NUEVA CONSTITUCIÓN
Luego de 48 horas de suspensión de la Convención Constitucional, existe consenso transversal en que el desinterés, los errores y la improvisación son de exclusiva responsabilidad del Presidente, Sebastián Piñera, así como del ministro de la Segpres, Juan José Ossa, y de Francisco Encina, en este mismo orden. Fuentes sostienen que si la Convención, por falta de logística, se hubiera visto forzada a funcionar en recintos externos, el Mandatario habría incurrido en el incumplimiento flagrante del Art. 133, inciso final, de la Constitución, que establece que es el Presidente el responsable de procurar el buen funcionamiento de la instancia. Ahora bien, los problemas técnicos, logísticos y sanitarios no fueron de última hora, sino que estos habían sido advertidos con anticipación por funcionarios del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, adelantando diversos escenarios de conflicto a Encina, los que no fueron atendidos, y haciéndole presente, además, que se necesitaba del apoyo de personal experto de otros organismos estatales, tal y como el decreto presidencial le faculta a pedirlos. En esa reunión, el secretario ejecutivo de la Unidad Secretaría Administrativa de la Convención aseguró, ante los trabajadores, que no existía colaboración alguna con otros organismos del Estado. En la misma sintonía se mostró la Cámara de Diputadas y Diputados, órgano que ofreció ayuda técnica al Gobierno, pero que fue rechazada por la Segpres.
“Si hoy no están las condiciones, mañana sesionamos en la Universidad de Chile (…). Hay una forma de organización, de poder popular e institucional que cuenta con la obstrucción del Poder Ejecutivo”. Así de tajante fue ayer el vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa (FA), luego del bochornoso y fallido intento de la instancia de sesionar en su primera jornada de trabajo. A esa altura, la desconfianza hacia el Gobierno era evidente, y las ofertas para implementar un lugar alternativo, varias. Las universidades estatales en general ofrecieron sus dependencias, también el GAM. El cuestionamiento al Ejecutivo fue transversal, incluso desde el mismo oficialismo, donde más de alguno habló de negligencia y torpeza por parte de los representantes de La Moneda.
Debido a que las fechas se conocían con anticipación y que hubo varios organismos que advirtieron al Ejecutivo de posibles escenarios adversos en el funcionamiento de la Convención semanas antes del inicio, sumado esto a los millonarios contratos para la puesta en marcha, es que las dudas de si esto era intencional, un intento de boicot, surgieron con fuerza este martes. “Esto no tiene explicación posible, uno no quisiera especular sobre las razones, pero es muy difícil no pensar que aquí a alguien, o el Gobierno en su conjunto, simplemente no le interesa que esto funcione bien“, dijo Patricia Politzer en CNN Chile.
En el Congreso se sumaron voces. «Para nosotros está claro, es el Presidente de la República el que tiene que garantizar el adecuado funcionamiento. Y si hoy día a quien el Presidente le ha encomendado esta tarea no está funcionando, corresponde al Presidente tomar las medidas que se estimen necesarias», enfatizó la presidenta del Senado, Yasna Provoste, que se reúne este miércoles con la directiva de la Convención.
Pero además diputados de oposición anunciaron que estudiarán una acusación constitucional en contra del Mandatario, y otros contra el ministro de la Segpres, Juan José Ossa. “Aquí el responsable del bochorno, de la vergüenza nacional que implicó que no pudiera funcionar la Convención Constitucional, la tiene el Presidente Sebastián Piñera”, dijo el socialista Marcos Ilabaca. “Esto es inaudito, vergonzoso y tiene responsabilidades políticas que recaen en el Presidente Piñera y la Segpres”, señaló, por su parte, la diputada del PC Camila Vallejo.
Este miércoles, la Convención sesionará finalmente en las dependencias de la sede del Congreso en Santiago, luego de una revisión por parte de la mesa de constituyentes de que todos los sistemas funcionaran. De haberlo hecho en la Universidad de Chile, reconocen parlamentarios e incluso constituyentes oficialistas, se habría empeorado el clima. Habría significado “enterrar de inmediato cualquier espacio de coordinación y de todas las posibilidades del Presidente de tener este proceso como uno de los logros de su administración”, reconoció un personero oficialista. Pero eso, es así visto desde la perspectiva del vaso medio lleno, porque desde el vaso medio vacío, el mero hecho de funcionar en un recinto que no fuera proporcionado por el Gobierno, haría que el propio Presidente incurriera en el incumplimiento flagrante del Art.133, inciso final, de la actual Constitución.
En efecto, porque en ese numeral se establece que la responsabilidad es explícita del Presidente, en primer término, y de la Segpres, en segundo, incluyendo al delegado que nombró como secretario ejecutivo. El decreto supremo número 4 del 11 de enero de este año, establece en su primer punto que “corresponde a S.E. el Presidente de la República, por mandato constitucional, el gobierno y la administración de este y ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no sean propias del dominio legal, sin perjuicio de la facultad de dictar los demás reglamentos, decretos e instrucciones que crea convenientes para la ejecución de las leyes”.
“Determínase que el Ministerio Secretaría General de la Presidencia será el órgano que prestará el apoyo técnico, administrativo y financiero para la instalación y funcionamiento de la Convención Constitucional”, reza el mismo decreto.
El documento incluye un punto fundamental, que refuerza la idea de que no se hicieron todos los esfuerzos para evitar cualquier escenario adverso: “(…) En el ejercicio de dicha función, esta Secretaría de Estado podrá coordinarse y requerir apoyo de los demás órganos de la Administración del Estado”. Sin embargo, tanto funcionarios de la Segpres como de la Cámara de Diputadas y Diputados dan cuenta de que no se ejerció a cabalidad esa atribución, ya sea porque no se llevó a personas capacitadas, o porque se rechazaron asesorías técnicas, o simplemente porque no se acudió a todas las instancias disponibles para conseguir un proceso impecable.
La Asociación de Funcionarios de la Segpres, junto con la ANEF, advirtieron –el 29 de junio, días antes de la instalación de la Convención– sobre algunos cuestionamientos en el funcionamiento de la secretaría ejecutiva. “Respecto a los criterios, para la conformación de las comisiones evaluadoras, se observa que en la mayoría de las licitaciones no se integra a personas expertas en los servicios o bienes a contratar”, puntualizaron en una declaración pública, donde piden revisar dichas licitaciones. Ahí también manifestaron preocupación por la falta de medidas y protocolos sanitarios, por ejemplo, la demora en la compra de insumos como alcohol gel, sistemas para medir la temperatura, entre otros.
Pero agregaron otro dato: “Nos llama enormemente la atención, lo señalado por el Sr. Encina, por cuando, los demás organismos del Estado no estaban colaborando ni apoyando el proceso de instalación y funcionamiento de la Convención Constitucional”. Eso, según los funcionarios, se los manifestó el propio secretario ejecutivo de la Unidad Secretaría Administrativa de la Convención en una reunión.
Entre los distintos sectores coinciden en que Encina no ha estado a la altura, que tiene poca habilidad política y de gestión. Su desempeño público de hecho ha sido acotado: no habla con la prensa, no lidera las reuniones, sino que lo ha hecho el subsecretario de la Segpres, Máximo Pavez. La improvisación ha sido un factor presente, evidenciado, por ejemplo, en un contrato de servicios de internet para el Palacio Pereira a Entel, apenas dos días antes de la instalación de la Convención, es decir, el 2 de julio.
Constituyentes de pueblos indígenas el lunes enfatizaban que había quedado demostrado que la petición de renuncia que habían realizado antes de la instalación, “estaba absolutamente justificada, y ahora se comprueba que estábamos en lo cierto». Ya el mismo lunes, el Colectivo Socialista y Apruebo Dignidad pedían su renuncia y la de toda la Segrpres. A ello se sumó en las últimas horas el fuego amigo. “Es evidente que el actual secretario ejecutivo de la Convención no dio el ancho. Si en seis meses no fue capaz de proporcionar la infraestructura e instalaciones necesarias para la primera sesión de la constituyente, resulta difícil imaginar que pueda velar por su correcto funcionamiento en los próximos meses”, apuntó el diputado de RN Tomás Fuentes. Su salida, reconocen algunos en Chile Vamos, podría apaciguar algo los ánimos y “evitar que el Gobierno quede como el saboteador de un proceso como este”.
Las versiones el lunes daban cuenta de que Encina había presentado su renuncia al cargo y que se estaría evaluando, pese a que en CNN dijo escuetamente que “hasta ahora sí” seguía en su puesto.
En sectores oficialistas refuerzan la idea de que hubo torpeza, tanto en la reacción como en la anticipación, pero también por “no poner toda la carne a la parrilla”. Ese –dicen– fue un error. La poca coordinación de la secretaría ejecutiva con otras reparticiones del Estado, que –como también advierten en la oposición– le habría permitido al Gobierno incluso redistribuir mejor el presupuesto, porque “se hubiesen ahorrado plata”. Algunos parlamentarios de la oposición coinciden en que les llamó la atención que el Ejecutivo no aprovechara la experiencia del Congreso para tener una primera sesión impecable, en especial, con el sistema telemático.
Y ahí se le abrió otro flanco a La Moneda, porque para justificar un millonario contrato con Street Machine Corp S.A. –de propiedad del hijo de la exdiputada María Angélica Cristi–, por $450 millones, se aludió a la incapacidad de la Cámara de Diputadas y Diputados para ejecutar la instalación de la Convención. “En reunión sostenida el 24 de mayo de 2021, entre el Ministerio y la Honorable Cámara de Diputados, esta última indicó que no estaba en condiciones de asumir la totalidad de las acciones y actividades acordadas en el convenio, por no contar con la capacidad suficiente de equipos técnicos y de proveedores disponibles para ejecutar lo convenido y, en particular, todo lo referido a la habilitación de las distintas salas de reuniones o espacios anexos al hemiciclo”, consigna la resolución.
«La imposibilidad por parte de la Honorable Cámara de Diputados de habilitar las salas de reuniones del Congreso Nacional genera un imprevisto para el ministerio, que puede impactar directamente en el efectivo cumplimiento de sus funciones de apoyo a la Convención Constitucional», añadió el Gobierno.
Sin embargo, la Corporación se apuró en desmentir esta información, asegurando que siempre se le manifestó al Ejecutivo, en esa reunión, que estaba toda la disposición para habilitar el lugar y prestar asesoría técnica para la Convención.
El primer vicepresidente de la Cámara Baja, el Evópoli Francisco Undurraga, señaló que se le ofreció asesoría técnica a la Segpres, pero que ellos decidieron manejar ese asunto, sobre la base del decreto supremo. “La voluntad nuestra siempre ha sido colaborativa. La responsabilidad no es nuestra, nosotros hemos colaborado hasta donde se nos ha solicitado que colaboremos”. A eso se sumó el segundo vicepresidente, diputado Rodrigo González, del PPD. “Se ofrecieron todas las ayudas de personal especializado, desde el punto de vista técnico y tecnológico para que funcionara en las mejores condiciones. Esa ayuda no fue aceptada, no fue acogida y lamentamos lo que ocurrió, porque hay una clara negligencia del Gobierno en esta materia”, sostuvo.
Hay molestia entre los parlamentarios, y por eso es que piden que el Ejecutivo aclare esta situación. Por otra parte, el mismo presidente de la Cámara, Diego Paulsen, habría ofrecido tal ayuda. Convencionales aseguraron que ven con buenos ojos esa asesoría. Hoy, además, la directiva constituyente se reunirá con la mesa del Senado.
