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Crédito: EFE
Se trata de una aspiración sostenida por casi 60 años por muchos emigrados cubanos y que tomó forma de ley en 1996 cuando, bajo la presidencia de Bill Clinton, se aprobó la llamada Ley Helms-Burton la cual, en su título III, permite llevar ante las cortes de EE. UU. a ciudadanos o entidades foráneas o nacionales que ocupen las propiedades que incautó el Gobierno castrista.
Un viejo sueño del exilio cubano se cumple… al menos simbólicamente y por tiempo limitado.
El Gobierno de Donald Trump anunció este lunes que permitirá que sus ciudadanos de origen cubano puedan demandar a partir del 19 de marzo –y por un mes– a empresas que ahora funcionan bajo la tutela de los militares de la isla y que fueron confiscadas tras el inicio de la Revolución de Fidel Castro.
Se trata de una aspiración sostenida por casi 60 años por muchos emigrados cubanos y que tomó forma de ley en 1996 cuando, bajo la presidencia de Bill Clinton, se aprobó la llamada Ley Helms-Burton la cual, en su título III, permite llevar ante las cortes de EE. UU. a ciudadanos o entidades foráneas o nacionales que ocupen las propiedades que incautó el Gobierno castrista.
Sin embargo, hasta este lunes, todos los Gobiernos de Estados Unidos habían firmado cada seis meses una moratoria de la aplicabilidad del artículo, dada la polémica que conllevó su aprobación con la Unión Europa, uno de los principales inversores extranjeros de la isla.
Ahora, aunque en un inicio se temió que también incluyera a las empresas extranjeras, el Departamento de Estado lo limitó únicamente a empresas pertenecientes a una “lista negra” de la Casa Blanca.
Se trata de la llamada “lista de restricciones a Cuba” que incluye más de 200 entidades que, en criterio de las autoridades de EE. UU., están “bajo el control o actúan en nombre” de la inteligencia cubana, de las Fuerzas Armadas o efectivos de seguridad.
En la práctica, aunque las demandas progresen y lleguen a un veredicto, la sentencia no sería vinculante y EE. UU. no tiene mecanismos para obligar el Gobierno cubano a cumplirla.
Cuba condenó la medida y envió un mensaje de seguridad a inversionistas extranjeros que estén o deseen hacer negocios en la isla.
¿A qué se debe la medida?
Desde su llegada a la presidencia, Trump ha hecho votos por endurecer la política de Estados Unidos hacia la isla, aunque, como ahora, la mayoría de las medidas que ha tomado han sido de carácter simbólico o muy limitado.
En las últimas semanas, su Gobierno ha recrudecido su mensaje hacia el Gobierno de La Habana, al que acusa de ser en parte responsable de la crisis que vive Venezuela.
El mandatario estadounidense y otras figuras del Partido Republicano, como el senador Marco Rubio, han prometido que una “transición” en Venezuela será un primer paso para la liberación posterior de otras “tiranías” de la región, como Nicaragua y Cuba.
Este martes, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, consideró que las medidas en contra del Gobierno de La Habana responden a su apoyo a Maduro.
“El papel de Cuba en la usurpación de la democracia y el fomento de la represión en Venezuela es claro. Es por eso que Estados Unidos continuará ajustando las restricciones financieras a los servicios militares e intelectuales de Cuba. Las democracias de la región deberían condenar al régimen de Cuba”, escribió en Twitter.
¿Cuáles son las empresas afectadas?
En el listado del Departamento de Estado, actualizado por última vez en noviembre del 2018, aparecen 205 entidades que van desde instituciones como el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias hasta la cadena cubana de establecimientos turísticos de Gaviota.
Una de las principales señaladas es Gaesa, el grupo empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias con ramificaciones que van desde el sector hotelero hasta las tiendas minoristas de ventas de productos en divisas.
Con anterioridad, el Gobierno de Estados Unidos había anunciado medidas contra estas agrupaciones dirigidas por militares.
En Cuba, la mayoría de los hoteles son propiedad de empresas controladas por las Fuerzas Armadas y gestionados en régimen de empresa mixta por corporaciones extranjeras.
No obstante, EE. UU. determinó este lunes que solo podrán interponerse denuncias contra la parte cubana que es propietaria de la entidad y que está incluida en esa “lista negra”; pero no contra las compañías extranjeras que participan en esa sociedad.
¿Por qué no se incluye a las empresas extranjeras?
Cuando la norma se aprobó hace 22 años, la Unión Europea, Canadá y otros países con intereses empresariales en la isla se opusieron ferozmente al título III porque temían que sus compañías fueran demandadas en EE. UU.
Como consecuencia, la UE denunció a Washington ante la Organización Mundial del Comercio y, finalmente, la Casa Blanca prometió mantener el título III suspendido a cambio de la retirada de la querella.
Según explicó este martes una funcionaria del Departamento de Estado, EE. UU. ha tenido en cuenta “las preocupaciones” de sus “aliados” de la Unión Europea y continuará dialogando con ellos sobre la relación con Cuba.
¿Qué otros motivos ha tenido EE. UU. para mantener la moratoria?
En un estudio publicado en 1996, el Departamento de Estado reconoció que la activación del título III conllevaría a que se interpusieran entre 75 mil y 200 mil demandas ante cortes de EE. UU.; lo que podría llevar a un “colapso” del sistema judicial.
También podría afectar a algunas compañías estadounidenses que han comenzado a invertir en la isla desde la apertura del expresidente Barack Obama hacia el viejo enemigo de la Guerra Fría.
