El Presidente Sebastián Piñera presentó un veto al proyecto que permite la tutela laboral para funcionarios públicos, iniciativa que ya había sido despachada por el Congreso Nacional hace casi un mes para su promulgación a Ley de la República.

Al respecto, la senadora Demócrata Cristiana, Yasna Provoste, condenó la acción presidencial, manifestando que el actual mandatario “insiste en no reconocer las mayorías democráticas del país”.

“Nuevamente el Presidente Piñera ha resuelto vetar una ley aprobada de manera democrática por el Congreso Nacional. Por tercera vez en 2 meses”, argumentó la legisladora de la DC.

Primero, señaló, “lo hizo para vetar la ley de servicios básicos, eliminando el beneficio de gratuidad de internet para el 60% de nuestros estudiantes que no tienen acceso a conectividad. Después, lo hizo con la ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, eliminando -entre otros aspectos- la norma transitoria, que condiciona el inicio del funcionamiento del nuevo Servicio a la entrada en vigencia de ley que crea el Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez”.

“Y lo hace ahora, anunciando un veto a la ley que reconoce el derecho a las y los funcionarios públicos a la tutela laboral, vulnerando derechos fundamentales”, expresó Provoste.

De esta manera, la senadora DC hizo ver que “el veto se transforma así, no en una excepción presidencial para situaciones límites, sino en un patrón de conducta de este presidente que insiste en fórmulas para no reconocer las mayorías democráticas del país, y mantener situaciones de discriminación.

Finalmente, la congresista manifestó que “como oposición a este gobierno, vamos a realizar todos los esfuerzos por mantener el derecho de las y los funcionarios públicos, y vamos a cambiar esta Constitución votando apruebo y Convención Constitucional el próximo 25 de octubre”.

Fenats acusa chantaje

“El presidente Sebastián Piñera le pone trabas a la democracia y chantajea al Congreso Nacional, cuando veta proyectos que cuentan con el respaldo de las mayorías y somete a sus designios el destino de una Ley”, sostuvo la presidenta de la Confederación Fenats Nacional, Patricia Valderas, en representación de los gremios de la Salud Pública, a raíz del veto y sumandose a la crítica.

La Fenats Nacional llamó al Gobierno a «respetar y validar las decisiones adoptadas por el Congreso, base fundamental de un sistema democrático», señalaron en un comunicado.

Desde la organización de trabajadores de la salud destacaron que, anteriormente, el presidente se opuso al proyecto para prohibir el corte de servicios básicos y negó la posibilidad de dejar de pagar los permisos de circulación debido a la pandemia, además, recalcaron que se opuso a la creación de un nuevo sistema de protección de menores y ahora, dicen, «desprotege a los trabajadores contra la voluntad de ambas cámaras del Congreso».

“Los trabajadores del Sector Público exigimos nuestra incorporación al proceso de Tutela Laboral consagrado en el artículo 485 del Código del Trabajo. No podemos seguir en absoluta indefensión judicial ante los abusos y sometidos al criterio de las autoridades de turno”, señaló la dirigente.

Cabe mencionar que se trata del cuarto veto ingresado por el Gobierno desde marzo a un proyecto despachado por el Congreso y esta vez apunta al corazón de una legislación que busca garantizar la defensa de los derechos de los trabajadores del sector público y municipal, en especial cuando se producen cambios de gobiernos nacionales o locales, lo que va en directo beneficio de más de 350 mil funcionarios.

La noticia cayó como balde de agua fría sobre el Sector Público, que esperaba que la Ley de Tutela Laboral asegurara sus derechos laborales y simplificara sus procesos judiciales, que muchas veces desgastan a las partes, porque se dilatan o complican, llegando incluso a instancia de la Corte Suprema o al Tribunal Constitucional. Sin embargo, el Ejecutivo insiste en pasar a llevar al Congreso y niega la posibilidad de avanzar realmente en estas materias.

“Esperamos que el presidente defienda los intereses de los ciudadanos y no siga defendiendo, únicamente, los intereses de los empresarios y las Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública”, indicó Valderas, puesto que las indicaciones al proyecto que propone el Ejecutivo apuntan a que la Dirección del Trabajo no aplique la norma a estos últimos.