En un nuevo escrito ante la Corte de Apelaciones, la entidad que dirige Carlos Pavez detalla el caso de Vicente Aresti, sancionado por lo mismo que el ex Consorcio, a quien le fueron congelados bienes y ahora el Estado lo tiene demandado. Dicha causa, no obstante, el CDE la perdió en primera instancia y hoy la disputa en la Corte.
La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) se juega casos de grueso calibre en los tribunales en este último tiempo. Cascadas, con todas sus aristas, es el principal. Pero también está en pleno desarrollo la disputa con Juan Bilbao Hormaeche, el ex presidente del grupo Consorcio, multado con US$ 3,2 millones por usar información privilegiada en la compra de acciones de la cadena farmacéutica CFR, cuando él era director de dicha compañía en 2014.
La apelación de Bilbao ante la Corte provocó la reacción de la entidad que dirige Carlos Pavez, que en un primer escrito refutó con dureza la defensa del estudio Claro y Cía., que defiende al emblemático banquero chileno de los Estados Unidos de los 90, a cargo de Banker Trust para la región.
Tras la respuesta de Bilbao –igual de tajante para rechazar el primer informe de la SVS–, esta sorprendió pidiendo, el 4 de febrero pasado, el congelamiento de los bienes del empresario, incluyendo sus acciones en el holding que presidió, algunas inversiones en fondos mutuos y papeles de otras compañías, arguyendo que podría haber terceros que demanden indemnizaciones o que incluso el Estado –a través del Consejo de Defensa del Estado (CDE)–, si quisiera pedir resarcimientos.
A sus argumentos de fondo, el viernes último sumó un precedente: el caso de uso de información privilegiada por el que se sancionó a un grupo de empresarios, asesores y familiares vinculados al anuncio de fusión –finalmente rechazada– entre D&S y Falabella.
En julio de 2008, la SVS sancionó con multas, entre otros, a Alejandro Irarrázaval Ureta, Eugenio Eben Aresti, Hans Eben Oyanedel y Vicente Aresti López.
Este último, dueño de la empresa de arroz Tucapel, fue multado con UF 38.970 (unos $ 1.000 millones de hoy). La SVS recordó que en ese momento pidió también el congelamiento de sus bienes mientras se discutía la multa a Aresti y advirtió que dicha medida –aprobada por el 14 Juzgado en lo Civil– permitió que el CDE pudiera luego demandar a Aresti en el año 2013.
Este es el antecedente con que la SVS cuenta para ganar esta pulseada a los hermanos Cristóbal y José María Eyzaguirre, aunque eso no asegura el resarcimiento final.
Porque el que CDE pueda demandar a Bilbao y obtener resarcimiento para el fisco o terceros, entraña desafíos.
La causa que lleva el CDE contra Aresti ya fue fallada en primera instancia y la perdió el organismo estatal, en sentencia del 20° Juzgado Civil de Santiago. Este determinó que el plazo de prescripción para una acción de resarcimiento del fisco impide la acción, lo cual ya fue apelado ante la Corte de Apelaciones el 10 de diciembre pasado. El propio Aresti acudió a la Corte pidiendo que se eche abajo el fallo solo en que no se condenara en costas al CDE.
La apuesta de la SVS también busca cubrir a eventuales ex accionistas de CFR que puedan querer demandar a Bilbao pidiendo indemnizaciones. Entre ellos se ubica la AFP Provida, de Metlife, que fue una de las que habría vendido acciones en los días en que BTG buscaba papeles en Chile de CFR, entre marzo y mayo de 2014, para vender a Estados Unidos, donde Somerton, la sociedad de la cual Bilbao es beneficiario –aunque no reconoce ser dueño–, buscaba insistentemente adquirir ADS de la cadena farmacéutica de su amigo Alejandro Weinstein, mientras la compañía negociaba su venta a la estadounidense Abbott.
En su escrito, la SVS refuta a la defensa de Bilbao, que cuestionó la medida requerida alegando que ya pagó en Estados Unidos, en alusión a los US$ 13,5 millones que pagó a la SEC, como parte de un acuerdo en el que este organismo estadounidense lo libera de responsabilidad penal.
«La SEC no puede fiscalizar la comisión de ilícitos que dañen al Mercado de valores en Chile o la confianza depositada en os gobiernos corporativos de las sociedades anónimas abiertas que emiten valores de oferta pública en Chile, y jamás podrá dicho organismo proteger los bienes jurídicos o intereses sociales de nuestro mercado de valores, que por lo demás, y como ya se ha visto, ha sido encargada dicha función a este servicio», dijo la superintendencia el viernes pasado.
