) cursó sus estudios hasta el año 2005”, aludiendo también a que otro de los apoderados, según un artículo de La Tercera del 26 de junio de 2011, figuró como asesor de CorpGroup e, incluso, que formaba parte del estudio cuando este trabajó con CorpBanca en la compra de Santander Colombia el mismo 2011.
De acuerdo a fuentes del caso, el estudio Claro asesoró a CorpGroup cuando, a través de sus compañías de seguro, adquirió el 10% de La Polar, en medio del escándalo de la crisis de la multitienda.
La posición de Garachena incomoda a la Sbif. Según fuentes que conocen del caso, fue llamativo el hecho de que la relatora fuera designada el viernes 8 de abril –medida notificada el lunes 11 del mismo mes– y rápidamente Garachena puso el caso en tabla para que fuera visto el 14 de abril.
La celeridad –dicen las fuentes– genera suspicacias, pues el tema es de alta complejidad técnica y jurídica, existen pocos precedentes de la vista de una causa de ese tipo y, dado su rol, la relatora tendría poco tiempo para preparar el caso. Y además apuntan a que los documentos que tenía que leer sumaban más de 1.000 páginas.
Y es que la relatoría en las cortes es de singular importancia, aunque jamás determinante, como comenta un abogado que no participa de este caso pero que litiga permanentemente en los tribunales.
Es la relatoría la encargada de presentar los documentos y elaborar un resumen del caso para que sea analizado por los integrantes de la Sala a cargo de escuchar los alegatos y luego resolver.
Eso sí, la solicitud de inhabilidad a un relator es un hecho poco acostumbrado. Normalmente –detallan las fuentes– las partes llegan a cuestionar a ministros o abogados integrantes pero no a relatores. “No sé si es buena estrategia”, señala un abogado que acostumbra a litigar para el Estado, advirtiendo que se puede generar una controversia inconveniente con la relatora en comento o con quien sea designada si la Corte acogiera la solicitud de la Sbif.
Hasta ayer, el tribunal de alzada aún no emitía una decisión formal sobre el tema. Según fuentes del proceso, lo que habría ocurrido sería que se habría derivado la decisión al presidente de la Corte, quien a su vez habría devuelto la responsabilidad a la Sala, no existiendo hasta ahora una comunicación formal al respecto. Fuentes cercanas al proceso afirman que la petición fue rechazada y en CorpBanca existiría la convicción de que la solicitud de la Sbif no fue aceptada, aunque no existiría la misma impresión desde el regulador.
