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Inmigración y delincuencia: trata de blancas y otras yerbas Opinión

Inmigración y delincuencia: trata de blancas y otras yerbas

Andrés Sanfuentes Vergara
Por : Andrés Sanfuentes Vergara Economista, académico. Presidente de BancoEstado entre el año 1990 y el año 2000.
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La masividad de los nuevos llegados ha encontrado un país que no estaba preparado para recibirlos adecuadamente en varios ámbitos: cuidado ineficiente de las fronteras; sistema penal que impide una política migratoria coherente; la diversidad entre los jueces y Cortes de Apelaciones facilita el discurso de los partidarios de los derechos humanos de los imputados; ausencia de mecanismos selectivos claros para permitir la entrada de extranjeros. De manera que ha ocurrido lo bien sabido: mientras más restricciones, más delitos. En definitiva, existe un sistema policial sin el necesario poder.


En muchos sectores sociales los inmigrantes son asociados a los delitos. Esa percepción ha ido aumentando en los últimos años, especialmente cuando la prensa conoce alguna falta cometida por un extranjero. A pesar de que la información cuantitativa es escasa y algo contradictoria, los datos existentes reflejan que los inmigrantes cometen menos delitos que los nacionales.

Las Naciones Unidas tiene normas que se sintetizan en el llamado Protocolo de Palermo y la Ley 20.507 de abril de 2011, que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, así como normas para la prevención y persecución criminal de los causantes. Entre ellos, se incluyen el contrabando, el tráfico de armas y de drogas. Según el Servicio Jesuita de Migraciones (septiembre 2019), “innumerables estudios y estadísticas señalan que la población migrante que comete delitos es ínfima y está por debajo, porcentualmente, de la población total”. Sin embargo, existe una brecha entre la realidad y la percepción; este “populismo punitivo” se agudiza con los inmigrantes afrodescendientes.

En el sistema penitenciario la presencia de extranjeros no es significativa y lo propio ocurre con los imputados por alguna falta. Según I. Aninat y R. Vergara: “Los resultados indican que en comunas donde la presencia de inmigrantes es mayor; y cuando las visiones acerca de la economía nacional son pesimistas, las actitudes hacia este grupo tienden a ser más negativas”, lo cual indicaría que el deterioro de la situación económica del país podría estar agudizando los sentimientos contrarios a la inmigración.

La encuesta Bicentenario 2018 mostró que el 87% de la población expresó que nunca o casi nunca había tenido malas experiencias con personas migrantes, pero que sus temores se concentraban en el aumento de la inseguridad, el tráfico de drogas, la delincuencia y las enfermedades nuevas, superiores a la tan socorrida afirmación respecto a que afectaban el trabajo para los chilenos.

Una dificultad que existe para evaluar la discriminación que sufren los inmigrantes, especialmente los indocumentados, es la existencia de personas que están conformes con su situación. Casos ilustrativos se dan con muchos abusos, como la trata de blancas, distintas formas de trabajo forzoso, deudas y la conocida situación de los inmigrantes ilegales que van obteniendo sus beneficios por etapas. La situación es más compleja y permanente en los casos de drogas y contrabando de armas.

Los problemas de información dificultan el análisis, que se suma a la diversidad de los inmigrantes (comparabilidad de los sujetos, fechas y discontinuidad). La existencia de legales e ilegales es otro inconveniente.

Como es obvio, aquellos imputados por la justicia se concentran en los lugares con mayores inmigrantes en relación con la población total, como son Santiago, con 6,8%, y las regiones del norte: Tarapacá, 13,2%; Antofagasta, 11,5%; y Arica y Parinacota, 8,0%. Un estudio realizado por P. Arias, A. Villanueva y otras, estableció que según la información de Carabineros y de la PDI, en 2014 la principal causa de detención de extranjeros era por la Ley de Drogas, con un 20,8%. En ese trabajo se estima que el 70% eran hombres y se concentraban en las tres regiones del norte, mientras en la Metropolitana el número llegaba al 14%. Las nacionalidades de los detenidos estaban encabezadas por bolivianos, en un 32%; peruanos, con 29%; y colombianos, 22%. Es decir, sudamericanos.

También se observa en los últimos años una feminización de los inmigrantes, en el sentido de que las mujeres superan a los hombres. Muchas de ellas se han incorporado a los servicios domésticos y a la prostitución.

La masividad de los nuevos llegados ha encontrado un país que no estaba preparado para recibirlos adecuadamente en varios ámbitos: cuidado ineficiente de las fronteras; sistema penal que impide una política migratoria coherente; la diversidad entre los jueces y Cortes de Apelaciones facilita el discurso de los partidarios de los derechos humanos de los imputados; ausencia de mecanismos selectivos claros para permitir la entrada de extranjeros. De manera que ha ocurrido lo bien sabido: mientras más restricciones, más delitos. En definitiva, existe un sistema policial sin el necesario poder.

El caso de las expulsiones de personas no deseadas es un ejemplo claro al respecto.

Cada vez se hace más evidente que se requiere una política clara en materia de selectividad de quienes deseen ingresar a Chile. Esto debe iniciarse con la regularización de los indocumentados y la existencia de un sistema de visas que regule la entrada de los extranjeros que vienen a contribuir al progreso del país y facilite su inserción social. Además, se requiere de una coordinación estrecha y cooperación con los países latinoamericanos, especialmente limítrofes.

Por lo tanto, el temor a los inmigrantes ha subido, pero es injustificado.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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