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La dura arremetida de Juan Pablo Hermosilla y el Ministerio Público contra juezas que absolvieron a Daniel Yarur Acusó al tribunal de avalar los delitos que -a su juicio- cometió el ex SVS

La dura arremetida de Juan Pablo Hermosilla y el Ministerio Público contra juezas que absolvieron a Daniel Yarur

Héctor Cárcamo
Por : Héctor Cárcamo Periodista El Mostrador Mercados
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Criticaron que se acreditaran los hechos pero no se sancionara. Hermosilla dijo que con esto se avalan los delitos denunciados.


“Es una cuestión que esta parte avizoró”, fue la segunda frase del abogado Juan Pablo Hermosilla al salir ayer de la Tercera Sala del Tribunal Oral en lo Penal en el Centro de Justicia.

Los dichos del conocido penalista eran su primera reacción al fallo del Tercer Tribunal Oral en lo Penal que ayer absolvió a Daniel Yarur Elsaca, el ex superintendente de Valores y Seguros (SVS), del delito de apropiación indebida de US$ 60 millones que le había imputado su primo Jorge Yarur Bascuñán.

Hermosilla, abogado a cargo de la parte querellante, reveló al pasar la duda que mantenía al igual que el Ministerio Público frente al veredicto que ayer debía dar el tribunal tras 33 días de un arduo juicio que enfrentó al ex SVS con el dueño del Museo de la Moda y accionista minoritario del Banco BCI.

La decisión de las juezas Carolina Herrera, Pilar Cabrera y Rossana Costa era un escenario esperado por los querellantes y el Ministerio Público, pero lo que no aguardaban era la forma.

El tribunal indicó en su veredicto que las dos operaciones a través de las cuales Daniel Yarur se apropió de casi US$ 60 millones del patrimonio de su primo Jorge estaban acreditadas, pero advirtió que estas no revestían el carácter de delito, ordenando que la disputa debía resolverse inicialmente en tribunales civiles.

La reacción de Hermosilla y del fiscal José Morales evidenció una profunda sorpresa y molestia, pero al mismo tiempo se transformaron en la única luz de esperanza de cara a la siguiente fase del caso, la Corte Suprema, donde presentarán en las próximas semanas un recurso de nulidad, que permita descartar este juicio e iniciar uno nuevo.

No obstante, el escenario aparece complejo para ambos. Hugo Rivera, el abogado de Daniel Yarur y gran triunfador en la brega judicial más polémica y millonaria entre dos personas naturales en los últimos años y que trabajó en el caso con el estudio Pfeffer, tiene larga experiencia litigando en la Corte, por lo que si no fue derrotado en el tribunal es difícil que se incline la balanza en la instancia superior, dice un abogado de la plaza cercano al equipo de Yarur Elsaca.

La confianza de la defensa en que la victoria de ayer será refrendada en la Corte, fue la causa principal del estrecho abrazo que se dieron Rivera y su socio Rodrigo Ávila al concluir la lectura del veredicto, y de los ojos vidriosos del ex SVS al dejar el centro de justicia.

Porque si bien el veredicto no fue unánime –gracias al voto de minoría de Herrera, que consideraba que la operación de nominalización de acciones del BCI que realizó Yarur y que le permitió embolsarse US$ 42 millones en 2007 sí era causal de condena–, en el entorno de la defensa creen que en el fallo, a leerse el 4 de mayo próximo, podría aludirse al concepto de administración desleal, delito que –según Hugo Rivera– no es propio de la legislatura chilena.

Pese a eso, Hermosilla y Morales dejaron claramente delineado su próximo paso: acudir a la Corte de Apelaciones. Y lo hicieron dando un mensaje de molestia con la decisión de las juezas.

Morales dijo que discrepaba completamente del tribunal que determinó que el caso debe verse en sede civil pese a validar las pruebas y testimonios que demostraron los hechos de la acusación.

“Si usted compara la acusación de Ministerio Público con el veredicto, se da cuenta de que se acreditaron todos los antecedentes que fueron expuestos por el Ministerio Público. Se acreditaron los poderes, el traspaso del dinero. El tribunal tiene una interpretación del derecho que nosotros no compartimos… nos parece que los tribunales orales son llamados a resolver los asuntos penales, por lo tanto, señalar argumentos en el sentido de que esto se debe discutir en sede civil, la verdad es que nosotros discrepamos absolutamente. El mandato constitucional de todos los órganos es estar a la orden de lo que la ley indica”, explicó Morales.

Hermosilla fue más allá y acusó al tribunal de aparentemente avalar los delitos que, a su juicio, cometió Daniel Yarur. Lo hizo al analizar las operaciones que realizó el ex SVS a partir del mandato amplio que le otorgó Jorge Yarur en 1999

“La discusión es qué pasó después de ese mandato y con esos actos que son muy graves, que de alguna manera la justicia avala, porque distinto sería que esto hubiera sido en forma transparente. Cuando hace la rendición, nada dice de estos US$ 60 millones, no declaró impuestos y dice además que se le deben esos honorarios. Nos parece que estas situaciones son delitos claramente, sobre todo porque el tribunal declara que se acreditan los hechos”, sostuvo el abogado querellante.

Junto con ello, reiteró su crítica al tribunal, asegurando que este veredicto envía un mensaje a la ciudadanía en el sentido que sólo son condenables penalmente (con cárcel) los delitos que cometen personas marginadas social y económicamente, pues la elite lo puede zanjar en juicios civiles.

“La señal que se manda yo considero que es compleja. Aquí, si a una persona se le sorprende hurtando una billetera con 10 mil pesos recibe una condena severa, si a una persona se le sorprende vendiendo películas piratas en la calle se le aplican penas severísimas, pero aquí parece que si uno en realidad se apropia de una fortuna ajena, en este caso no, en realidad se ve en sede civil”, sostuvo.

Rivera, que expresó su felicidad por el “triunfo del derecho” no quedó ajeno a esta crítica, advirtiendo que todos tienen derecho a defenderse en la sede que corresponda.

“A mí me llamaron la atención ciertos argumentos que no quiero individualizar quién los dijo. El problema es más de fondo, no se trata de un problema del monto o la gallina, el problema es de encuadramiento típico, porque, a la inversa, como escuché de que es el momento de hacer justicia a la corbata de seda, esos son argumento que no pueden estar en la sede penal, todos los hombres, ricos y pobres, altos y bajos, morenos y blancos, tienen derecho a la justicia, no se puede entrar con ese prejuicio, con ese voluntarismo punitivo de sancionar porque aquí hay que sancionar para calmar ciertas fuerzas o ciertas pretensiones sociales”, recalcó Rivera.

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