EDITORIAL
El Ministerio de Defensa debiera explicar a la ciudadanía por qué se envían fuerzas militares chilenas a países con una trágica historia de golpes de Estado, violaciones de los Derechos Humanos y maltrato a sus poblaciones. Más allá de la legalidad formal que puedan tener estas actividades, surge la duda acerca de la conveniencia de enviar y mantener personal de la Fuerzas Armadas chilenas en países con tanta corrupción, la que incluye –también– a sus militares y policías, sabiéndose que se trata de un flagelo expansivo y corrosivo. ¿Vale la pena exponer a contingente militar chileno al contacto con esa corrupción?
La doctrina militar de las Fuerzas Armadas de cualquier país no es propiedad de tal o cual arma, sino del Estado al que ellas pertenecen.
Y la formulación de la doctrina militar es un acto político de Estado, que corresponde al poder civil, que debe ser coherente con los principios fundamentales contenidos en su Constitución y coordinado, en su expresión práctica, con su Política Exterior. Chile no puede ser una excepción.
Recientes noticias sobre personal de las Fuerzas Armadas chilenas en países de Centroamérica atrajeron la atención de los especialistas. Un grupo de doce miembros del Ejército –seis oficiales y seis suboficiales– realiza una visita de asistencia técnica a los países del llamado “Triángulo Norte de Centroamérica”: Guatemala, Honduras y El Salvador, que dura 27 días. Su objetivo, se dice, es apoyarlos en la creación de escuelas de especialidad y cursos de formación de suboficiales.
También se supo que militares chilenos acaban de impartir un curso intensivo de montaña a la Brigada de Operaciones de Montaña del Ejército de Guatemala. Los especialistas chilenos pertenecen al Destacamento de Montaña 17 de Los Ángeles, el mismo que el año 2005 perdió 44 conscriptos y un suboficial en Antuco, debido a deficiencias de mando y malas previsiones de equipamiento para condiciones climáticas extremas.
Ambas actividades se enmarcan en el Programa de Cooperación en Defensa para Centroamérica y el Caribe (PCDCAC), que dirige la Subsecretaría de Defensa, bajo coordinación militar del Departamento de Asuntos Internacionales del Estado Mayor Conjunto (EMCO), organismo directamente dependiente del Ministerio de Defensa, y que desde 2013, primer Gobierno de Sebastián Piñera, se desarrolla en Centroamérica.
Más allá de la legalidad formal que puedan tener estas actividades, surge la duda acerca de la conveniencia de enviar y mantener personal de la Fuerzas Armadas chilenas en países con tanta corrupción, la que incluye –también– a sus militares y policías, sabiéndose que la corrupción es un flagelo expansivo y corrosivo.
¿Vale la pena exponer a contingente militar chileno al contacto con esa corrupción?
Otras preguntas que surgen son: cuánto de ese Programa de Cooperación es conocido y controlado por las autoridades civiles, incluido el Congreso Nacional; cuánto le cuesta al erario nacional; cuál es su volumen o vastedad y cuáles las lecciones aprendidas para las fuerzas nacionales que participan; si tiene coherencia con los otros compromisos sobre operaciones de paz que se han tomado por el país en el marco de las Naciones Unidas; si tiene propósitos coherentes con los intereses estratégicos nacionales, y, lo más importante, si es efectivamente coherente con la doctrina democrática de nuestro país y si los medios profesionales empleados son idóneos y finalmente prestigian a Chile.
Tómese notas, además, de las evidentes diferencias geográficas y ambientales entre las montañas centroamericanas y las chilenas, y el aún mermado prestigio del Destacamento de Montaña 17 de Los Ángeles.
A lo anterior, súmese la preocupación que genera el contenido de la nota emitida por el Ejército, que explica su presencia en Centroamérica, que señala: “Los países del Triángulo Norte de Centroamérica actualmente se ven afectados por una alta inseguridad causada por las ‘maras’, asociaciones criminales violentas, y el narcotráfico, que generan índices de muertes superiores a las zonas de guerra. Por esta razón, la cooperación en materias de seguridad y defensa es primordial para apoyar los esfuerzos de pacificación. De este modo, el Ejército de Chile emplea su larga experiencia en formación y educación militar para potenciar su área de misión de Cooperación Internacional y apoyar decididamente a la política exterior de nuestro país”.
El Ministerio de Defensa, del cual depende el Estado Mayor Conjunto (EMCO), debiera explicar a la ciudadanía qué significa emplear fuerzas militares chilenas en países con una trágica historia de golpes de Estado, violaciones de los Derechos Humanos, corrupción y maltrato a sus poblaciones, en temas de seguridad interna de esas naciones, como “las maras, el narcotráfico, con índices de muerte superiores a las zonas de guerra”; y/o cómo encajan medios nacionales, como el Destacamento de Montaña, para que “el Ejército de Chile emplee su larga experiencia en formación y educación militar para potenciar su área de misión” y “con fines de pacificación”.
