Comisión Chilena de Derechos Humanos exige al Gobierno de Piñera la implementación inmediata de las recomendaciones del informe ONU

A través de un comunicado la Comisión Chilena de Derechos Humanos se refirió al informe presentado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el que valoró, en primer lugar, porque afirma lo ya constatado por informes anteriores de organizaciones internacionales, como los emitidos por Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al señalar que en Chile se ha producido “un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos”.

Desde la Comisión señalan que dichas violaciones, al haberse cometido en forma sucesiva, durante un período de tiempo y habiendo afectado a un grupo numeroso de personas, tienen no sólo el carácter de graves y masivas sino además el de sistemáticas.

“Si bien el Informe no lo señala expresamente, lo sugiere al señalar que ciertas violaciones a los derechos humanos son reiteradas en el tiempo, en el espacio y con respecto a quienes son los supuestos perpetradores y sus víctimas», señalan.

En el comunicado comentan además que están de acuerdo con el informe en que vastos sectores de la sociedad han sido especialmente reprimidos por alzar su voz contra el abuso institucionalizado, la injusticia y la desigualdad, como los niños niñas y adolescentes, los estudiantes, las mujeres y la comunidad LGTBI, los migrantes, los mapuches, y los trabajadores activos y pasivos.

“Valoramos el que se señale a la desigualdad social y económica como una de las causas que dio inicio a las manifestaciones masivas, se constate la concentración de la riqueza en nuestro país, y que se recomiende abordar la situación de los derechos sociales y económicos al tenor de lo señalado por los órganos de control y supervisión de Naciones Unidas”, añadieron desde la Comisión.

Bajo esa premisa, consideran que constituye un avance además, que el principal órgano de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, se pronuncie sobre el actual proceso constituyente, al señalar en su Informe la necesidad de “asegurar que el proceso de elaboración de una Nueva Constitución sea inclusivo, participativo y transparente, incluso garantizando la paridad de género, y la participación de los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad”.

Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades a no permitir la impunidad.

“Reiteramos la necesidad de evitar se consagre la impunidad en nuestro país y para impedirlo, deben hacerse efectivas las responsabilidades penales de todos los autores, cómplices y encubridores de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas, incluyendo a las autoridades civiles y jefes militares”.

El comunicado concluye con un llamado a reafirmar que la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. “Son obligaciones normativas ineludibles para los tres Poderes del Estado cuando se han producido graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, y su exigencia, un deber ineludible del conjunto de la sociedad y sus organizaciones”.