El grupo de empresas controlado por Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano camina a la desaparición. Hace un año estaba entre los 10 conglomerados más grandes de Chile. Su rol en desencadenar la mayor crisis política desde el retorno a la democracia los obligó a vender los activos del banco, la corredora y la gestora de fondos. También están abandonando el negocio de seguros. Ya se habían desprendido de AFP Cuprum en 2013. Aunque con su negocio de isapres e inmobiliario seguirán tanto o más millonarios que antes.
En algún momento, el holding Penta controlaba empresas en el negocio financiero, salud e inmobiliario. En los rankings de grupos económicos llegó a estar en los primeros diez del país y con activos superiores a los US$ 7.000 millones, ya cuando dejó la propiedad de Cuprum en 2013.
Los controladores seguirán siendo millonarios ya que los costos por pago de impuestos adeudados son menores. Ademas, a pesar de aún correr el riesgo de terminar presos, podrán comprar compañías o armar nuevas firmas.
“Los daños patrimoniales para nosotros no son menores” dijeron en una carta a los trabajadores, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, confirmando la venta de la cartera de créditos y de las dos filiales consolidadas en la entidad.
La venta de los activos del banco, concretada el viernes último, es el siguiente paso en el desmembramiento del grupo, la caída de un coloso que si bien se queda con gran liquidez, abandona parte relevante de su actividad empresarial.
Una venta afortunada
Hasta 2013 AFP Cuprum, la gestora que mantiene los afiliados con mayores ingresos imponibles promedio de sistema y que ya se ubica en el tercer lugar del mercado en activos administrados, era el principal generador de utilidades del grupo.
Pero el asegurador estadounidense Principal Financial Group puso US$ 1.500 millones por el 100% de la propiedad a fines de 2012 y los Penta decidieron abandonar un negocio que habían desarrollado desde cero, como ellos mismo han relatado en el pasado, obteniendo por su participación casi US$ 1.000 millones. Más de 50% respecto de la cotización que había en el mercado.
Así, los Carlos, sin saberlo en ese momento, hacían uno de sus mejores negocios, a la luz de los precios que han debido aceptar en las últimas negociaciones tras el estallido del caso de financiamiento ilegal a la política.
Esto, porque el propio Bravo declaró ante el Ministerio Público que la venta de la AFP generó ingresos por más de $ 4.000 millones al grupo por servicios que no se había prestado o que al menos estaban sobrevalorados.
No sólo eso. En una de numerosas aristas que se han generado al desmembrar los diversos delitos por los que es investigado el grupo -cuyos dueños están formalizados por delitos tributarios, e incluso pasaron por casi dos meses de prisión preventiva- se ha descubierto que el homónimo padre fallecido del diputado UDI, Ernesto Silva, tuvo participación en diversas ilegalidades tributarias y que intervenía en gestiones de financiamiento a los políticos.
El ex gerente general de Cuprum, Manuel Antonio Tocornal, fue formalizado, al igual que el ex vicepresidente de la AFP y ex senador UDI, Carlos Bombal.
La venta de la AFP generó todo tipo de rumores sobre donde invertirían tamaño capital, pero finalmente lo fueron desplegando en sus distintos negocios y gran parte de dichos recursos se quedaron bajo administración del banco. De hecho, los dueños aportaron casi US$ 170 millones en depósitos a plazo al banco en medio del descalabro que afectaba al grupo a fines de 2014 y cuando pocos se atrevían a poner plata en la entidad financiera.
El golpe reputacional
El escándalo en el que se vieron metidos ambos empresarios por haber montado un sistema de financiamiento irregular a políticos, particularmente en la UDI, terminó por contaminar al grupo, minar su credibilidad y forzarlos a comenzar a abandonar los distintos negocios regulados.
Las revelaciones hechas por el ex gerente general de Empresas Penta, Hugo Bravo, el cerebro en las maquinaria de evasión tributaria que montó el grupo, sembró un campo minado.
A fines de julio de 2014, se conocían las primeras declaraciones de Bravo, reconociendo que habían hecho declaraciones fraudulentas en las distintas sociedades no operativas. EL primer afectado fue el banco, particularmente por el impacto en la reputación de sus empresas.
La querella del Servicios de Impuestos Internos (SII) a fines de agosto de 2014, provocó el primer gran impacto al grupo. La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras reconoció ante el Congreso a comienzos de 2015 el riesgo reputacional que afectaba a Banco Penta, un banco de nicho, que atendía a empresarios y personas con alto patrimonio y que no terminó de convencer en su estrategia de negocios.
Creado dos años después de que el grupo vendiera su participación controladora en Banco de Chile a comienzos de la década pasada, el inicio del nuevo banco inició un largo camino en búsqueda de la rentabilidad. Tras más de media década sin buenos resultados, Banco Penta había logrado mostrar números azules consistentes sólo en los últimos tres años.
Pero la historia del banco se truncó violentamente con el caso Penta. Aunque la ley de bancos no los obligaba a vender su participación controladora, era vox populi en el mercado que no le quedaba mucho tiempo al frente de la institución.
Rápidamente comenzaron a buscar compradores. La posición, como pocas veces para un grupo de su tamaño, fue asimétrica. Habían decidido abandonar el negocio pero había pocos interesados y los que se atrevían ofrecían un precio ajustado. La idea de venta de todo el banco entonces abrió paso a la estrategia de enajenar por parte.
La historia terminó el viernes pasado cuando se comunicó formalmente que Banco de Chile se quedaba con la cartera de créditos comerciales y Security pagaría casi US$ 35 millones por la corredora de Bolsa y la administradora de fondos Penta AGF, incluyendo activos bajo administración por más de US$ 1200 millones.
El banco del grupo Luksic y City en tanto, pagará el equivalente al 98% de los US$ 930 millones en créditos comerciales. Sin embargo, el grupo, que mantendrá en su poder el banco, deberá hacerse cargo de pagar más de US$ 700 millones en pasivos, por bonos y depósitos a plazo, los que irán saldando a medida que vayan venciendo.
Estimaciones preliminares apuntan a que el valor libro del banco bordearía los US$ 400 millones, donde se incluyen
los US$ 100 millones de un aumento de capital de comienzos de año, además de US$ 200 millones aportados desde 2012.
El negocio de los seguros
Penta tiene una participación relevante en el negocio de seguros, tanto en vida como en generales. Asociado con Security en generales (Penta-Security) y apostando en soledad en vida, Penta se hizo un nombre en el mercado.
En seguros generales, llegó a superar el 10% del mercado en primas y hasta que estalló el escándalo en 2014, los rumores apuntaban a su interés por invertir en otros países, en particular Perú.
Pero al igual que el banco, el golpe fue demasiado. En los próximas semanas se espera que termine de concretarse su salida del negocio de seguros generales, donde venderá su 70%. Medios locales estiman que el grupo recibirá unos US$ 250 millones y que el principal candidato a entrar es el grupo Liberty, que se transformaría en el principal actor del rubro.
De esta forma, el grupo se quedaría sólo en seguros de vida, donde tiene una participación menos significativa.
Con estos cambios, el grupo Penta completaría su abandono total del negocio financiero: sin banco, sin corredora de bolsa, sin AFP, sin aseguradora y sin administradora general de Fondos.
Las Américas
Pero no son las únicas enajenaciones. La venta de su administradora general de fondos era una consecuencia esperada, no sólo por la inminente venta del banco, sin por la desconfianza de los aportantes a sus fondos.
En particular, Penta Las Américas ya había perdido dos fondos que administraba hasta mayo pasado. El principal era de infraestructura, con aportes por US$ 230 millones, donde las AFP representaban más del 80%. Pero fueron las propias AFP, en particular Habitat, las que pidieron el cambio en el gestor, dado el escándalo en que se encuentra el grupo.
A mediados de mayo pasado se concretó la salida del gestor del fondo y se anunció también que otro fondo, de casi US$ 100 millones que invertía en cementerios, simplemente se liquidaría después de más de 15 años de existencia. Las AFP planeaban pedir el cambio en el tercer fondo que gestionaba Penta Las Américas.
Las desconfianzas con Penta y el temor a estar permanentemente en el ojo del huracán, hacen cada vez más difícil a Lavín y Délano, hacer negocios con actores regulados. Menos aun si el propio gerente general y socio de Las Américas, Horacio Peña, se vio directamente involucrado en el escándalo y debió dejar el cargo apenas se comenzaron a filtrar evidencias del pago de bonos que recibía Peña mediante la emisión de facturas por servicios que nunca prestó y cuya modalidad sólo apuntaba a evadir impuestos.
El saldo
De las principales actividades empresariales que le quedan al grupo, dos destacan por sobre el resto: Banmédica y Penta Inmobiliaria.
El holding de salud –donde participan con casi un 27% de la propiedad y comparten el control con Eduardo Fernando León, socio de Consorcio- es uno de los buques insignia de ‘los Carlos’. Banmédica es el principal actor en la salud privada, con la mayor isapre y una de las principales propietarias de clínicas y centros de salud del país.
El grupo hasta ahora no lo ha reconocido, pero lo cierto es que también podrían venderla en los próximos meses.
De hecho, fuentes bien informadas aseguran que hay interesados y que Penta está disponible a revisar ofertas y eventualmente abandonar también este negocio. Y aunque no hay señales claras de salida, lo cierto es el holding ya sintió el impacto del caso. En enero de 2015 tenían planificado emitir un bono de US$ 90 millones, operación que fue suspendida pocas horas antes de llevarse a cabo y que tuvo como causal justamente el riesgo que genera la situación judicial del grupo.
La presencia en este rubro no es trivial para Penta, ni para la industria. Por años han sido un eje en la articulación de la Asociación de Isapres. Parte central de dicho eje era Carlos Kubick, histórico ejecutivo de Penta en el sector y que al igual como ha ido ocurriendo con las distintas empresas del holding, también formó parte del entramado de acciones ilícitas para defraudar al fisco.
En el caso de Kubick, quien debió renunciar a su cargo hace tres meses, se descubrió que recibía pago de bonos de grupo a través de contratos de forward falsos, en que se pre-dateaban las fechas, se simulaba una pérdida para firmas ligadas a Banmédica y se evitaba el pago de impuestos.
Para el grupo, además, es un buen negocio. En medio de las dificultades que enfrenta la industria, en 2014 logró mejorar el nivel de sus utilidades, por sobre los $ 48 mil millones.
Banmédica también está manchada por el rol de Héctor Concha, quien presidía la isapre Banmédica y era director de holding de salud, y que también tendría participación y beneficio personal en operaciones de este tipo con Siglo y VSA.
La inmobiliaria, aunque también ha aparecido nombrada en la investigación del Ministerio Público, hasta ahora sigue funcionando, con algunos proyectos principalmente en la capital.
