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La corrupción en Chile y su mecanismo criollo

La corrupción en Chile y su mecanismo criollo

por Santiago Escobar

9 de octubre de 2019

La corrupción en Chile y su mecanismo criollo

La manera en que se planifica y ejecuta el proyecto genera la oportunidad o trampa corruptiva: desde crear una atmósfera predispuesta a ciertas decisiones de las autoridades o dejar plasmadas en las bases técnicas exigencias que tienen nombres y apellidos.

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Chile vuelve a conmoverse con las trampas administrativas que capturan los dineros del ejercicio fiscal o mueven subrepticiamente a la política. Una decisión de inversión pública y una base de legalidad formal para firmar el contrato con un proveedor privado, son suficientes para salvar las apariencias de probidad y permitir que un mecanismo chileno de prácticas corruptivas empiece a funcionar entre bambalinas.

El nombre “mecanismo” hace referencia a una serie de la TV brasileña, “O Mecanismo”, que cuenta el caso de corrupción conocido como Lava Jato en ese país, que puso el concepto de moda y dejó en evidencia una industria de la corrupción entre empresarios y políticos.

Si se produce algo similar en Chile, no ha sido estudiado hasta ahora de manera sistemática y profunda, no obstante haber prueba esporádica suficiente de su existencia. Ni la legislación económica o regulatoria, ni la penal, exhiben aciertos notorios de investigación. Tampoco el Congreso Nacional y su comisión mixta de presupuestos, que debieran exhibir acuciosidad en los análisis de las ejecuciones presupuestarias (cómo se gasta el dinero de los contribuyentes) que año a año analizan en la Ley de Presupuesto del Estado. Ningún hallazgo de mal gasto ni indicaciones sobre qué controlar o qué información es importante. La única débil hebra suelta que hasta ahora flota es el financiamiento ilegal de la política.

La corrupción vuelve al debate cada vez que un escándalo sale a la luz. Hoy llega de la mano de la constructora brasileña OAS, la misma que en Chile estuvo involucrada en la construcción del puente sobre el Canal del Chacao y el Hospital de Rancagua, hasta que se retiró por problemas financieros por la delación compensada de su presidente Léo Pinheiro en Brasil. Recién salido de la cárcel, se filtró a la prensa la posibilidad de aportes ilegales a la campaña electoral de Michelle Bachelet, que vuelven a ser investigados por la Fiscalía en la arista Giorgio Martelli.

Pero la corrupción Lava Jato, de la que forma parte OAS, tuvo durante largo tiempo a Chile fuera de la ola judicial que en otros países de América Latina ha botado a presidentes y encarcelado a políticos y empresarios. Aquí ha sido marginal hasta ahora. La única excepción es el “avión de MEO” facilitado por OAS y rendido presuntamente de manera fraudulenta como gasto electoral al Servel en la última campaña presidencial de Marco Enríquez-Ominami.

La filtración de Léo Pinheiro activó el botón de pánico en Santiago y puso el foco en las actividades más amplias de OAS y también en la discreta oficina que Odebrecht –la empresa capitana de la corrupción Lava Jato– mantuvo durante 19 años en Chile. Los archivos, hoy en manos de la fiscal Ximena Chong, podrían ser una cantera de información de lo actuado en el país por esas empresas, a través de coaliciones y consorcios con empresarios nacionales y personas con vínculos al poder político.

Chile tiene un mecanismo propio

El modelo Lava Jato de soborno directo a políticos para adjudicarse contratos públicos es difícilmente aplicable en Chile, por varias razones.

La primera es que Chile es un país muy legalista y formal, donde se vocean leyes en las calles, y requiere una base inicial de apariencia sólida de carácter legal que ampare todo el proceso posterior de las obras y contratos, que es por donde entra la corrupción.

El país tiene un marco legal que en su ingreso parece una barrera perfecta frente a la corrupción. Una Ley de Compras Públicas que incluye convenios marco entre las empresas privadas y el sistema de compras públicas (inscripción y precalificación); una Ley de Administración Financiera del Estado (LAFE) con reglas de ejecución presupuestaria que obligan a los servicios del Estado; y una Ley de Concesiones, para obras de gran envergadura, que activa y regula la cooperación público-privada, principalmente en materia de infraestructura mayor.

Todo ello se complementa con regulación de inversión extranjera, comités ad hoc del Gobierno para acelerar las inversiones (una especie de lobby estatal legal), y normas sobre operaciones financieras internacionales cuyo registro lo lleva una entidad constitucional autónoma: el Banco Central.

El país parece convencido de que el entramado de estas normas deja impolutos los requerimientos técnicos y financieros de un contrato y su ejecución, y que los hace impermeables a la corrupción. Sin embargo, ahí están también los trucos para hacer operar el mecanismo chileno, un modelo propio del país para que funcione la corrupción.

Esta no se da en un acto (por ejemplo, una adjudicación), sino en un proceso que permite la adjudicación y su blindaje. Es decir, se materializa a través de la suma de muchos actos de impulso administrativo o de actos finales administrativos que se van articulando de manera sistémica unos a otros, para producir un resultado predeterminado en favor de una empresa o un proveedor en la adquisición de un bien o servicio por parte del Estado.

Requiere, por lo tanto, ser pensada o programada, y contar con una red articulada de complicidades de todo tipo en la cadena del proceso hasta su etapa final.

Decidido el Estado a comprar un bien, se requiere de una formulación técnica y financiera para armar un contrato. Este tiene distintos requisitos técnicos y financieros, todos según las formas de armado. Puede ser una licitación abierta (generalmente grande y con oferentes extranjeros, como se usa en concesiones o compras de armas); una licitación cerrada solo para proveedores que han suscrito y mantienen vigente un Convenio Marco con el Estado a través de la plataforma Chile Compra y para diferentes volúmenes financieros; o una licitación privada, es decir, una invitación a presentar oferta a tres oferentes elegidos a dedo y que se hace al margen del sistema de compras públicas. Y puede ser un contrato de Trato Directo, que es una discrecionalidad máxima del Estado, con un proveedor elegido a dedo, cumpliendo las exigencias formales de la LAFE, y el sueño de todo oferente y funcionario corrupto.

La manera en que se planifica y ejecuta el proyecto genera la oportunidad o trampa corruptiva: desde crear una atmósfera predispuesta a ciertas decisiones de las autoridades o dejar plasmadas en las bases técnicas exigencias que tienen nombres y apellidos.

Así se deja fuera a competidores, a veces más ventajosos, poniendo o calificando aspectos técnicos que solo el elegido puede cumplir o que lo colocan en ventaja. Generalmente se basa en una red entre quien hace el requerimiento técnico y quien es el proveedor.

En segundo lugar, en cualquiera de las formas de contratación, en su ejecución los contratos empiezan a mutar. Por ejemplo, con obras nuevas no contempladas en las bases. Los contratos se llenan de actos administrativos de las autoridades medias o los inspectores fiscales, muchas pedidas por parlamentarios que actúan como lobbistas de empresas que financian sus campañas, y bajo la apariencia de estar representando necesidades ciudadanas.

Esas peticiones de obra, cuando logran ser incorporadas al contrato, pues un ministro o jefe de servicio con competencia las visó, aparecen como extensiones de la obra madre, aumentos de obra y obras complementarias. Suman deudas para el Estado no previstas en el contrato inicial, es decir, pagos nuevos, aumentan los costos y crean nuevas deudas estatales, con un diseño de pago en dinero o en extensiones de la explotación, verdaderos intersticios para pagos ilegales y distribución de premios.

Lo que se licitó por cien terminó costando mil o muchos años más de explotación, hubo funcionarios o ministros que se beneficiaron por insuficiencia de la ingeniería de detalles de las obras, y todo un festival de ganancias ilegítimas y de apariencia legal.

Así, es fácil ganar un contrato, sin importar que tenga un retorno inmediato previsto, pues en el camino se arregla la carga por la aplicación del mecanismo chileno. Esta táctica y estrategia puede incluso prever la judicialización del contrato en una licitación, obligando al servicio que compra a recurrir al trato directo “por razones de continuidad del servicio” y adjudicar por la ventana un contrato incluso a mayor precio.

Los proveedores honestos, que los hay, no tienen mucho espacio para reclamar, debido a las represalias que el comprador adopta, por sí mismo o a través del sistema, no volviendo a poder competir, siendo perseguido administrativamente o simplemente porque el reclamo es judicialización y pérdida de tiempo, o porque mientras ocurre el juicio permite que la corona del rey, esto es, el trato directo, opere a mansalva.

De ahí la importancia de las redes políticas y de empresarios, cuyas relaciones con el poder permiten “arreglar la ejecución y ganar” utilizando el mecanismo chileno.

El caso Lava Jato, en las carpetas incautadas en las oficinas de Odebrecht por la fiscal Ximena Chong, podría tener información valiosísima sobre la red corruptora del mecanismo chileno, si se investigara a las empresas creadas, los consorcios y los servicios generales de terceros o las licitaciones en que se participó. La cooperación judicial con Brasil es valiosísima, pero saber lo que se investiga y hacerlo en el propio país es algo invaluable. Porque el mecanismo chileno sigue operando.

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