PAÍS
Crédito: Agencia UNO
Durante la audiencia de este miércoles, la Fiscalía se pronunció en contra de la entrega del ex frentista a Chile, bajo el argumento de que la Organización Francesa para los Refugiados y los Apátridas (OFPRA) le concedió el estatuto de refugiado el pasado 29 de octubre [ACTUALIZADA]
El próximo 23 de enero, el Tribunal de Apelación de París decidirá sobre si acepta la extradición a Chile del ex frentista Ricardo Alfonso Palma Salamanca.
El nuevo plazo fue comunicado esta jornada durante la audiencia a la que asistió el ex frentista acompañado de familiares y amigos. La resolución era esperada en octubre, pero fue aplazada por la solicitud de asilo interpuesta por el frentista y que luego fue acogida por la Organización Francesa para los Refugiados y los Apátridas (OFPRA). En ese momento, la audiencia fue aplazada para este 12 de diciembre y ahora hay un nuevo plazo. Cuando se conozca la resolución, se podría plantear un recurso ante el Tribunal Supremo, lo que prolongaría el procedimiento por varios meses.
El asilo político galo a Palma Salamanca fue duramente criticado por la administración de Sebastián Piñera que ha hecho una serie de gestiones y llamados ante el Gobierno de Francia para que “funcione el tratado de extradición que tenemos los dos países para que él (Palma Salamanca) pueda cumplir su pena en Chile”, como lo ha expresado el Presidente.
Pero a favor de Palma Salamanca juega la determinación de la Fiscalía, que se pronunció durante la audiencia de hoy en contra de su entrega a Chile, bajo el argumento de que la OFPRA le concedió el estatuto de refugiado el pasado 29 de octubre.
De acuerdo con su interpretación, no se puede extraditar a un refugiado al país por el que se ha atribuido ese estatuto.
La representante del Ministerio Público subrayó que la motivación de la OFPRA para la concesión del estatuto de refugiado se basa en «alegaciones de tortura» que habría sufrido Palma Salamanca cuando fue detenido y que le parecen creíbles.
En definitiva, las condiciones de las confesiones que hizo Palma Salamanca y que fueron utilizadas para las dos condenas a cadena perpetua «no garantizan» que tuviera un juicio justo.
Asimismo, el fiscal de la sala de instrucción consideró que el hecho de que la justicia chilena haya dicho que no es posible revisar el proceso de Palma Salamanca, que se encuentra bajo control judicial en Francia, es «la razón más sólida para oponerse a la demanda».
Sin embargo, en representación del Estado chileno, el abogado Vincent Courcelles-Labrousse subrayó que «es el Poder Judicial chileno de 2018 el que pide la extradición» a Francia, porque estima que las dos condenas se dictaron como resultado de «un proceso regular».
Courcelles-Labrousse insistió en «el carácter extremadamente grave» de las infracciones por las que fue declarado culpable, así como en que «reconoció haber participado» en ambas con detalles que sólo habría podido dar alguien directamente implicado.
Recordó que la Justicia no está obligada a seguir la dirección abierta por la OFPRA frente a quienes pretenden presentarlo como un luchador por la libertad y dijo que «Palma Salamanca es simplemente el miembro de un grupo ultraviolento (…) que intentó hacer vacilar la democracia que se instalaba» en Chile.
Palma Salamanca fue sentenciado por el asesinato en abril de 1991 del senador UDI Jaime Guzmán y por el secuestro desde septiembre de ese mismo año y durante cinco meses de Christian Edwards, hijo del propietario del diario El Mercurio. Se encuentra prófugo desde que escapó de la cárcel en 1996.
El abogado del ex frentista, Jean-Pierre Mignard, afirmó a su vez que si la OFPRA le ha concedido el estatus de refugiado es porque si fuera entregado a Chile «no está garantizada su seguridad física, teniendo en cuenta el ensañamiento con el que se le reclama»
