A un año de su decisión: Cepal llama a Chile a firmar el Acuerdo de Escazú

La secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena fue una de las que escribió una parte del documento que contiene el Pacto de Escazú. De hecho, una de las cosas que escribió dice que «este acuerdo regional es un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental, pero también es un tratado de derechos humanos».

Tras la redacción, 17 países han suscrito el acuerdo, considerado un hito para el mundo. Uno de esos países no es Chile, a pesar de que el país lideró las negociaciones. La razón para no adherirse fue esgrimida por Cancillería en su tiempo, quienes aseguraron que otorgar jurisdicción a tribunales internacionales debe ser estudiado con responsabilidad, porque significa una cesión de la soberanía nacional.

Un año ha pasado de eso y la misma Bárcena llama a que Chile reconsidere su decisión: «Desde Cepal esperamos que los 33 países de la región se adhieran al Acuerdo de Escazú y estamos trabajando junto con los países que ya lo han firmado y ratificado para ello. La invitación es a todos los países de América Latina y el Caribe a sumarse a este esfuerzo regional, colectivo y a observar las disposiciones establecidas por el Acuerdo de Escazú en sus ámbitos nacionales».

«La Cepal está muy satisfecha con que ya 17 países de la región hayan firmado y un buen grupo haya anunciado su firma durante la próxima Asamblea General el próximo septiembre en una ceremonia al efecto. Esperamos contar con Chile entre el grupo de países que están mostrando su compromiso con el desarrollo sostenible, la democracia ambiental y los derechos humanos y nos acompañe en esta oportunidad», agregó, en entrevista con el diario La Tercera.

Según Bárcena, firmar Escazú es garantizar un entorno seguro para quienes defienden el medio ambiente: “se hace cargo de una dramática situación que afecta a quienes están en la primera línea de la lucha contra el cambio climático. Recordemos las intimidaciones que ha recibido la joven Greta Thunberg”.

«Los países que acuerdan obligarse en virtud de este Acuerdo adquieren un piso común, gatillando en algunos casos un mayor desarrollo de derechos ciudadanos y en otros la implementación efectiva de los derechos garantizados en sus marcos nacionales. Al mismo tiempo, el tratado permitirá a los Estados Parte apalancar recursos para cumplir con los objetivos y compromisos asumidos e intercambiar experiencias, favoreciendo la replicabilidad de buenas prácticas», sentenció, esperando que Chile recapacite su decisión.