Opinión
Mientras más gente se exprese, mayor fuerza tendrán las propuestas de cambio. La participación social/ciudadana es clave en una democracia para canalizar demandas y malestares ciudadanos y, de alguna forma, aminorar posibilidades de estallidos sociales violentos. Pero se debe abordar y canalizar en forma seria, responsable, transparente, con métodos y compromisos mensurables. De lo contrario, deviene en decepción y frustración.
El 7 de noviembre recién pasado, la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) adoptó una decisión política que, de implementarse adecuadamente, puede contribuir a canalizar –o forzar– una salida democrática e institucional a la crisis social que vive Chile.
La decisión de hacer una consulta ciudadana es sensata, viable y una forma de hacer participar a una gran cantidad de chilenos que desean ser escuchados, sobre los temas que hoy se han tomado la opinión pública.
Es cierto que no es vinculante con lo que debe hacer el Gobierno o el Congreso, especialmente en lo referido al cambio de la Constitución, ni amparada en la Ley 20.500, pero sí dará una señal política que, de hacerse bien, puede ser una notable contribución al debate y a una posible “salida política”.
Pero ¿que implica “hacer bien” una consulta ciudadana en un contexto de crisis social y sin el Servel conduciendo el proceso?
Ya se ha dicho que lo que se pregunta y cómo hacerlo es importante, es decir, lo que incluirá la o las papeletas es de suma relevancia. Adicional a esta idea general, son relevantes a lo menos cuatro aspectos que puedan garantizar que los resultados reflejen sustantivamente las preferencias de la comunidad.
Vamos por parte. ¿Qué propuso consultar la ACHM?
El Directorio de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) fue mandatado por los alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas del país para realizar una Consulta Nacional el día 7 de diciembre. Los temas que se consultarán serán los siguientes: Necesidad o no de una nueva Constitución para Chile; priorizar las demandas sociales más sentidas por la ciudadanía (pensiones, salud, equidad, sueldos, servicios básicos, transporte, seguridad, medioambiente, pueblos originarios, agua, corrupción y abusos, entre otros). Cada región podrá incorporar temas de interés propio. Así al menos lo planteó la ACHM.
Primer aspecto a considerar. Modalidad de consulta. ¿Todos los municipios ocuparán la misma modalidad de consulta ciudadana?
Por ejemplo, es necesario dejar claro si será por medio de voto en papeleta o electrónico, si se usarán ambos, si será universal, o si como consulta ciudadana también entenderán lo que están haciendo algunos municipios hasta ahora.
Esto resulta relevante porque algunos municipios, hasta ahora, han señalado que están haciendo “consultas”, a través de reuniones en algunos sectores de su comuna y sOlo con algunos dirigentes “afines”, donde se invita a la comunidad a priorizar algunos temas de interés.
Claramente, esto último no es consulta ciudadana tal como se está planteando en la opinión pública. Por ello, es necesario dejar claro que el 7 de diciembre se realizará consulta con papeleta y no se contabilizarán resultados de reuniones previas.
Segundo aspecto. Tipo de pregunta. La forma de la pregunta que se hará en la consulta es de vital relevancia. ¿Será la misma en todas las comunas que realicen la consulta? ¿O en algunos municipios se dejará la libertad para que la redacción de la pregunta sea localmente?
Por ejemplo, ¿qué pasaría si en algunos municipios la pregunta es: «¿Quiere cambios a la Constitución?», y en otros municipios la pregunta es «¿Quiere cambiar la Constitución?». Ambas preguntas son diferentes y reflejan preferencias distintas, resultados y conclusiones distintas, y por supuesto sus defensores requieren usar información distinta para una u otra pregunta previa a la consulta.
Tercero. Difusión de alternativas. El tiempo que se dedicará a difundir la consulta y sus contenidos es de vital relevancia. Tiempo, modalidad de difusión, espacios de difusión de la información previa para que la ciudadanía vote lo más informada posible.
En este sentido cabe preguntarse quién promoverá ese proceso. Se debe definir si será solamente el municipio, o el municipio y universidades locales, o un comité comunal integrado por actores locales diversos que ofrezcan garantía de que el proceso tenga espacios transparentes, iguales y permanentes de difusión.
Por ejemplo, ¿las radios locales cobrarán avisos para promocionar las alternativas en disputa? De llegar a cobrar, ¿quién asumirá ese costo?
Supongamos que un municipio X apoya no cambiar la Constitución y compra un espacio de difusión radial para que hablen solo dirigentes sociales que apoyan cambios en la Constitución y no aquellos que apoyan cambiar la Constitución, o viceversa. ¿Cómo o quién garantizará igualdad de difusión en este contexto?
Cuarto. Neutralidad del proceso. ¿Cómo se garantizará la neutralidad del proceso previo a la consulta y en el conteo de los votos? ¿Dónde se votará y contarán los votos? ¿En recintos puramente municipales o también en recintos públicos? ¿Se aceptarán veedores o apoderados que defiendan alternativas?
Estas y otras preguntas es necesario realizarlas y resolverlas previamente para dar garantía de la transparencia del proceso. Para ello es necesario que alcaldes y organizadores de la consulta se apoyen lo más que puedan en instituciones o en universidades públicas, privadas, estatales y regionales, para que puedan sumar actores que se vinculen en el proceso y que a través de la pluralidad de estos se pueda dar garantía a las alternativas en disputa que participarán bajo condiciones similares en la consulta.
La iniciativa de los alcaldes tiene un inmenso valor, es valiente, sensata y solidaria en momentos donde prima la parálisis política y la reacción violenta a las demandas sociales. Aparece una propuesta democrática que es necesario hacerla bien. Por esta razón hay que apoyarla y ponernos a disposición de esta iniciativa, pero para hacerla bien.
Si bien la consulta no es vinculante, no dudo que una masiva participación de los chilenos la encaminará a ser escuchada.
Mientras más gente se exprese, mayor fuerza tendrán las propuestas de cambio. La participación social/ciudadana es clave en una democracia para canalizar demandas y malestares ciudadanos, y de alguna forma, aminorar posibilidades de estallidos sociales violentos. Pero se debe abordar y canalizar en forma seria, responsable, transparente, con métodos y compromisos mensurables. De lo contrario deviene en decepción y frustración.
