Opinión
Es sabido que y por la carcasa, sin atacar el fondo, es una ruta sin frutos. «Si un ratón cae a un hoyo, la solución no es tirar un gato». Una comunidad que decide desde la tesis colaborativa de sus miembros, enfrentar el flagelo del delito, superar el individualismo, permite que el tema de la “agenda corta y cortoplacista” deje de ser un eslogan patrimonial de algunos. Debemos buscar dar un paso colectivo hacia el futuro fundado en una tarea colectiva -con educación cívica y en comunidad- una misión con visión de Estado y pensando en lo que verdaderamente importa, esto es, aplicar una imperativa “agenda larga”.
El breviario legislativo en materia de política criminal, aunque ha despertado discusiones apasionadas, se han erigido algunas posturas con argumentos razonables. Sin embargo, como parte del sino de nuestra historia, nos preocupamos pero no nos ocupamos del asunto que subyace al debate y nos vemos inmersos en una discusión coyuntural; a ratos superficial, sobre un desafío penal adjetivo en el que algunos apuestan todas sus fichas para terminar con la delincuencia o aprovechan la ocasión para entregar posturas más de dogmática militante que penal o jurídica. Los hay, quienes pontifican cuales poseedores de la verdad y propietarios del concepto del respeto a los derechos humanos, profetas de la verosimilitud total; empero tal verdad, carece de un solo amo; muchos tienen cuotas de razón, no existe en un Estado democrático de derecho, la verdad absoluta.
Algunos están más motivados por la libertad en el arbitrio total y se asilan en la postura del derecho penal mínimo con una tesis legítima que no explicitan, buscando el aplauso fácil de una galería ahogada en el individualismo y la ignorancia. Otros queman sus oídos al escuchar el principio universal del respeto a los derechos que emanan de la persona humana y pierden el sentido del entorno.
La realidad es simple, existen ilícitos y nadie debiera estar por no respetar las leyes penales so pretexto de efectuar “cantinflescas” elucubraciones que mesiánicamente, buscan conculcar reglas aprobadas por el legislador nacional, olvidando la premisa de la legalidad que rige a los funcionarios que laboran en el estado. Un punto relevante está en evitar solo colocar el acento en los derechos y olvidar la legitimidad social de su ejercicio, los deberes.
En este punto más que inculparse los intervinientes del sistema penal unos a otros (olvidando lo frágil e imperfecto del accionar humano) es misión de aquellos buscar legitimar en nuestra comunidad, un proceso penal admirado fuera de nuestras fronteras, fundando con argumentos y evidencia el aserto de sus expresiones.
El derecho está al servicio de la comunidad y ésta debe sentirse tranquila con el accionar de las instituciones, las que en base a la probidad, legalidad y cumplimiento cada cual sus roles, han de satisfacer las directrices que deben orientar su accionar, entendiendo que toda obra humana está atiborrada de imperfecciones, pero es en el camino del Estado democrático de derecho donde es más plausible y razonable, que se pueda rectificar sin perder la comunidad los beneficios de vivir en libertad con el respaldo de un Estado que apoya a los ciudadanos decentes en su vida diaria.
También pesa sobre los integrantes de la comunidad, cuidar la concordia y el respecto a las reglas de convivencia, pues si practicáramos el más básico de los principios de convivencia: «La libertad termina cuando comienza el derecho de los demás”, nuestra sociedad sería una tierra humanamente fértil en armonía y paz. Quedarse en la idea penal que el sistema descansaría solo en una vinculación dual (delincuente-Estado) y abogar solamente por el primero; es no asumir el moderno enfoque del fenómeno que incorpora -para una visión global- a la víctima y que considera también otros factores, esto es, los deberes que implica ser un integrante de la sociedad, pues si se es parte de la misma se debe estar dispuesto a sacrificar en alguna medida los derechos.
Erradicar hoy la delincuencia es una oferta falaz y no todo posee una mejor respuesta llevado al área penal. Lo mejor sería –qué duda cabe- prevenir en materia delictual en varias directrices, una de ellas es sin duda, empoderar con calidad a las instituciones policiales, mejorar las vinculaciones de éstas con los fiscales, robustecer la formación cívica de los habitantes y por cierto, mejorar los sistemas carcelarios que sean el sino del cumplimento de los reproches y de reinserción social, no, las escuelas de los delitos y sus actores, eternizando el círculo nefasto de la delincuencia.
Así, pensar solo en intensificar el discurso de los derechos debilita la vida en comunidad y por otro lado, solo quedarse en la actividad punitiva del Estado, intensificándola sin evidencias, no solo evade el logro del objetivo, también son caminos sin destino. Evidentemente, faltan liderazgos con sustancia y contenido, porque ser un pontificador contra un Estado sin propuestas alternativas, es un camino fácil pero irresponsable.
Es sabido que y por la carcasa, sin atacar el fondo, es una ruta sin frutos. «Si un ratón cae a un hoyo, la solución no es tirar un gato». Una comunidad que decide desde la tesis colaborativa de sus miembros, enfrentar el flagelo del delito, superar el individualismo, permite que el tema de la “agenda corta y cortoplacista” deje de ser un eslogan patrimonial de algunos. Debemos buscar dar un paso colectivo hacia el futuro fundado en una tarea colectiva -con educación cívica y en comunidad- una misión con visión de Estado y pensando en lo que verdaderamente importa, esto es, aplicar una imperativa “agenda larga”.
