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«Solicito al Sr. Contralor fiscalizar y pronunciarse respecto de la declaración de intereses del Presidente de la República, y si ella cumple con el estándar requerido de probidad, declarando entre ellas todas aquellas empresas a las que pertenece y de las que pudiera emanar algún conflicto de interés, como las empresas que poseen sus hijos y que son cuestionados actualmente por la referida nota de prensa”, sostuvo el jefe de la bancada DC.
Luego de la investigación periodístico que dejó en evidencia la irregular actividad financiera de la familia Piñera Morel, la que llegó a traspasar más de 500 millones de dólares a Paraísos Fiscales, el diputado de la Democracia Cristiana (DC), Gabriel Ascencio, ofició a la Contraloría General de la República para que ésta se pronuncie respecto a la declaración de intereses del mandatario.
El parlamentario planteó en el texto que “en una reciente investigación periodística de parte de El Desconcierto, se indica una serie de operaciones comerciales de empresas relacionadas entre sí. Dichas empresas serían Bancard Inversiones Limitada; y, Bancard International Investment; además de otras empresas que pertenecen al mismo grupo corporativo como Inversiones Odisea; Inversiones La Ilíada; Administradora Bancorp; Fondo de Inversiones Privado Mediterráneo; y, Eneida SPF”.
“La particularidad de estas empresas son varias, pero destacan principalmente por tratarse todas de empresas en cuyo origen y dueños actuales figuran Sebastián Piñera Echeñique, Presidente de la República, o alguno de sus familiares más cercanos como hijos o nietos», explicó.
Ascencio agregó que «dichas empresas tienen una estructura de cascada en que una empresa controla indirectamente a otra, por lo que las decisiones en la práctica están centralizadas en una misma plana directiva”.
“Aun cuando se realizó un reordenamiento, informado por el propio Presidente en su campaña y cuando asumió el mando, para evitar posibles conflictos de interés, que sean los hijos quienes controlan las empresas familiares relacionados al grupo Bancard deja en entredicho la real independencia con que estos actúen en el manejo de sus negocios”, precisó en jefe de la bancada DC.
En este sentido, sostuvo que ”genera una razonable preocupación la situación que se informa de que el Servicio de Impuestos Internos (SII) habría fiscalizado y reliquidado los impuestos debidos en una operación comercial entre Bancard Inversiones Limitada (“Bancard”) y Bancard International Investment». Esta última como se sabe es una empresa controlada indirectamente por los hijos y nietos del Presidente a través de la empresa La Ilíada, y que ubica sus operaciones en las Islas Vírgenes Británicas».
El diputado explicó que «se habría tratado de una operación de crédito comercial (cuenta corriente mercantil) en que no se habría pactado intereses, propiciando que el Bancard de operaciones nacionales traspasase fondos al Bancard de operaciones en Islas Vírgenes, las cuales por la condición de paraíso fiscal no pueden ser conocidas ni fiscalizadas por el SII».
«La operación, en dichas condiciones, no habría generado impuestos para Bancard debido a que no hubo intereses sobre el cual calcularlos, situación que habría sido advertida por el SII como irregular, procediendo a la reliquidación de impuestos”, detalló.
El legislador planteó que “la misma investigación señala que la operación fiscalizada por el SII sería de unos US$96 millones, pero que además de esta operación de crédito, habrían otras con las demás empresas relacionadas que sumarían en total alrededor de US$440 millones, que habrían tenido como destino las Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo, otro reconocido territorio paraíso fiscal en Europa”.
“Las condiciones en que se gestarían los negocios del Presidente de la República podrían generar posibles conflictos de intereses, situación que recordemos ya ha sido abordado con anterioridad como ocurrió con el conocido caso Exalmar por actividades del Presidente. En ese sentido, la Ley 20.880 obliga a la creación de una declaración de patrimonios e intereses, en la que en su artículo 7° mandata a declarar a su vez toda fuente de posible conflicto de interés”, señaló.
“En ese sentido, solicito al Sr. Contralor fiscalizar y pronunciarse respecto de la declaración de intereses del Presidente de la República, y si ella cumple con el estándar requerido de probidad, declarando entre ellas todas aquellas empresas a las que pertenece y de las que pudiera emanar algún conflicto de interés, como las empresas que poseen sus hijos y que son cuestionados actualmente por la referida nota de prensa”, concluyó el oficio.
