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El documento contiene propuestas en las áreas laboral, salud, educación y pensiones, y fueron elaboradas en comisiones que encabezaron Soledad Barría, Valentina Quiroga, Patricia Silva y Andras Uthoff. En la coordinación de los equipos estuvieron Hernán Frigolett, a cargo del área económica y Clarisa Hardy en protección social, presidenta del directorio del centro de pensamiento.
Redactada por el Instituto Igualdad, hoy fue presentada al Comité Central del Partido Socialista la Agenda de Justicia Social y Dignidad. El documento contiene propuestas en las áreas laboral, salud, educación y pensiones, y fueron elaboradas en comisiones que encabezaron Soledad Barría, Valentina Quiroga, Patricia Silva y Andras Uthoff. En la coordinación de los equipos estuvieron Hernán Frigolett, a cargo del área económica y Clarisa Hardy en protección social, presidenta del directorio del centro de pensamiento.
En el área laboral proponen un ingreso mínimo bruto que se incremente gradualmente hasta llegar a los $550.000. Para las microempresas y las pequeñas, cuya facturación anual no supere las UF 10.000, se aplicará un subsidio que asuma el incremental por un período de 3 años, para ir disminuyendo y desaparecer al cabo de 5 años. En el caso de empresas con facturación hasta las UF 25.000 el subsidio será del 50% del incremental, que desaparece luego de 5 años.
Respecto del seguro de cesantía, asegurar al menos por seis meses un porcentaje no inferior al 60% del ingreso imponible, con una gradualidad que mantenga en los primeros tres meses un promedio de renta del 80% del ingreso imponible del trabajador. También plantean una reducción de la jornada laboral a 40 horas.
Los profesionales socialistas postulan la regulación estatal en el pago de servicios de electricidad, agua potable, gas y autopistas concesionadas, en base a rentabilidades que debieran oscilar entre el 5% y el 7% anual antes de impuestos y un modelo de tarificación al transporte público cuyo costo no signifique más del 7% del salario mínimo.
En educación superior, proponen un crecimiento de los CFT estatales vinculados al desarrollo territorial e implementar estrategia de educación técnico-profesional.
Revisión y regulación de los créditos CAE y Corfo; condonar la deuda CAE o Corfo de los estudiantes que prosiguen sus estudios con acceso a gratuidad. Condonar la deuda CAE para estudiantes del 60% de menores ingresos y para quienes han interrumpido sus estudios y condonar los intereses a todos los deudores restantes.
Junto con seguir avanzando en cobertura de gratuidad para llegar al 80% de hogares, postulan corregir errores del diseño inicial, complementando con un sistema de financiamiento solidario, sin intereses, y cuya amortización se realice de acuerdo con el modelo del Crédito Fiscal Solidario. Esta modalidad establece un 5% máximo del ingreso promedio destinado a amortizar el crédito y con un plazo máximo de 15 años cuando la deuda supera las UTM 200, y de 12 años si es de un monto inferior.
En el área de salud, el Instituto Igualdad postula dos jornadas laborales que permitan atender en un horario más extenso ( 8 am – 8 pm). A corto plazo subir a $10.000 el per-cápita; financiar a los hospitales para mantener en funcionamiento el 100% de las camas hospitalarias y suplementar transitoriamente su capacidad de hospitalización en centros hospitalarios que cumplan estándares de certificación de calidad.
En cuanto a FONASA, recibir el 100% de las cotizaciones obligatorias de salud (7%) y el aporte estatal para financiar un Sistema Público Universal, con redes de atención primaria territoriales.
La propuesta del centro de pensamiento socialista también contempla un Pilar Universal Garantizado a un nivel igual o superior a la línea de la pobreza (universalización de la actual Pensión Básica Solidaria); un Pilar de Beneficios Garantizados para lo cual se deberá crear un Fondo de Ahorro Colectivo (FAC) financiado a través de la totalidad del 6% de la cotización adicional con cargo al empleador.
Este ente manejará un Fondo de Capitalización Colectiva, donde se mancomunan los aportes de todos los afiliados para que compartan los riesgos y donde se establece una regla de beneficios, de modo que quienes logren un determinado número de cotizaciones, vayan rápidamente financiando una pensión que, sumada a la pensión ciudadana, esté por sobre el salario mínimo; y un Fondo de Reparto Solidario, generado con la totalidad del aporte de los empleadores para financiar los aportes previsionales solidarios que permitan aumentar de manera inmediata las pensiones actuales de los hoy pensionados.
En cuanto al sistema de administración privada de cuentas individuales, los socialistas creen que debe sufrir reformas y regulaciones, incluyendo la representación de los afiliados. Al igual que en el sistema de servicios regulados, se determinará una rentabilidad máxima aceptable como cargo por administración y que se transparente el gasto de comisiones pagado a los intermediarios financieros dentro y fuera del país. Incluso se gestionará que los corredores sean seleccionados por la vía de licitaciones públicas. Finalmente, postulan avanzar en propuestas para uniformar el sistema de seguridad social en Chile, propiciando una reforma del sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas y de Orden.
El Instituto Igualdad propone un aumento de la deuda neta del Estado. En la práctica, se asume una política mixta de colocación de deuda pública en el mercado doméstico y en el internacional, elevando la deuda pública hasta un rango de 40-50% del PIB, y haciendo uso de los recursos del Fondo de Reserva de Pensiones para apuntalar el pilar solidario y las garantías del pilar contributivo con subvención estatal y, para fines generales, hacer retiros del Fondo de Estabilidad Económico y Social.
Sin embargo, la condición de los gastos permanentes requiere de un aumento de la carga tributaria en torno a 4-6% del PIB, para lo cual será necesaria una reforma tributaria que se haga cargo de la concentración del ingreso y de las ventas de las empresas en su fase inicial.
El eje de tal reforma tributaria debiera ser hacia un modelo diferenciado para empresas medianas y grandes. Para aquellas que superen las UF 75.000 de venta anual quedaría en un sistema desintegrado de pago de impuesto a la renta, y para las empresas con ventas menores a las UF 75.000 anuales se debería aplicar un sistema transparente de tributación directa de los dueños de las empresas asimilable al de trabajador dependiente.
También creen necesario incorporar tramos adicionales al impuesto a la renta personal, de 40% para ingresos mensuales que superen los $10 millones de pesos y el mismo ajuste se debiera aplicar para el Impuesto adicional que afecta a las empresas extranjeras.
La propuesta de financiamiento también contempla gravar las ganancias obtenidas en la venta de acciones con presencia bursátil y con un impuesto especial los Fondos de Inversión Privados, hoy fuente de postergación de impuestos.
Como principio más general, revisar aquellas exenciones que favorecen a los más altos ingresos como, por ejemplo, las colegiaturas de los colegios más caros que están exentos de IVA. Hoy las exenciones vigentes suman más de US$ 9 mil millones de dólares anuales.
Finalmente, Igualdad postula una nueva ley de rentas territoriales, revisión de las patentes municipales, de las contribuciones de bienes raíces, en especial lo referente a las exenciones existentes; y que los permisos de circulación se fijen por el valor comercial del vehículo que se incorpora al parque y su rendimiento sea ajustado luego por IPC.
