Core reconoció que fue más riguroso con Boldt de lo que fue con Marina del Sol en 2006, cuando dicho proyecto incluía un colegio, pese a que ahora cuestiona a la firma argentino-española por estar a 250 metros de una universidad. “Estamos en 2016, hay otros consejeros, otro intendente, otro Gobierno”, dijo el abogado del órgano. Corte de Apelaciones resuelve en abril.
Finalmente y tras varias postergaciones, el jueves de la semana pasada se realizaron los alegatos del Gobierno Regional del Biobío, Marina de Sol y Boldt-Peralada, paso previo a que la Corte de Apelaciones decida si concede el recurso de protección interpuesto por el consorcio hispano-argentino contra la resolución del 25 de noviembre de 2015 del Consejo Regional de la zona que los dejó, por tercera vez, sin puntaje, en favor del actual operador del casino de Talcahuano, con lo que la firma de Nicolás Imschenetsky está con la primera opción para adjudicarse el proyecto del casino en la ciudad de Chillán.
Con media hora para cada uno, los abogados hicieron ver sus argumentos, pero esta vez –a diferencia de los dos recursos de protección ganados por Boldt primero en la Corte Suprema y luego en la Corte de Apelaciones– se discutió el fondo de la disputa.
En la decisión del Consejo Regional (Core) en representación del Gobierno Regional, se cuestionó la ubicación del proyecto de Boldt por estar a poco más de 200 metros de la Universidad Pedro de Valdivia, lo cual, según el dictamen del 25 de noviembre pasado, contraría la Estrategia de Desarrollo Regional (EDR) (2007-2015) vigente entre 2007 y 2015, donde se plantea promover hábitos de vida saludable.
En el debate, el abogado del Gore desconoció la relevancia de los informes psicológicos presentados en la anterior disputa judicial y aludidos en el informe de la subcomisión que recomendó no votar a Boldt.
Es que Boldt cuestionó en su recurso, y en el anterior proceso, la calidad de los informes presentados, entre ellos, una tesis de una estudiante de Psicología de la Universidad de Guatemala sobre ludopatía en jóvenes, al igual que un estudio de la Universidad de Murcia.
Lejos de defender dichos trabajos o su pertinencia, Christián Canales les bajó el perfil a su relevancia. “Que existan o no estudios que avalen o no, no quita mérito a las preguntas que se ha planteado legítimamente el Core como órgano que materializa la participación ciudadana”, afirmó.
Agregó que el informe del Core no se basa en dichos estudios y, por ende, el órgano nunca pudo “haber supeditado una decisión a informes de psicología”. “Estos informes jamás han constituido el núcleo argumentativo del Core”. Incluso calificó dichos trabajos como “absolutamente prescindibles” y que “carecen de aptitud legal” para sustentar el proceso.
Junto con ello, explicó la contradicción denunciada por Boldt en cuanto a que en 2006, cuando se aprobó el proyecto de casino de Marina del Sol en Talcahuano, este incorporaba un colegio y que además se ubicó a 700 metros de un centro de formación técnica, existiendo en ese momento los mismos lineamientos aludidos esta vez.
La respuesta de Canales sobre el punto fue profundamente política, mas no jurídica. “No estamos en 2006, estamos en 2015. Eran otros consejeros, otro intendente, otro gobierno… a consecuencia de la experiencia que se va acumulando a través de los procesos los consejos regionales van evolucionando en el entendimiento de las situaciones que son sometidas a su consideración”, argumentó el abogado.
La explicación de fondo, según Canales, radica en las diferencias de distancias y en que con el tiempo los consejeros han ido avanzando hacia una mayor exigencia. “Tras lo razonado por el Core subyace una idea… con esta actividad, que es legal y legítima no es menos cierto que presupone riesgos potenciales, eso implica la mayor rigurosidad con que ha actuado el Core”, ahondó, para luego agregar que “en una circunstancia pensó que 800 metros no era problema” y que en el caso del proyecto de Boldt “la cercanía es demasiada”.
Con todo, el profesional defendió la actuación del Core, indicando que el nivel de cercanía de proyecto con la universidad “genera un facilitamiento absolutamente innecesario” para que ingresen al juego y que eso explica que el Core “haya puesto tanto detalle y atención”.
Canales ahondó en ejemplos de legislaciones que ponen límites a la distancia que puede haber entre locales de venta de bebidas alcohólicas (que prohíbe una cercanía menor a 200 metros de centros educacionales) y de tabaco (100 metros). Por ello, consideró que la resolución no puede ser calificada como caprichosa, como ha acusado Boldt.
También participó del alegato, como tercero potencialmente afectado por lo que decidan los tribunales, Mario Rojas, abogado de Marina del Sol. En lo central, el abogado arguyó la tesis de que la resolución del Core no es definitiva, sino una mera opinión que el Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos puede revertir si considera que es mejor proyecto que el de Imschenetsky.
“(La resolución de Core) no produce efecto jurídico, no modifica ni afecta ningun derecho ni ninguna posición jurídica, tampoco genera quebrantamiento de ninguna garantía. Quien otorga o rechaza es el Consejo Resolutivo. Es una simple opinión”, dijo Rojas.
Por Boldt alegaron Michele Laroh y José Ignacio Arteaga. Además de criticar que por tercera vez el Gore cuestiona la legitimación pasiva del Core para ser impugnado y el punto sobre la mera opinión que, según el este organismo, representa su resolución sobre Boldt, Arteaga acusó que el Core esta vez se extralimita en sus competencias, invoca artificialmente las máximas de la experiencia. Al mismo tiempo, señala que hubo abuso de discrecionalidad y que el acto del Core carece de objetividad.
En su relato, el abogado recuerda los pasos dados por el Core en las tres votaciones y asegura que, al ser cuestionada por los tribunales, la instancia regional intentó justificar sus votaciones con los informes psicológicos referidos, los que tampoco fueron incorporados como correspondía a la carpeta del proceso.
Y agrega que en esta tercera votación finalmente el Core acude al argumento de fondo, que es que el proyecto de Boldt, al ubicarse cercano a la universidad, produciría externalidades negativas. “Se dieron cuenta que informes bajados de internet son un estudio universitario de Guatemala, un estudio de la universidad de Murcia respecto del juego en España, que tienen otra derivación, pero esos estudios no son aplicables a la región ni a Chile. No hay estudio alguno que indique que ser colidante con un centro educacional sea perjudicial a la juventud”, dijo.
Adicionalmente, Arteaga cuestiona que en la votación de 2015 se utilizara como referencia la EDR que caducó en agosto de 2015, lo que transformaría la resolución –en su opinión– en inválida, pues a noviembre pasado regía otra EDR que ya no tiene el punto siete de la promoción de vida saludable. “Son lineamientos estratégicos inexistentes… El 19 de agosto de 2015, con bombos y platillos, televisión y prensa, el Gore aprueba la nueva EDR para 2015-2030. En esa estrategia no hay lineamiento número 7, no existe, son 6… Lo anterior no admite comentarios”, apuntó.
Además, cuestionó la falta de objetividad del Core, y consideró su argumentación como “parcial” e “irreal”. “Funda su opinión desfavorable en un estudio mundial. No eran atingentes a realidades. No hay un estudio que señale que emplazamiento cerca de centros de estudios podría provocar ludopatía en jóvenes”, dijo, agregando también que es contradictorio porque “aquí estamos en la misma región y la semana pasada, cruzando la calle por un puente a 700 metros (de Marina del Sol), se había proyectado un colegio”.
“Es más, en la resolución que aprobó el permiso de operación de Marina del Sol se estableció que dentro de dicho conjunto integral del casino incorporaba un colegio, el mismo Core y la Superintendencia aprobó el casino en la comuna de Talcahuano… Es parcial porque no se aplica la misma explicación a dos situaciones similares”, indicó, advirtiendo que el Core solo consideró el factor de cercanía pero no consideró que el proyecto tiene otros atributos educacionales como biblioteca, museo y áreas verdes.
Según medios locales, la Corte de Apelaciones zanjaría esta disputa la segunda quincena de abril, tras lo cual la causa seguiría en la Suprema o bien el Core tendría que volver a votar. A casi dos años de la primera votación, Chillán seguirá esperando por el nuevo casino.
