En la misiva, hicieron un llamado a que los parlamentarios y parlamentarias “reconozcan los problemas de endeudamiento que trajo el actual CAE” y plantearon la necesidad de “avanzar hacia una condonación, al menos parcial, para los actuales deudores y no reiterar aquellos aspectos abusivos de los que estos antiguos estudiantes han sido víctimas”.
El denominado CAE 2.0 del Gobierno de Sebastián Piñera sigue en discusión pública, ya que dirigentes y ex dirigentes estudiantiles publicaron una carta donde rechazan el proyecto de ley que reemplaza al actual sistema, la cual se encuentra en proceso de tramitación en la comisión de Educación del Senado.
Se trata de una lucha que se da en medio del proceso de demanda colectiva de los deudores CAE, quienes se han organizado para enfrentar las irregularidades financieras de las que han sido víctimas a través del actual sistema.
Cabe recordar que la iniciativa del actual Gobierno, denominado Sistema de Financiamiento Solidario (SFS), considera la administración del nuevo sistema por parte de una sociedad anónima, que tendrá la facultad de retener el sueldo de los deudores e implementará un “Dicom”.
Recientemente, el Ejecutivo le retiró al proyecto de ley la categoría de suma urgencia, luego de que 24 senadores y senadoras de oposición hicieran llegar una carta a La Moneda donde se plantean los puntos negativos del proyecto y las condiciones que permitirían avanzar en el proceso de promulgación.
El grupo de dirigentes que firmaron la misiva valoró la postura de los senadores de oposición respecto al tema, pero aseguraron que aquello “no debe quedar solo en intenciones” por lo que “es fundamental que la voluntad política se materialice al momento de votar”.
A su vez, hicieron un llamado a que los parlamentarios y parlamentarias “reconozcan los problemas de endeudamiento que trajo el actual CAE” y plantearon la necesidad de “avanzar hacia una condonación, al menos parcial, para los actuales deudores y no reiterar aquellos aspectos abusivos de los que estos antiguos estudiantes han sido víctimas”.
A juicio de los dirigentes, “resulta imprescindible corregir la política de gratuidad, avanzando hacia un sistema de financiamiento basal con preponderancia en la educación pública, revirtiendo décadas de políticas neoliberales que han creado y profundizado una educación de mercado, altamente privatizada”.
Según el exsecretario general FECH, Víctor Orellana, se refirió a la publicación diciendo que “esta carta es reflejo de muchos años de lucha desde el movimiento estudiantil y de fuerza social” pero que para generar un cambio efectivo “se requiere de una mayor fuerza política” y que para ello es preciso “un acuerdo transversal”.
La diputada PC y ex presidenta de la FECH del 2011, Camila Vallejo, se adhirió a la carta asegurando que las propuestas del Ejecutivo “no avanzan hacia un sistema de financiamiento solidario, y mantienen la lógica de endeudamiento” y afirmó que el CAE, por 15 años, “fomentó el crecimiento del lucro en la educación y el aumento de estudiantes endeudados”.
La actual presidenta de la FEUC, Belén Larrondo, planteó la necesidad de tener un sistema “que sea capaz de financiar la educación entendiéndola como un derecho y no un privilegio frente a un gobierno que retrocede” y aseguró que como estudiantes “no bajaran sus brazos y que se seguirán manifestando”.
Asimismo, el diputado RD, Giorgio Jackson, señaló que el tema se viene arrastrando hace años “sin soluciones reales” y que solo ha contribuido la «mercantilización del sistema educativo» y al «endeudamiento estudiantil».
A su vez, el actual presidente de la comisión de Educación de la Cámara Alta, Juan Ignacio Latorre, valoró la misiva entregada por los dirigentes y criticó al nuevo proyecto propuesto por el Gobierno. “Es un proyecto regresivo, que retrocede respecto de lo legislado en gratuidad, que amenaza la gratuidad, fomenta el endeudamiento a los estudiantes sin generar cambios favorables para ellos significativos”, afirmó.
“Es fundamental que el Gobierno se abra a cambiar aspectos estructurales del proyecto para poder tramitar, es decir si el Gobierno no acoge nuestra propuesta, pondría en riesgo la idea de legislar del proyecto que reemplaza al CAE”, sostuvo Latorre.
