El sentido de la propiedad en el sistema de pensiones

La campaña #DecidoYo (www.decidoyo.cl), lanzada hace dos semanas por la Coordinadora No+AFP y la Fundación La Casa Común, pretende mostrar que si los trabajadores y trabajadoras de Chile son dueños de sus ahorros previsionales eso tiene consecuencias. Porque hasta ahora se trata de una propiedad que ha sido vaciada de su contenido fundamental. En efecto, como todos sabemos la propiedad da al dueño el poder de decidir cómo la cosa debe ser usada, qué intereses ha de servir. El sistema de AFP dice basarse en el reconocimiento de que los trabajadores son dueños de sus ahorros previsionales, pero es una propiedad vacía precisamente porque no son los trabajadores y trabajadoras quienes pueden decidir cómo se utilizará el capital que han acumulado. Ese capital es administrado por compañías cuyas políticas de inversión son fijadas por ellas mismas, y que deciden, sin rendir cuentas, cuáles son los intereses que ese capital ha de servir. 

¿Aceptarían los que defienden el sistema de pensiones que la ley tratara a la propiedad de los empresarios, por ejemplo, del mismo modo? ¿Qué dirían si la ley los obligara a entregar la administración de sus empresas o de sus ahorros a un tercero, con la promesa de que 40 años más tarde recibirán las utilidades, parceladamente? Sabemos la respuesta: reclamarían que aunque les digan que siguen siendo dueños, se trataría de una expropiación. Citarían en su defensa el texto constitucional, en la parte en que dispone que “Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio” (art. 19 N° 24 inc. 3°). Esta es la arbitrariedad fundamental que hemos reclamado ante las cortes de apelaciones: ¿por qué respecto de la propiedad de las trabajadoras y los trabajadores la situación ha de ser distinta?

Porque hasta ahora, la idea de que los trabajadores y trabajadoras son dueños de sus ahorros ha sido utilizada no en beneficio de, sino contra los intereses de los trabajadores, ocultando la realidad de las cosas. Como es una propiedad vacía, vaciada de su elemento central que es el control sobre la cosa, en realidad es solo una regla de cálculo, una forma de determinar  cuál la pensión que el trabajador recibe. Es una manera de legitimar un sistema de contribuciones fijas y beneficios indefinidos. Es una forma especialmente perversa de cálculo, que culpa al trabajador y la trabajadora individual de lo que en realidad son consecuencias de las fluctuaciones del ciclo económico (salarios, desempleo, etc.) o de la estructura del mercado del trabajo (castigando duramente a las mujeres), etc. Para esto sí sirve la propiedad: para justificar las pensiones bajas diciendo que ellas no son un defecto del sistema (un “Mercedes Benz”), sino culpa de los propios trabajadores y trabajadoras, que no ahorraron lo suficiente. Es una versión actualizada de la vieja idea de que los pobres son pobres porque son flojos.

Ante el hecho de que la política institucional ha sido sorda a la demanda de transformación del sistema previsional, y no ha mostrado disposición a considerar seriamente esa posibilidad, la campaña #DecidoYo busca suscitar esta discusión mediante la presentación de recursos de protección en los que afiliados al sistema recurren para que su derecho de propiedad (incluido el poder de decidir sobre sus fondos previsionales) sea reconocido por los tribunales. Esta es una manera de mostrar la arbitrariedad de un sistema que usa el discurso de la propiedad sin reconocer el contenido de la propiedad, pero no es suficiente: ella plantea la pregunta de cómo podría organizarse un sistema que la reconociera.

Por cierto, el poder de decidir que es propio de la propiedad debe compatibilizarse con los fines de la seguridad social. Por eso ese poder no puede ser ejercido individual, sino colectivamente. Cuando hablamos de una alternativa a las AFP, cuando decimos que no es suficiente una AFP estatal, estamos apuntando precisamente a esto: lo que es necesario no es solo un agente que sea formalmente estatal, lo que necesitamos es un órgano distinto que sirva para que los trabajadores y las trabajadoras puedan ejercer efectivamente el poder que les da ser dueños de sus ahorros previsionales. ¿Por qué hoy los trabajadores y trabajadoras no pueden decidir que sus fondos no han de ser invertidos en empresas que hayan sido condenadas por prácticas antisindicales? ¿Por qué no pueden decidir invertirlos en líneas de crédito especialmente dirigidas a fomentar el emprendimiento y las micro y pequeña empresas, o las energías renovables no convencionales? ¿Por qué no pueden elegir a los directores de las empresas de cuyas acciones son dueños? Todas estas son prerrogativas propias de los dueños, y sin embargo la ley se las niega a los trabajadores y a las trabajadoras. Este será el momento de pasar desde #DecidoYo a #DecidimosNosotros.  El punto políticamente decisivo sigue siendo el mismo: si los ahorros previsionales son de los trabajadores y trabajadoras, ellos deben estar en posición de decidir cómo se usan esos fondos previsionales, a qué intereses sirven.

En la discusión legislativa actual sobre la creación de un órgano nuevo de administración de fondos previsionales, esto es lo que importa, esto separa lo importante de lo accesorio. La cuestión central es la posibilidad de los trabajadores y trabajadoras de decidir sobre la administración de lo que les pertenece, incluidas cuestiones como la fijación de las políticas de inversión de los mismos, el ejercicio de los derechos que corresponden a las acciones del fondo, etc. 

La transformación del sistema de pensiones no es una cuestión fácil; el enorme poder económico que manejan las AFP, que han capturado el poder de las trabajadoras y los trabajadores y entonces lo usan contra ellas y ellos, lo hace más difícil. Pero cuando vemos que las cosas están al revés aprendemos al menos la dirección general que debemos seguir: hoy la propiedad de trabajadores y trabajadoras sobre sus ahorros previsionales es vacía, porque carece del control que le es propio y justifica un sistema de beneficios indefinidos que han resultado ser especialmente bajos. El primer paso entonces es la creación de una institución a través del cual ellos y ellas puedan ejercer el derecho que les da el ser dueños de sus ahorros; el segundo será moverse hacia un sistema de beneficios definidos, que combine inteligentemente el ahorro colectivo y la lógica solidaria del seguro social, superando el dogmatismo neoliberal que ha caracterizado esta discusión.

Ese es el camino que lleva desde un sistema que usa los recursos de las trabajadoras y los trabajadores para beneficio del capital y de las AFP hacia otro distinto, que existe para asegurar a cada uno que podrá mirar su vida de pensionado o pensionada con esperanza y no, como hoy, bajo la perspectiva ominosa de la dependencia y la pobreza.