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El informe de la Contraloría consignado detalla que hay 22.987 personas con antecedentes penales que mantienen armas vigentes, además de otras 1.714 que no reúnen la idoneidad requerida para tenerlas a su nombre. El organismo informó que «durante la investigación también se determinó que la DGMN autorizó a 5.976 personas a inscribir armas aun cuando tenían antecedentes penales al momento de realizar este trámite. Además detectó que hay 9.088 armas que se encuentran registradas bajo la denominación ‘Rut cero’ por lo que la DGMN desconoce el rut, identificación o domicilio de quienes las poseen».
La Contraloría General de la República realizó una auditoría a la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), en la que detectó a civiles con antecedentes penales, fallecidos y menores de edad con armas inscritas.
El informe de la Contraloría consignado por Emol detalla que hay 22.987 personas con antecedentes penales que mantienen armas vigentes, además de otras 1.714 que no reúnen la idoneidad requerida para tenerlas a su nombre.
El organismo informó que «durante la investigación también se determinó que la DGMN autorizó a 5.976 personas a inscribir armas aun cuando tenían antecedentes penales al momento de realizar este trámite. Además detectó que hay 9.088 armas que se encuentran registradas bajo la denominación ‘Rut cero’ por lo que la DGMN desconoce el rut, identificación o domicilio de quienes las poseen».
«De la totalidad de las inscripciones vigentes al 31 de diciembre de 2018, se hallaron 1.083 armas de fuego inscritas por individuos que no eran mayores de edad» a pesar de que la ley de control de armas así lo estipula.
En ese sentido, señalan que «la DGMN deberá, en el plazo de 60 días hábiles, acreditar documentalmente que los casos objetados pertenecen a la calidad de deportistas, como asimismo, Carabineros de Chile deberá, en el plazo antes citado, proporcionar la documentación que acredite tal calidad de los 34 casos autorizados desde 2008, según lo indicado en su respuesta, cuya supervigilancia y control le correspondía desde ese periodo».
La Contraloría también detectó que hay 72 civiles que con armas inscritas en una fecha anterior a su nacimiento, y que la DGMN cuenta con 132.921 personas fallecidas con 182.898 inscripciones de armas vigentes al 31 de diciembre de 2018.
También «se detectaron tres coleccionistas y 271 inscritas por deporte o caza, cuya cantidad autorizada está por sobre lo permitido, según el aludido reglamento complementario de la aludida ley Nº 17.798». En ese sentido, señalan que la DGMN y Carabineros tienen 60 días hábiles para aclarar los casos objetados e informar las acciones para regularizarlos.
La Contraloría también detectó que se emitieron 316 certificados de aptitudes físicas y psicológicas presentados por civiles para la inscripción de armas «por siete personas que no poseían el título de medicina, y 129 profesionales que otorgaron certificados que no tienen la especialidad de psiquiatría adulto», lo que se traduce en que hubiese 8.861 inscripciones de armas que no cumplen con la normativa.
«Conforme a lo anterior, la DGMN, en conjunto con la Prefectura de Control de Armas y Explosivos O.S.11 de Carabineros de Chile, deberán analizar cada una de las inscripciones que fueron autorizadas por médicos que no cuentan con el referido título universitario», dice el documento de la Contraloría.
Agrega que las dos instituciones tendrán que «ejercer las acciones pertinentes en cada una de las actuaciones, regularizando o cancelando las inscripciones, y efectuar las denuncias al Ministerio Público en caso que proceda».
«La fiscalización de la CGR tuvo por objetivo auditar a los procesos de inscripción, custodia y destrucción de armas de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018».
Finalmente, la Contraloría envió los antecedentes al Ministerio Público para iniciar un sumario en la DGMN y Carabineros e investigar las responsabilidades del caso.
