Piñata en Carabineros con las platas institucionales

En Carabineros de Chile, las licitaciones siempre resultan complejas y oscuras. Desde hace dos o tres años, la situación ha empeorado. Prácticamente todas las compras presentan irregularidades por errores, omisiones o, simplemente, por discrecionalidades administrativas que las ponen en el borde de la legalidad. Las más recientes se han producido en torno a la adquisición de servicios digitales que, en estricto rigor, no debieran sostenerse ante una elemental auditoría técnica, financiera o de procedimientos.

Los principales bienes públicos afectados son la seguridad interior del país y parte importante de su sistema institucional; y la seguridad de los ciudadanos como un derecho político. La reputación del país, en cuanto a la credibilidad, confianza y prestigio de su policía uniformada, también está entre las víctimas.

En los últimos tres años, Carabineros ha tomado decisiones destinadas a renovar servicios digitales esenciales para su funcionamiento y modernización institucional. Entre ellos, la renovación del SIMCCAR, el Sistema de Información Móvil, que finalmente ha pasado a desuso por su licitación fallida, cuya adjudicación fue rechazada por la Contraloría General de la República. Por sugerencia amistosa del órgano contralor, el Gobierno se vio obligado a retirar el Decreto de Toma de Razón y la policía uniformada terminó justificando el hecho porque “se dio cuenta de que tenía un sistema propio” y ya no necesitaba un producto que estaba comprando por la friolera de 20 millones de dólares.

En fechas paralelas, la institución se ha visto envuelta en graves irregularidades en el Hospital de Carabineros, que terminaron hace pocos días en la remoción del director de la División de Sanidad, general Luis Soto. Un nuevo software de administración financiera detectó, entre otros hechos, cobros ilegales a trabajadores del hospital y malversación de fondos. La institución retuvo ilegalmente el pago al proveedor, cuyo software, ya terminado, contiene las claves de los hechos ilícitos. La empresa reclamó ante la justicia. Esta ordenó liberar el pago, cosa que la institución no hizo, poniéndose en desacato judicial. Actualmente, además de los sumarios internos, luego de la salida del jefe de la División de Sanidad, el Ministerio Público investiga los eventuales delitos cometidos.

Reincidentemente, hace pocos días, de manera imprevista, con autorización expresa de su general director, Carabineros cambió una licitación pública –que ya venía preparando hace dos años– a licitación privada, es decir, una que se hace por invitación discrecional a empresas para que presenten propuesta. Método muy poco adecuado para un proyecto cuyo valor fluctúa entre 200 millones y 500 millones de dólares para su período de vigencia, y que se trata del sistema de radiocomunicación (Sistema Trunk) del servicio, por el que entra todo llamado de emergencia.

Todos los antecedentes apuntan a que, ante la imposibilidad de manejar esa licitación en favor de un posible oferente preferido, decidió hacer el cambio argumentando motivos estratégicos y de seguridad nacional, para someter todo el procedimiento a una tramitación secreta y/o reservada.

El tema es más que extraño, pues desde hace 30 años Carabineros ha estado haciendo trato directo o licitaciones privadas sobre radiocomunicación, pero sin restricción de información pública. Recién ahora, 2021, toma conciencia de que han puesto en riesgo “la seguridad nacional” con procedimientos discrecionales, y que venían adjudicando a un oferente que esta vez no podría participar en la licitación pública abierta, pues provee tecnología cerrada, sin opciones de coordinación o complementación con otros servicios digitales. Así, bajo argumentos de “seguridad nacional”, convencieron al general director de hacer una licitación privada, declarada secreta, sobre la cual nadie sabe nada, ni siquiera de las características técnicas y marco financiero de lo que se va a comprar.

Existe la sospecha de que nuevamente se está usando el llamado “mecanismo chileno de corrupción”, frecuente en grandes compras del Estado, y que en este caso se estaría aplicando al servicio de radiocomunicaciones de Carabineros.

[cita tipo=»destaque»] Luego de varios intentos, finalmente, el día 8 de junio de 2021, Carabineros retiró la resolución de la Contraloría y el día 16 de junio de este año revocó la licitación, indicando que la institución “se percató que ya contaban con un sistema alternativo llamado SICPOL, evolucionado a un sistema SICPOL MOVIL, que podía hacer las mismas funciones que SIMCCAR”. Sorpresa causó que, luego de tener en proceso una licitación vigente y adjudicada por más de año y medio, la policía uniformada se diera cuenta de que tenía en casa lo que pretendía comprar por 30 millones de dólares. [/cita]

Como se lo ha descrito anteriormente, el “mecanismo” opera según el siguiente esquema: se llama a licitación con bases hechas a la medida de una empresa amiga. Cuando se trata de temas muy técnicos, se pone atención especial en los procedimientos administrativos de selección y de valoración de las propuestas, para manejar los criterios de adjudicación. En ellos, se atribuyen valores que distorsionan las variables técnicas. Si por alguna razón la empresa amiga no gana, pese a sus “ventajas competitivas”, operan dos submecanismos: la judicialización, para terminar declarándola desierta, o el trato directo por razones de “continuidad de servicio”. La revocación por «mérito y conveniencia» y la “continuidad de servicio” permiten, según la ley de Administración Financiera del Estado (LAFE), un trato directo y/o una licitación privada. En ella, la empresa amiga, compitiendo con dos compañías “palos blancos”, se adjudica de manera legal.

Ejemplo del “mecanismo” operando es la licitación del Número 133 de Emergencia de Carabineros, publicada el 19 de febrero de 2020, por la suma de 20 millones de dólares. En ella hubo 5 oferentes. En los primeros días de noviembre de 2020, se adjudicó a Emeres Latam SpA. De acuerdo a un reportaje de Radio Bío Bío, durante su tramitación se descubrió que un miembro de la Comisión Evaluadora, contratado por Carabineros como “experto externo”, había prestado servicios a la empresa Motorola, la que a su vez había certificado la calidad de los servicios de Emeres y su capacidad de coordinarse con aquellos que prestaba Motorola a Carabineros en otros contratos. El consultor debió ser eliminado de la Comisión, pero Carabineros lo reemplazó por otro que resultó ser socio del anterior en la empresa Wireless Services SpA, constituida en abril de 2019, y disuelta luego del bochorno. La justificación final fue, un año después, que los términos de referencia hechos para la licitación “no se ajustaban a las necesidades policiales” (sic).

Algo similar ocurrió, en las mismas fechas, con el sistema de control de identidad de Carabineros (SIMCCAR), licitación por un valor de 30 millones de dólares. Proceso licitatorio publicado el 19 de febrero de 2020 y cuya adjudicación, en diciembre de 2020, nunca recibió la Toma de Razón por parte de la Contraloría General de la República. Luego de varios intentos, finalmente, el día 8 de junio de 2021, Carabineros retiró la resolución de la Contraloría y el día 16 de junio de este año revocó la licitación, indicando que la institución “se percató que ya contaban con un sistema alternativo llamado SICPOL, evolucionado a un sistema SICPOL MOVIL, que podía hacer las mismas funciones que SIMCCAR”.

Sorpresa causó que, luego de tener en proceso una licitación vigente y adjudicada por más de año y medio, la policía uniformada se diera cuenta de que tenía en casa lo que pretendía comprar por 30 millones de dólares. Sobre un sistema implementado el 2016 y que durante años, especialmente durante la pandemia sanitaria, ha sido crucial para la operación en terreno y comunicarse desde cualquier parte del territorio nacional con el Registro Civil, el Poder Judicial sobre órdenes de detención pendientes y el Ministerio de Salud sobre el COVID-19, entre otras.

Ahora, la decisión de cambiar de pública a secreta la licitación del servicio de radiocomunicación, resulta demasiado grotesca.

La credibilidad de Carabineros, y su reputación creciente de organización corrupta, ha terminado por asentarse en la conciencia de la ciudadanía. Y hechos como lo ocurrido en la licitación de servicios digitales o de radiocomunicación, no hacen otra cosa que reafirmarlo. El Ministerio Público ya tiene varias investigaciones en curso, fuera de aquellas por violaciones de derechos humanos y uso excesivo de la fuerza, por la eventual comisión de delitos funcionarios vinculados a las licitaciones de Carabineros, y por malversación de fondos de la institución.

Lo que más preocupa es que la autoridad civil permita que ello siga ocurriendo, sin tomar la decisión de intervenir de manera severa las compras institucionales. Frente a los hechos relatados, tanto el mando, a través del general inspector Enrique Bassaletti, como el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, han validado los giros y cambios institucionales inexplicables en materia de adquisiciones, con declaraciones y posturas que harían sonrojar a cualquier déspota tercermundista.

“(…) Nos empezamos a poner nerviosos (…)”. «No sabíamos si la Contraloría tenía información que nosotros no teníamos, (…) de carácter penal y derivara los hechos al Ministerio Público”, o algo de “coimas o un antecedente mucho más potente (…)”.

Estas declaraciones del general Bassaletti, tercero del mando institucional, a Radio Bío Bío, son francamente vergonzosas. Para no correr riesgo, declara todo secreto y fuera de toda transparencia. Tal vez, el antecedente “más potente” al que le temía era una piñata igual o peor que el Pacogate.