Tienen distintos nombres. Alpha, Fénix, Synergia o RCC por nombrar solo a algunos de los Fondos de Inversión Privados que maneja este grupo, pero todos ellos han tenido un solo objetivo: beneficiar a Álvaro Saieh y su familia.
Las acciones de Ripley se vendieron en 2009 a la familia Saieh a través de RCC Fondo de Inversión Privado. Este era uno de los tantos FIP que operaban en el mercado chileno. De acuerdo al Servicio de Impuestos Internos (SII), ese año había 627 fondos informados con patrimonios por US$ 7.372 millones. Dos años después, el mismo servicio indicaba que se registraban 784 fondos con patrimonios que sumaban US$ 11.174 millones.
O sea, que el grupo Saieh tuviera un FIP no era de extrañar para un inversionista sofisticado como es Álvaro Saieh, sobre todo porque las ganancias obtenidas por un fondo de este tipo tributan solo una vez que han sido percibidas por los partícipes del Fondo, o sea, cuando se reparten. Es decir, los beneficios que reportan sus inversiones no pagan impuestos de Primera Categoría.
Saieh hizo operaciones importantes a través de distintos FIP que salieron a la luz pública a partir de 2012, en momentos en que el Servicio de Impuestos Internos daba señales de que iba a aumentar su fiscalización.
El primero en ponerle el ojo encima a los Fondos de Inversión Privada fue Ricardo Escobar, quien durante su cargo como director del SII decidió obligarlos a enviar una declaración jurada a partir de 2009, aunque para efectos legales un FIP no era un contribuyente. Luego durante la dirección de Julio Pereira, se solicitó a las superintendencias de Valores, Bancos y de Pensiones que entregaran toda la información que poseían sobre estos instrumentos porque había iniciado “un plan de fiscalización especial”.
A partir de 2007, Saieh salió de compras. El comercio era uno de los sectores en que tenía sus fichas puestas y que terminó poniéndolo en la mira de los reguladores, fiscalizadores, medios de comunicación, banca e inversionistas.
“Mi interés es estar en todas las áreas del retail”, recalcó a La Segunda –en mayo de 2009– cuando quiso explicar la razón de su ingreso con el 20% a Ripley, lo que se sumaba a la adquisición de Unimarc en 2008 y a la anexión de cadenas regionales. Para financiar los US$ 170 millones que le había costado la operación del paquete de la cadena de retail aseguró que “no acudiremos al mercado financiero”.
¿Cómo lo hizo? De acuerdo a la querella por delito tributario que interpuso el SII el 30 de diciembre de 2015, fue RCC Fondo de Inversión Privado la que compró las acciones de Ripley a Inversiones Bujorico Ltda en diferentes fechas durante 2009 a un precio de venta en torno a $250, “las cuales a su vez fueron revendidas inmediatamente, pero esta vez al precio de mercado, a través del mismo fondo que gestionó la adquisición a la Compañía de Seguros Corp Vida, a Omega Fondo de Inversión Privado, a la Compañía de Seguros Corp Seguros y un cuarto paquete accionario fue vendido en Bolsa”.
Algunas de las operaciones de compra y venta se hicieron el mismo día, según el SII, con diferenciales en el precio de $103. Por ejemplo, el FIP compró 96,8 millones de acciones de Ripley a $252,75 el 24 de agosto de 2009 y vendió ese mismo día el mismo paquete a $355,9590 por acción. Hay otras que se realizaron en fechas más espaciadas y los diferenciales son mayores.
En definitiva, las compañías de seguros –que Saieh controlaba en esa época–, el FIP Omega y finalmente, los inversionistas en bolsa financiaron con creces la operación, quedándose la diferencia de precio en las arcas de RCC que representaba a Corp Group Inversiones Ltda (ex Conca).
Como el precio pagado por RCC no estaba a valor de mercado, el SII decidió tasar la operación. El perjuicio fiscal lo estimó en $10.693 millones y se querelló contra Jorge Andrés Saieh y Pilar Doñabeitía, ex presidente del directorio de SMU. También incluye a Alberto Calderón, por los ex dueños de Ripley.
En marzo de 2010, Celfin Capital –hoy BTG Pactual– anunció que había estructurado “un novedoso fondo de inversión a través del cual ingresó a la propiedad del 10,81% de SMU por un monto superior a US$ 160 millones”. En la misma nota publicada en su página web, se explicaba que “clientes de Celfin y Corpbanca Gestión de Inversiones ingresaron a la propiedad de la matriz de los supermercados Unimarc, a través de un aumento de capital que realizó la compañía”.
De esta manera, el banco de inversiones declaraba el éxito del Fondo de Inversión Privado Synergia que posteriormente fue cuestionado por la forma en que se estructuró su financiamiento, pues gran parte del capital (US$ 115 millones) fue prestado por CorpBanca, que también es controlado por el grupo.
¿Cómo se diseñó la operación? En la presentación del Fondo, Celfin señalaba que se constituyó el Fondo de Inversión Privada (FIP) Synergia, formándolo “con US$ 50 millones de aportes de capital y US$ 115 millones de financiamiento de CorpBanca. Del total, US$ 150 millones se aportan como capital a SMU y US$ 15 millones quedan en caja para pagar los intereses de financiamiento”.
De esta manera, Celfin creó y administró el FIP Synergia con el fin único de invertir en acciones de SMU, el cual era financiado por CorpBanca que daba un préstamo equivalente a 2,3 veces el patrimonio del fondo.
La idea de colocar en bolsa acciones de SMU se fue haciendo imposible a medida que pasaron los meses, que era la fórmula de salida para los aportantes del Fondo Synergia. Por lo tanto, en junio de 2012, Celfin Capital salió a buscar aportantes para un segundo FIP al que llamó Synergia 2.
Cuando este medio denunció las triangulaciones como una forma de evitar que el crédito de Synergia se entendiera como un préstamo entre partes relacionadas, la SBIF emitió nuevos criterios –en noviembre de 2013– que estipulaban que fondos estructurados de la forma en que lo estaba Synergia debían entenderse como créditos relacionados. Si la nueva normativa hubiera estado vigente cuando se otorgaron dichos créditos –al menos el de Synergia–, CorpBanca habría superado los límites legales.
Si a febrero de 2010 solo había dos accionistas controladores –SYR Inversiones Ltda. y Bravo Compañía S.A.– en SMU, a diciembre del 2012 se registraban 19 sociedades en la propiedad, nueve de las cuales eran Fondos de Inversión Privados. En la actualidad, hay 18 accionistas y 8 FIP.
En los estados financieros de SMU de 2012, la compañía indicaba que la familia Saieh tenía participación a través de Inversiones SMU Matriz Ltda., Fondo de Inversión Privado Gamma, Fondo de Inversión Privado Delta, Fondo de Inversión Privado Epsilon, Fondo de Inversión Privado Alpha y Fondo de Inversión Privado Alpha II.
En 2013, se solicitó a la SVS información sobre los 9 fondos de inversión que participan en SMU. Sin embargo, solo se obtuvo la presentación del FIP Alpha, el cual surgió en enero de 2011. Este fondo era administrado por Inversiones e Inmobiliaria R CC S.A., cuyos directores a la fecha de constitución eran Jorge Andrés Saieh Guzmán, María Pilar Dañobeitía y Álvaro Barriga. La presentación fue hecha por Corpvida, compañía de seguros del grupo Saieh, y en ella declara que tenía el fin exclusivo de invertir en el brazo retail de este conglomerado económico. El monto de la inversión fue de $ 25 mil millones, que le dio derecho a poco más del 2% de la propiedad. Su salida estaba programada para cuando SMU se abriera a la bolsa, cosa que no ocurre hasta el día de hoy.
En tanto que el fondo Alpha II figuraba como inversión en las notas adjuntas de los estados financieros de Corpseguros, la otra compañía de seguros del grupo, por un monto de $ 25 mil millones, pero no había información sobre la fórmula de salida.
Cuando ambas compañías de seguros se vendieron a Inversiones La Construcción, el gerente general de Corpvida, Christian Abello, dijo que las aseguradoras tenían invertido en SMU un total de US$ 175 millones, incluyendo bonos. Por esa razón, trascendió después, los US$ 170 millones en que La Construcción pactó la compra de las aseguradoras incluyeron un descuento por la inversión de los FIP en SMU.
Una vez más las compañías de seguros habían servido desde 2011 hasta 2013 a los fines de su controlador, es decir, invertir con el dinero de terceros en los negocios en que le interesaba entrar.
Actualmente, en la propiedad de SMU hay 18 sociedades registradas, de las cuales 8 son FIP.
En septiembre de 2011, SMU anunció la fusión por absorción con Supermercados del Sur (SdS), cadena controlada por Southern Cross. Al cabo de un año, las relaciones del grupo Saieh con el fondo de inversión, liderado por Raúl Sotomayor, eran realmente malas.
La pelea entre ambos ayudó a revelar cómo podía operar Saieh cuando compraba activos. En una carta al entonces superintendente de Valores, Fernando Coloma, Raúl Sotomayor rechazó que las pérdidas por $74 mil millones de la matriz de Unimarc se hayan generado por la fusión de su ex cadena con la firma liderada por el grupo Saieh, sino que explicó que ellas se debían a partidas no operacionales, originadas en su mayoría en forma previa a la fusión con SDS.
Una de las operaciones a las que apuntó Sotomayor fue el pago del $20 mil millones al FIP Fénix —controlado por Saieh— por parte de SMU, debido a su intermediación en la compra de Construmart. La venta de esta empresa no fue directa, sino que primero la adquirió el Fondo Fénix que la enajenó a SMU y el monto señalado originalmente figuraba como gasto por “asesorías financieras”, pero en las notas de resultados a diciembre de 2011 fue reclasificada como “gastos incurridos en la adquisición de Construmart”.
El grupo Saieh contestó indignado y, entre otras cosas, dijo: “No es efectivo que haya una reclasificación, es un error de (Raúl) Sotomayor y no vamos a calificar con qué intención».
Finalmente, Álvaro Saieh y Raúl Sotomayor se quitaron la pintura de guerra y conviven hasta el día de hoy en SMU a la espera de que la compañía se abra a la bolsa. Tienen la voluntad, pero los tiempos no les acompañan.
