Opinión
Crédito: Mediabanco
La acumulación de poder de la derecha en el Congreso no le sirvió en el 2020, pero sí el 2022. ¿Cómo explicamos esta aparente paradoja? La respuesta, a la luz de lo que hemos venido observando desde el estallido social, parece evidente: lo que logra inclinar la balanza en un determinado acuerdo es la capacidad de los actores sociales de movilizarse y presionar al sistema político en pos de determinados objetivos (…). Lo que hoy observamos es inacción social. El resultado electoral del 4S parece que fue tan abrumador que condenó a las organizaciones sociales a un estado de inercia, de inmovilismo, de inacción.
Se ha criticado que el acuerdo reciente para establecer una nueva Constitución es elitista, reflejo de la incidencia exclusiva de los partidos tradicionales. Se permitió sentar a la mesa a Amarillos pero no a Fabiola Campillai, se dice. Sin embargo, ¿resulta correcto culpar a las élites de la exclusión de otros sectores?
En efecto, solemos pensar que los resultados políticos son el reflejo casi automático de las correlaciones de poder en un determinado espacio de decisión. Por lo mismo, se podría anticipar que, si la derecha pro-acuerdo (RN, UDI, PRI, Evópoli) hoy cuenta con el 48% de asientos en el Senado y 34,2% de asientos en la Cámara Baja, el resultado del acuerdo constitucional resultaría bastante favorable a sus intereses.
Pero lo anterior no sucedió en el año 2020 respecto de la definición de los contornos de la Convención Constitucional. En esa oportunidad la derecha concentraba el 46,5% de asientos en el Senado y un 46,4% en la Cámara Baja, lo que también la convertía en una fuerza política capaz de imponer ciertos requisitos para el proceso. Sin embargo, el resultado de la negociación del acuerdo constitucional fue bastante diferente a la correlación de poder indicada. En aquella ocasión se aceptó una serie de medidas que, evidentemente, afectarían los intereses de dicho sector, como fueron los escaños reservados dentro de los 155 cupos de la Convención y las listas de independientes, por citar dos.
Así, la cantidad de votos o el poder de veto de un sector político parece ser condición necesaria, aunque no suficiente, para observar un determinado resultado político.
La acumulación de poder de la derecha en el Congreso no le sirvió en el 2020, pero sí el 2022. ¿Cómo explicamos esta aparente paradoja? La respuesta, a la luz de lo que hemos venido observando desde el estallido social, parece evidente: lo que logra inclinar la balanza en un determinado acuerdo es la capacidad de los actores sociales de movilizarse y presionar al sistema político en pos de determinados objetivos.
En el año 2020, una serie de actores sociales se movilizaron y presionaron a los partidos políticos con representación parlamentaria para modificar el acuerdo original de noviembre de 2019. El movimiento feminista demandó paridad de candidaturas y resultados, los grupos independientes presionarían por la inclusión de listas de independientes, las personas con discapacidad se movilizarían respecto a cuotas, y movimientos indígenas lo harían en torno a los escaños reservados.
El momento político y el contexto social fueron centrales en explicar el modo en que terminaría de conformarse la Convención. La derecha –que en ese momento tenía capacidad de vetar cualquier acuerdo– terminó cediendo y sumándose a las voces que reclamaban una Convención que tuviera una conformación muy distinta a lo que era el Congreso Nacional. Recordemos que, luego de firmarse el acuerdo (noviembre de 2019), se verificó un extenso ciclo de negociación durante prácticamente todo el 2020 para incluir primero paridad y listas de independientes (marzo), y escaños reservados y cuotas para personas con discapacidad (diciembre). Pasaron prácticamente 365 días de negociaciones, dimes y diretes entre el acuerdo original y las modificaciones que le dieron forma a una Convención única en la historia republicana: paritaria, con escaños reservados, con listas de independientes y cuotas para personas con discapacidad.
La negociación del 2022 fue diferente, pues el contexto había cambiado radicalmente. La derecha contaba con la misma capacidad de vetar cualquier acuerdo. Sin embargo, el estado de ánimo para encarar la negociación era completamente diferente, dado el triunfo abrumador del Rechazo en el plebiscito de septiembre. En los 90 días de negociación no se observó ni activismo social ni político tratando de incidir de algún modo en estas deliberaciones. Ningún grupo relevante de la sociedad se organizó para presionar por una Convención enteramente electa; ningún grupo de la sociedad se movilizó en torno a permitir listas de independientes o solicitar una mayor presencia de escaños reservados en el nuevo órgano que se estaba diseñando. Tampoco se observó gente en las calles pidiendo una cláusula más progresista respecto de los derechos de la naturaleza o derechos sexuales y reproductivos, o educación. De hecho, los principales agentes movilizados fueron los “amarillos”, que solicitaron un nuevo órgano definido enteramente por el Congreso.
Entonces, si en los espacios de toma de decisión tradicionales las fuerzas pro statu quo han mantenido su capacidad de veto sobre asuntos tan trascendentes como el cambio constitucional, lo que resulta fundamental es responder por qué en determinados momentos esos sectores aceptaron reformas que habilitaron el proceso constituyente. La respuesta se encuentra no el sistema político sino más bien en las condiciones sociales que permiten que dichas decisiones se materialicen. En 2020, la presión social fue extremadamente efectiva para establecer e imponer un determinado tipo de agenda.
Así, lo que hoy observamos es inacción social. El resultado electoral del 4S parece que fue tan abrumador que condenó a las organizaciones sociales a un estado de inercia, de inmovilismo, de inacción. Pasaron 90 días de intensas negociaciones y ningún actor –salvo Pancho Malo, para oponerse– salió a la calle a presionar por más democracia, mayores espacios para los movimientos sociales e independientes, o mayores cupos para pueblos indígenas. Salvo algunas campañas y opiniones a través de redes sociales, primó el inmovilismo. ¿Qué explica esta inacción? ¿Cómo podemos entender que, de un ciclo tan intenso de conciencia social y movilizaciones hace dos años, se pase a un momento de completa apatía?
Que las élites tradicionales negocien cuestiones favorables a sus intereses no es una novedad. La historia muestra que aquello es una constante. Nada de eso debiera sorprendernos. Por lo mismo, no debiese sorprendernos entonces que se invite a la mesa a grupos representativos de las élites (Amarillos) y no de otros sectores sociales (Campillai). Lo que debiese llamar la atención es la ausencia de una acción colectiva organizada a nivel social para demandar un resultado favorable a sus intereses.
Si hay alguien a quien responsabilizar de un acuerdo elitista no es a las élites políticas tradicionales, sino a los actores sociales que, sabiendo de este actuar casi constante en la vida republicana, no se activaron para obtener un resultado distinto al que hoy se tiene. Así como el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución fue fruto de un contexto social de hipermovilización, el Acuerdo por Chile de hoy es fruto de un contexto de hiperinmovilismo. Ambos son simples acuerdos hijos de su respectivo tiempo.
