Opinión
Desde el punto de vista sustantivo, se critica que el acuerdo “deja sin voz a las regiones”. Ello presupone que el Senado era la “voz de las regiones”, opinión que debería ser al menos fundamentada. De partida, porque los críticos no explican por qué, si el Senado era la voz de las regiones, no lo es la actual Cámara de Diputados y no lo será la futura Cámara de Diputadas y Diputados. Claramente la Cámara de las Regiones sí constituirá una voz potente a nivel regional; en principio, porque Santiago tendrá el mismo número de representantes que, por ejemplo, Punta Arenas y porque a sus representantes, al tener que cumplir el requisito de vivir en la región al menos dos años, los transformará en reales representantes de las regiones. Pero más importante que eso es que, al deber participar en las Asambleas Regionales, esto los vinculará mucho más al sentir regional y, en tal sentido, serán reales “políticos regionales” en la política nacional.
Hay buenas noticias desde la Convención Constitucional (CC). En efecto, una mayoría de 68% de los miembros de la Comisión de Sistema Político aprobó una propuesta de nuevo Poder Legislativo, un presidencialismo atenuado y un sistema de controles y contrapesos que protege a la democracia de ataques desde la democracia. Contrario a los esperado por los pesimistas, se ha logrado constituir la mayoría necesaria para alcanzar un acuerdo, que responde a los diagnósticos sobre los problemas del sistema político vigente, innovador, pero no fundacional y que fortalece la democracia representativa al establecer dos mecanismos complementarios de representación.
Buena parte de la crítica inicial al proceso constituyente se concentró en pretender demostrar que la CC se preocupaba de cuestiones que tenían poco que ver con la tarea encargada por la ciudadanía. En ese contexto, se sostenía que el sistema de elección de los constituyentes había sido tan permisivo para el mundo independiente que, si bien había logrado incorporar la gran diversidad de los pueblos de Chile, tenía como contrapartida que predominarían las corrientes “identitarias” y particularistas y que, en consecuencia, no se podría armar un sistema constitucional coherente.
Haciendo caso omiso de las dificultades de operar un órgano inédito y de tan compleja composición, se sostenía que se había dedicado mucho tiempo a la construcción del Reglamento, en perjuicio del debate sustantivo. Con el correr del tiempo ha ido quedando en evidencia la importancia del Reglamento para compatibilizar la posibilidad de que se expresaran las más diversas posiciones sobre los distintos temas constitucionales, con la existencia de filtros y mecanismos para concordar visiones que fueran capaces de concitar la exigente mayoría de los 2/3. De esta forma, la “hoja en blanco” está dando paso a la propuesta de Nueva Constitución, sobre la cual la ciudadanía se pronunciará en el plebiscito de salida, en el que deberán participar obligatoriamente todas las ciudadanas y ciudadanos.
¿Cuáles eran los principales problemas que afectaban al sistema político? Naturalmente que una respuesta exhaustiva a esta pregunta daría para muchos artículos y libros. En términos sintéticos, el sistema político se caracterizaba por el blindaje que la Constitución del 80 estableció frente a la demanda ciudadana. Buena parte de las grandes reformas que la ciudadanía venía demandando desde hacía más de 15 años encontraban un obstáculo insalvable en la iniciativa presidencial exclusiva, por una parte, y en la capacidad del Congreso de obstaculizar cualquier reforma sustantiva del sistema económico-social.
En efecto, el hiperpresidencialismo tenía como consecuencia que las mayorías parlamentarias no podían siquiera presentar iniciativas legales para modificar el sistema de pensiones, por ejemplo (que se venía demandando desde la misma aprobación de la reforma del 2008), y carecían de los poderes necesarios para incidir en el Presupuesto y responder a las demandas de privilegiar el bienestar de la ciudadanía. Como contrapartida, el peso del Poder Ejecutivo y, dentro de este, del Ministerio de Hacienda, orientado siempre por la idea del pensamiento económico único, conducía a una política que, más allá de los cambios de Presidente, traducía una mirada tecnocrática y economicista que pretendía saber mejor que la propia ciudadanía qué era lo que más le convenía y cuáles eran los mejores caminos para lograrlo. A contrario sensu, cuando existían al interior del Gobierno fuerzas progresistas que tomaban iniciativas, los altos quórums exigidos en el Congreso hacían imposible aprobar las reformas.
Del mismo modo, pese al discurso descentralizador, lo cierto era que las regiones eran tratadas como menores de edad y se regateaban las mínimas concesiones en materia de desconcentración de la toma de decisiones. Recién en el 2021, esto es, 31 años después de recuperada la democracia, se hizo posible elegir al gobernador regional, al cual, sin embargo, se le impuso el “delegado presidencial”. En materia de políticas públicas, las decisiones eran tomadas por los ministerios, lo que hacía que, con frecuencia, no encajaran con las particularidades regionales. En materia medioambiental se multiplicaban las “zonas de sacrificio” y el deterioro medioambiental avanzaba sin que el sistema político pudiera siquiera reaccionar. Algo similar se observaba en las relaciones entre mujeres y hombres: persistía el patriarcado, las mujeres tenían que rendir el doble para alcanzar las posiciones dirigenciales, la violencia reinaba en perjuicio de ellas y el sistema político miraba con desdén sus demandas. La insistencia en ignorar a los pueblos originarios tenía como consecuencia una agudización creciente del conflicto en La Araucanía, frente a lo cual parecía que no había nada que hacer.
En este contexto, al impedirse la generación de efectivas comunidades políticas en las regiones, se impedía su transformación en polos de desarrollo; al excluirse de los procesos de decisión a las mujeres, el patriarcado impedía al país aprovechar las capacidades del 50% de la población; y la indiferencia frente al deterioro del medio ambiente, impedía desarrollar las capacidades innovadoras de la economía sostenible. El ordenamiento constitucional y legal que hacía posible esta situación contribuía a una pérdida de dinamismo del sistema económico, al estancamiento de la productividad y al deterioro de la competitividad a nivel internacional.
La nueva Constitución no va a resolver todos estos problemas, pero sí puede abrir, con un nuevo ordenamiento jurídico, caminos de solución. Y el texto está avanzando decididamente en esa dirección. Se han consagrado los derechos de la naturaleza como línea matriz para que la sociedad y el Estado pongan en el centro de sus preocupaciones el impulso de un nuevo modelo de desarrollo que asegure la sostenibilidad y la regeneración de nuestro entorno; se ha consagrado la noción de paridad en todas las instancias de representación, dando un paso gigantesco hacia la plena incorporación de la mujer, también en la esfera dirigente; se opta por un Estado Regional que pone en el centro la constitución de comunidades políticas regionales como eje de las iniciativas para el desarrollo regional, y con ello el fortalecimiento de las capacidades productivas y de innovación del país; se establece el Estado Plurinacional y se reconoce una serie de derechos a los pueblos originarios, con lo que después de décadas de esfuerzo infructuosos se abre una posibilidad real de paz en La Araucanía. Aunque faltaron dos votos para aprobar la noción de “Estado social y democrático de derecho”, es claro que ello se va a aprobar y con eso daremos un paso singularmente relevante para la construcción del Estado de bienestar a la europea.
Estos avances se vieron afectados por el grave traspié que experimentó el trabajo de la Comisión de Sistema Político, al ver rechazados 93 de lo 96 artículos presentados al Pleno de la CC. No es posible escribir una Constitución sin una clara definición del sistema político. De ahí que los constituyentes se vieron enfrentados a la cruda realidad de que, si no se decidían a transigir en sus posiciones, no habría un texto constitucional que ofrecer a la decisión de la ciudadanía. El resultado es una prueba incontrarrestable de que, al contrario de lo que insisten en propagar algunos convencionales, medios de prensa y grupos que se han propuesto desbaratar el proceso constituyente, la CC se ha constituido en un espacio de diálogo.
En relación con el sistema político, los puntos de partida eran muy distantes. Mientras que desde la derecha se proponía, básicamente, mantener el actual sistema hiperpresidencialista con cambios menores (mantener en lo fundamental los quórums supramayoritarios; también la iniciativa exclusiva del Presidente en prácticamente todos los temas), desde la izquierda se abogaba por un sistema parlamentario (Frente Amplio) y un sistema presidencial pero unicameral (Partido Comunista).
A lo largo de la semana pasada, las y los integrantes de la Comisión de Sistema Político estuvieron trabajando con empeño para construir un acuerdo. En dicho trabajo participaron todos los miembros de la comisión, incluidos los representantes de la derecha que contribuyeron al debate y a la elaboración de las distintas propuestas, aun cuando no firmaron el documento de acuerdo.
La propuesta que se presentará al Pleno la próxima semana contempla un bicameralismo no simétrico, donde la Cámara de Diputadas y Diputados ejerce la potestad legislativa, es paritaria, se elige en votación directa en distritos electorales conforme al principio «una persona, un voto». Se crea una Cámara de las Regiones que sustituye al Senado, también paritaria y plurinacional. Al contrario del actual Senado, busca desarrollar un segundo principio de representación, este es el territorial, donde la más pequeña de las regiones tiene el mismo número de representantes que la Región Metropolitana, con sus 7 millones de habitantes.
Tan relevante como lo anterior es que los integrantes de la Cámara de las Regiones, junto con llevar la voz de las regiones como tales a la deliberación legislativa, forman parte, también, de la Asamblea Regional de cada región (con lo que se asegura la pertenencia efectiva de los miembros de la Cámara de las Regiones a cada una de sus regiones) y de esa forma concurren con la gobernación en la tarea de constituir la dimensión política de la comunidad regional. De pasada, se termina con el “turismo político”. Cambio fundamental del sistema es que esta Cámara no hace lo mismo que la Cámara de Diputadas y Diputados sino que se concentra en los temas relevantes para las regiones, cuestión que el Senado nunca ha hecho a cabalidad, por ser en realidad una Cámara política nacional como la Cámara de Diputados.
Corresponde a la Cámara de las Regiones un rol fundamental que no se ha tomado en cuenta suficientemente. Al incluir entre sus competencias legislativas la participación en la Ley de Presupuestos, las relativas a la regulación de las elecciones, las que alteran la división política y administrativa del país, las que reformen la Constitución en lo relativo Poder legislativo y Ejecutivo, al Servicio Electoral y votaciones populares y escrutinios, y la Contraloría General de la República, entre otras; asimismo, instala un sistema de controles y contrapesos (check and balance, mecanismo fundamental del sistema constitucional estadounidense), elemento crucial para controlar los asaltos contra la democracia desde la democracia.
En relación con el Poder Ejecutivo, la propuesta mantiene el sistema presidencial (se rechazaron las propuestas de una Vicepresidencia, la idea de un Ministro de Gobierno que, según los críticos, debilitaba la figura presidencial y por tanto la triada, que se decía, transformaba al poder presidencial en un “imbunche”). En este contexto, el Presidente de la República ejerce la jefatura de Estado y del Gobierno, es elegido directamente y le corresponde dirigir la administración del Estado, nombrar y remover a los(as) ministros(as), subsecretarios(as) y demás funcionarios de acuerdo con la Constitución y las leyes, conducir las relaciones exteriores y suscribir tratados, y concurrir a la formación de leyes. Innovación fundamental es la noción de “leyes de concurrencia presidencial”, que sustituye la iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Se trata de normas que pueden ser iniciadas por no menos de un cuarto de las diputadas y diputados, pero requieren el patrocinio del Presidente de la República durante su tramitación. Se agrega a esto la creación de una Unidad Técnica dependiente administrativamente del Congreso, la que asesorará a la tramitación legislativa, rompiendo el desequilibrio técnico que existe entre el actual Congreso y el Poder Ejecutivo.
Las críticas a las propuestas no se dejaron esperar. Destacan, entre ellas, las que ponen en cuestión que se trate de un acuerdo efectivamente transversal; lo que desconoce la participación de la derecha en los debates y en el enriquecimiento de la propuesta. Pecan de ingenuidad o mala fe quienes pretenden alcanzar un acuerdo total; por ello la reforma constitucional que abrió el proceso constituyente puso una exigencia alta: cada norma, para ser aprobada, requiere 2/3 de los convencionales, entendiendo que cifras mayores resultan imposibles de alcanzar y condenan cualquier proceso de decisiones a un callejón sin salida.
Desde el punto de vista sustantivo, se critica que el acuerdo “deja sin voz a las regiones”. Ello presupone que el Senado era la “voz de las regiones”, opinión que debería ser al menos fundamentada. De partida porque los críticos no explican por qué, si el Senado era la voz de las regiones, no lo es la actual Cámara de Diputados y no lo será la futura Cámara de Diputadas y Diputados. Claramente la Cámara de las Regiones sí constituirá una voz potente a nivel regional; en principio, porque Santiago tendrá el mismo número de representantes que, por ejemplo, Punta Arenas y porque a sus representantes, al tener que cumplir el requisito de vivir en la región al menos dos años, los transformará en reales representantes de las regiones. Pero más importante que eso es que, al deber participar en las Asambleas Regionales, esto los vinculará mucho más al sentir regional y, en tal sentido, serán reales “políticos regionales” en la política nacional.
Resulta paradójico que el experto electoral Mauricio Morales, queriendo criticar el sistema político propuesto, haya señalado que “si quieres ser humillado como político preséntate como candidato a la Cámara de Regiones”, expresando, en cierto sentido, el malestar de algunos senadores que veían en el Senado la culminación honorífica de su carrera política. Pero las regiones necesitan políticos realmente identificados con ellas. Otros críticos hablan de “unicameralismo de facto”. El concepto es de por sí confuso, pues “de facto” alude a algo que ocurre al margen del derecho y el diseño que se está proponiendo ya ha sido aprobado en la comisión y debe pasar todavía por el Pleno y luego por el plebiscito del Apruebo. Pero yendo a lo sustantivo, las atribuciones que vimos más arriba que se le asignan a la Cámara de las Regiones son fundamentales para la protección del Estado de derecho, el régimen democrático y las decisiones en materia presupuestaria. Estas atribuciones dejan en evidencia lo poco fundado de la crítica de que el diseño propuesto “concentra el poder total en un Congreso Unicameral” (Marcela Cubillos). Al concentrarse en la Cámara de Diputadas y Diputados el resto de las competencias legislativas, en conjunto con el Poder Ejecutivo, se logra acelerar la toma de decisiones en las materiales sociales y económicas relevantes, cuya demora y obstaculización en opinión de muchos contribuyó al estallido social.
Hay muchas cosas que afinar, pero se ha dado un gran paso en la elaboración de la nueva Constitución.
