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El mandatario tomó juramento ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas, acompañado por otros seis jefes de Estado, que fueron los únicos en asistir a este acto, señalado por opositores y buena parte de la comunidad internacional como el inicio de la “usurpación” de la Presidencia de Venezuela.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, juró este jueves para un segundo período de Gobierno que lo mantendrá en el poder hasta el año 2025 en medio de acusaciones de ilegitimidad por la forma en que el líder chavista consiguió la reelección.
El mandatario tomó juramento ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas, acompañado por otros seis jefes de Estado, quienes fueron los únicos en asistir a este acto, señalado por opositores y buena parte de la comunidad internacional como el inicio de la “usurpación” de la Presidencia de Venezuela.
“Juro a nombre del pueblo de Venezuela (…) que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma y que cumpliré y haré cumplir todos los postulados y mandatos de la Constitución”, declaró Maduro ante el presidente del TSJ, Maikel Moreno, y en medio de los aplausos de simpatizantes.
El juramento, indicó el mandatario, es un compromiso con el que procura “defender la independencia e integridad absoluta de la patria, procurar llevar a la prosperidad social y económica a nuestro pueblo y construir el socialismo del siglo veintiuno”.
La toma de posesión se lleva a cabo en el TSJ y no en el Parlamento, como indica la Constitución, porque el Supremo declaró a la Cámara en “desacato” en el 2016, pocas semanas después de que la oposición se hiciera con la mayoría de los escaños.
La legitimidad del segundo mandato de Maduro ha sido cuestionada por la oposición venezolana y numerosos gobiernos extranjeros, que no reconocen los resultados de las elecciones de mayo pasado en las que el jefe de Estado fue reelegido con cerca del 70% de los votos.
En esta contienda no pudieron participar los principales dirigentes del antichavismo, pues habían sido inhabilitados políticamente.
Por estas razones, la mayoría de los países de Latinoamérica no envió ningún representante a la toma de posesión, igual que lo hicieron Estados Unidos y la Unión Europea.
Los mandatarios de Bolivia, Evo Morales; Nicaragua, Daniel Ortega; Cuba, Miguel Díaz-Canel; El Salvador, Salvador Sánchez Cerén; Osetia del Sur, Anatoli Bibílov; y Abjasia, Raul Jadyimba; (estos dos últimos, países no reconocidos por Naciones Unidas) encabezan la lista de dignatarios que sí acudieron al acto.
La Organización de Estados Americanos (OEA) acordó “no reconocer la legitimidad del período del régimen de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero de 2019” y llamó a que se celebren nuevos comicios “en una fecha cercana” con observación internacional.
En una reunión extraordinaria de su Consejo Permanente, una resolución en ese sentido presentada por Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, EE. UU., Perú y Paraguay logró 19 votos a favor, 6 en contra, 8 abstenciones y una ausencia, y será transmitida “inmediatamente” al secretario general de las Naciones Unidas.
La delegación venezolana, liderada por el embajador Samuel Moncada, rechazó la realización de la reunión del Consejo Permanente de la OEA como un “acto hostil e inamistoso” y anticipó que no reconocerá “ninguna decisión que pudiera adoptarse”. La votación tuvo lugar en Washington.
En la resolución, los países integrantes de la OEA llamaron “a la realización de nuevas elecciones presidenciales con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y legítimo”.
Dicho proceso, de acuerdo con el documento, debe celebrarse “en una fecha cercana con presencia de observadores internacionales”.
En ese sentido, reafirmaron que “solo a través de un diálogo nacional con la participación de todos los actores políticos y otros actores interesados venezolanos, se podrá alcanzar la reconciliación nacional y acordar las condiciones indispensables para celebrar un nuevo proceso electoral que refleje realmente la voluntad de los ciudadanos venezolanos y resuelva de manera pacífica” la crisis.
La resolución demanda, además, “la inmediata e incondicional liberación de todos los presos políticos”.
También insta al “régimen venezolano” a que permita el “inmediato ingreso de ayuda humanitaria” para su pueblo, a fin de “prevenir el agravamiento de la crisis humanitaria y de salud pública”.
Asimismo, urge a los Estados miembros y Observadores Permanentes de la OEA a que adopten, “de conformidad con el derecho internacional y su legislación nacional”, las “medidas diplomáticas, políticas, económicas y financieras” que consideren para “contribuir a la restauración del orden democrático” en ese país.
En el documento acordaron, además, “expresar la activa solidaridad con el pueblo venezolano y su compromiso de mantener bajo seguimiento la situación en Venezuela y apoyar medidas diplomáticas que faciliten la restauración de las instituciones democráticas y el pleno respeto a los derechos humanos”.
En junio del año pasado, pocos días después de las elecciones en Venezuela, la OEA aprobó en su Asamblea General una resolución que abrió la puerta a la suspensión del país caribeño del organismo y declaró ilegítima la reelección de Maduro como presidente.
El Gobierno de Maduro pidió dejar la OEA el 28 de abril de 2017, una salida que debe hacerse efectiva durante este 2019.
