MERCADOS|OPINIÓN
Crédito: Aton
El Presidente Sebastián Piñera señaló que los principios rectores para el otorgamiento de la concesión son calidad, cobertura, neutralidad digital y seguridad, y enfatizó la necesidad de masificar la banda 5G, con el fin de asegurar el acceso a la mayor cantidad de población posible. De ser estos sus genuinos intereses, entonces, ¿por qué el Gobierno no incorporó, como contraprestación en las bases de licitación, la obligación de las empresas de extender su servicio a los sectores rurales y aislados, a fin de dar conectividad a quienes difícilmente tengan la posibilidad de acceder a dicha red, si no es por medio de una política pública?
El Ejecutivo ha anunciado el proceso de licitación del espectro radioeléctrico para la denominada tecnología 5G, que es promovida a partir de grandes ventajas, como el aumento de la velocidad de conexión, permitiendo que objetos cotidianos –desde el refrigerador hasta los automóviles– puedan conectarse en tiempo real o se puedan realizar intervenciones quirúrgicas teleasistidas, entre otras muchas bondades.
Sin perjuicio del importante avance que esto significa para el desarrollo digital del país, es urgente revisar las bases de licitación y las condiciones bajo las cuales se entregarán las concesiones del espectro que, dicho sea de paso, es un bien nacional de uso público, sobre todo, esperando que ellas aporten a un tipo de desarrollo inclusivo.
[cita tipo=»destaque»]Efectivamente, las capitales regionales y provinciales y los 200 hospitales incluidos en el proyecto contarán con tecnología de punta, pero esta realidad se verá contrastada, pues vastos sectores rurales o ciudades más pequeñas quedarán sin acceso al 5G. El modelo de licitación que nos propone el Gobierno, solo otorga conexión extra a ciertos “polígonos industriales mínimos” (cinco pequeños sectores en el caso de la Región de Los Ríos), obligando a que la cobertura extra que se quiera tener en el futuro deba ser pagada.[/cita]
Es innegable la necesidad actual de contar, no solo con una mejor conexión a internet, sino tener también una cada vez mayor cobertura, que permita el desarrollo territorial equitativo o que, al menos, tienda a reducir la brecha digital, que de manera tan evidente ha quedado expuesta durante la pandemia del COVID-19.
El Presidente Sebastián Piñera señaló que los principios rectores para el otorgamiento de la concesión son calidad, cobertura, neutralidad digital y seguridad, y enfatizó la necesidad de masificar la banda 5G, con el fin de asegurar el acceso a la mayor cantidad de población posible. De ser estos sus genuinos intereses, entonces, ¿por qué el Gobierno no incorporó, como contraprestación en las bases de licitación, la obligación de las empresas de extender su servicio a los sectores rurales y aislados, a fin de dar conectividad a quienes difícilmente tengan la posibilidad de acceder a dicha red, si no es por medio de una política pública?
¿Por qué no se incorporó la obligación de mejorar la calidad del servicio en aquellos sectores aislados que fueron “iluminados” gracias a contraprestaciones exigidas en licitaciones anteriores? Solo un ejemplo: en la licitación de la banda 700 MHz y 2,6 GHz realizadas el año 2014, gracias a las contraprestaciones exigidas a las empresas, en la Región de Los Ríos fue posible otorgar conectividad digital a 150 localidades aisladas o rurales y 74 establecimientos educacionales.
Efectivamente, las capitales regionales y provinciales y los 200 hospitales incluidos en el proyecto contarán con tecnología de punta, pero esta realidad se verá contrastada, pues vastos sectores rurales o ciudades más pequeñas quedarán sin acceso al 5G. El modelo de licitación que nos propone el Gobierno, solo otorga conexión extra a ciertos “polígonos industriales mínimos” (cinco pequeños sectores en el caso de la Región de Los Ríos), obligando a que la cobertura extra que se quiera tener en el futuro deba ser pagada.
En la Región de Los Ríos estos polígonos industriales, definidos sin participación alguna ni del Gobierno Regional ni de los municipios, son los siguientes: zona urbana de Valdivia (en Niebla, por ejemplo, ya no habrá 5G), aeródromo Pichoy, ruta T-202 entre Valdivia y San José de Mariquina, el Puerto de Corral y el Instituto Forestal (INFOR). Se genera así un escenario completamente insuficiente, si lo que se busca es utilizar esta tecnología para un desarrollo integral.
El mínimo que esperamos en la Región de Los Ríos es que, si el Estado va a entregar ventajas competitivas y de mercado tan relevantes para los proveedores de 5G de forma gratuita, se establezcan, como siempre se había hecho, las contraprestaciones correspondientes, que pudieran entregar conectividad, por ejemplo, a escuelas y postas rurales, APRs, organizaciones vecinales, bomberos y servicios públicos.
