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De acuerdo a los antecedentes recabados por el administrador de cierre de la institución, Roberto Nahum, la universidad «funcionaba en el marco de una precaria situación económica».
Fiscalía inició una investigación contra la Universidad del Pacífico, casa de estudios que perdió su reconocimiento oficial debido a la grave crisis financiera que atraviesa, por los presuntos delitos de estafa y ocultamiento de bienes.
Según informa el diario La Tercera, el administrador de cierre de la institución, Roberto Nahum, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente tras haber recabado información sobre estos hechos.
En el documento, Nahum aseguró que «existen numerosos antecedentes previos plasmados en resoluciones de organismos públicos de que, al menos desde 2014, la universidad funcionaba en el marco de una precaria situación económica». Dentro de esos antecedentes, encuentra grave que se haya abierto un proceso de matrícula para el año académico 2018.
Nahum apuntó que «los arriendos pagados por la universidad a la fundación de la familia Ortúzar», controladora del plantel, por los inmuebles ubicados en Las Condes, «resultan ser de una cuantía notoriamente elevada en relación a los parámetros corrientes del mercado y ellos explicarían, en parte, el mal estado financiero de la institución».
Además, denunció «el pago de altísimas remuneraciones a miembros de la familia Ortúzar, las que habrían contemplado en algunos casos indemnizaciones a todo evento por años de servicio».
Un hecho que llamó la atención de Nahum fue que en 2015 la universidad comprara el edificio en el cual funcionaba la casa de estudios por 9.792 millones de pesos, doblando el precio que pagó siete años antes la Fundación Jiulio Ortúzar. Sin embargo, en el año 2017, la universidad nuevamente se desprende del edificio, vendiéndolo en 8.796 millones, mil millones menos.
De acuerdo a los cálculos de Nahum, las deudas de la U. del Pacífico ascienden a 118 millones de pesos a bancos, 1.700 millones a proveedores, 285 millones en remuneraciones a 159 funcionarios, 200 millones en deudas previsionales, 100 millones en honorarios pendientes y 38 millones a campos clínicos.
En tanto, al SII y a la Tesorería General de la República debe más de 330 millones, mientras que entre 2017 y 2018 registró 12 juicios civiles por 420 millones y 16 juicios laborales por 960 millones.
