Opinión
Sería una innovación en nuestra historia constitucional, porque las tres últimas constituciones –las de 1833, 1925 y 1980– no fueron hechas por el Congreso. Es hora de que se rompa esa tradición y el Parlamento haga su tarea en un momento de crisis del sistema político. El proceso constituyente contribuirá a que la ciudadanía recupere la confianza en los parlamentarios y los partidos.
En las últimas semanas, las masivas y pacíficas manifestaciones ciudadanas, con las excepciones de violencia y vandalismo que los chilenos conocen y condenan, han planteado, nuevamente, la necesidad de contar con una nueva Constitución (NC). Es una demanda legítima y urgente porque la actual, de 1980, tiene el pecado original de haber sido impuesta por la fuerza, usando las palabras de Arturo Fontaine T. (1992), para referirse al sistema económico, también impuesto por la dictadura.
La actual Constitución expresa el modelo de la “democracia protegida” que guió a sus “constituyentes”, ajeno a la democracia liberal. Ha sido reformada en más de 40 oportunidades, sin eliminar importantes recursos institucionales establecidos en 1980. La minoría ejerció abusivamente su poder de veto, que hizo posible su continuidad.
La actual Carta Fundamental es el principal pilar de la democracia semisoberana (Huneeus, 2014). Los chilenos piden, desde la dictadura, que Chile tenga una democracia soberana y ese cambio exige una NC y no otra reforma de la actual.
Las manifestaciones ciudadanas se caracterizaron, además, por la ausencia de banderas de partidos, de dirigentes y parlamentarios. Ello confirma la enorme distancia que separa a la ciudadanía de sus representantes y élite política, con opiniones muy críticas de la política y los políticos, que daban cuenta de un amplio cinismo político. Lo habíamos mostrado desde hace tiempo con las encuestas del CERC y en numerosas columnas de opinión en este diario. Ello influía en las actitudes de los chilenos que no concurrieron a votar, más del 50% en las elecciones de 2017, acentuado por el voto voluntario. Los chilenos fueron impactados el 2015 al informarse que numerosos parlamentarios y dirigentes recurrieron a financiamiento ilegal de grandes empresas. La mayoría de la ciudadanía optó por apartarse del sistema político (Hirschman), el equivalente funcional de la emigración que debieron tomar millones de venezolanos con el régimen de Maduro.
Por otro lado, los empresarios, además, incurrieron en abusos, prácticas monopólicas y de colusión que dañaron más la confianza ciudadana en ellos. Hay una concentración de la riqueza intolerable. El 1% más rico capta el doble del ingreso nacional que en Francia, como recordó, en una entrevista a un periódico chileno, Esther Duflo, la Premio Nobel de Economía 2019.
En este contexto histórico, ¿es posible que la ciudadanía acepte que la NC sea redactada por estos congresistas? Me temo que no.
Ahora bien, ¿qué es una Constitución? En las últimas semanas se han escrito numerosas columnas de opinión de juristas e intelectuales, con una mirada limitada de sus alcances. ¿Cómo se llega a ella? Una alternativa que ha estado presente en el debate público es el de la Asamblea Constituyente (AC).
Las constituciones son compromisos en las disputas entre partidos y grupos, con valores e instituciones acordadas entre sus representantes a través de complicadas negociaciones (Von Beyme).
No se reducen a un conjunto de artículos que conocen los expertos y aplican los jueces, como advirtió Dolf Sternberger al cumplirse los 30 años de la Ley Fundamental de Alemania. Son mucho más que ello. Es un documento que se expresa en las decisiones de las autoridades del Estado, de las organizaciones (sindicatos, partidos, asociaciones voluntarias) y en la vida de las personas. Es una Constitución viva y vivida, que constituye un orgullo nacional, agrega Sternberger, que conduce al patriotismo constitucional, es decir, a un respaldo racional a su letra y a su espíritu.
La Constitución de 1980 no produjo patriotismo constitucional. Es una Carta Magna que divide a los chilenos en vez de unirlos. Sus disposiciones son motivo de conflicto entre altas autoridades del Estado, con el reciente conflicto entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional (TC), con acusaciones recíprocas de no respetar la Constitución. Habrá otro conflicto el 2020, con la elección de gobernadores regionales, sin haberles entregado previamente atribuciones, que actuarán ante delegados del Presidente que poseerán poder delegado por este, con recursos económicos para cumplir sus decisiones.
Creo que no se alcanza la NC a través de una Asamblea Constituyente. No se sabe qué se entiende por ella, cómo se elegiría a sus integrantes, habrá un largo debate sobre ello, etc. Este camino implica la abdicación por el Congreso de sus facultades constitucionales.
La nueva Carta Fundamental no podrá ignorar las carencias y debilidades del sistema económico. Ellas también forman parte de esta crisis. Los chilenos se han movilizado contra los bajos sueldos, las bajísimas pensiones, los abusos empresariales (La Polar, farmacias, Confortgate, prácticas monopólicas, etc.).
No es viable una salida a esta crisis sin hacer cambios estructurales en el sistema económico. En la columna anterior, dijimos que las desigualdades tienen una raíz estructural, porque los superricos tienen poder económico y político, porque ellas están acumuladas y no dispersas, como en las democracias.
Para disminuir las desigualdades no basta impulsar un agenda social, con aumento de las remuneraciones y las pensiones de los más pobres y que los empresarios mejoren el trato que tienen con sus trabajadores o sean activos en la filantropía, con iniciativas individuales que pueden ser positivas. Se trata de cambios que produzcan una dispersión de las desigualdades, que impidan que el poder económico tenga recursos de poder para influir en las decisiones de los representantes elegidos por los ciudadanos.
No se trata de cambiar “el modelo”, como argumentan los partidarios del sistema económico existente; corresponde cambiar el paradigma que lo orienta, por otro.
El paradigma es un marco de ideas y estándares que requieren los gobernantes y que especifica los fines de la política, indica la naturaleza de los problemas a los que apuntan y señala el tipo de instrumentos que debieran ser usados para alcanzar esos objetivos (Hall, 1993).
Sin contar con un paradigma, la acción de gobierno pierde su capacidad para darle un perfil propio a su gestión, coherencia a su labor y la posibilidad de transmitir a la población la originalidad y bondades de sus resultados.
En general, los países siguen un paradigma en sus políticas económicas, lo cual le da coherencia a los programas y en la ejecución de ellas, y flexibilidad para enfrentar nuevos desafíos (el keynesianismo en Gran Bretaña después de la II Guerra Mundial y el monetarismo, después).
La dictadura impulsó una transformación económica siguiendo un paradigma de neoliberalismo radical, de los Chicago Boys, que desmanteló el Estado empresario y el Estado de bienestar a través de las privatizaciones.
Este paradigma no fue reemplazado por otro cuando se restableció la democracia, aunque fue reformado (“corregido”, Garretón, 2012). Los gobiernos de la Concertación optaron más por su continuidad que por su reforma, extendiendo las privatizaciones a algunas empresas estatales (Lan Chile), a las empresas sanitarias (EMOS) y se impulsó un ambicioso programa de infraestructura con concesiones a empresas privadas.
En síntesis, la transformación económica de la dictadura se profundizó y perfeccionó en democracia, proporcionándole una cierta legitimación de la que carecía.
El nuevo paradigma que reemplazaría al actual puede ser de economía mixta, que es el que tienen las democracias avanzadas. Un segundo paradigma puede ser de una economía social y ecológica de mercado, que, iniciado en Alemania después de la II Guerra mundial, se ha extendido a otros países de Europa.
En cuanto al proceso constituyente, sugiero mirar el de países con historias aún más traumáticas que la nuestra, como Alemania y España, con constituciones de consenso y no impuestas por una mayoría. Ambas son fuente de patriotismo constitucional, que llevó a los españoles a salir a las calles “en defensa de la Constitución” por el intento de golpe militar del 23-F, en 1981.
En consecuencia, la NC debe ser redactada por un nuevo Congreso, elegido el 2020 con voto obligatorio. Para ello, propongo una reforma constitucional con la autodisolución del Parlamento y convocatoria a elecciones anticipadas de ambas cámaras, con mandato constituyente. Estas elecciones serían simultáneas con las municipales y de gobernadores. A través del voto, los chilenos evaluarán el desempeño de sus representantes y apoyarán a quienes consideran poseen mejores credenciales para apoyar los cambios institucionales y políticos que se requieren en esta nueva etapa de la historia de Chile. El Congreso actual continuaría trabajando en los proyectos de leyes prioritarios para enfrentar la crisis.
Sería una innovación en nuestra historia constitucional, porque las tres últimas constituciones –las de 1833, 1925 y 1980– no fueron hechas por el Congreso. Es hora que se rompa esa tradición y el Congreso haga su tarea en un momento de crisis del sistema político. El proceso constituyente contribuirá a que la ciudadanía recupere la confianza en los parlamentarios y los partidos.
Una nueva Constitución no resolverá los factores estructurales que han llevado a esta crisis. No hará milagros, pero es una institución indispensable para salir de ella y alcanzar una democracia estable y un sistema económico distinto al actual, que beneficiará más a los ciudadanos que el actual. Corresponderá a los representantes que elegirán los ciudadanos en 2020 hacerla realidad.
Por este camino, podremos llegar en un plazo razonable a una Constitución de todos los chilenos, que provocará el patriotismo constitucional que la hará viva y vivida y se inaugurará una democracia soberana.
