Opinión
No hay condiciones de avanzar hacia una profundización de la democracia y de su calidad si la nueva Constitución política queda excluida de la agenda política y social, tal como lo han hecho ver, por lo demás, todos los partidos opositores que se reunieron con el Presidente Piñera. El deterioro en el funcionamiento de los poderes del Estado, la alarmante desconfianza ciudadana hacia estos y la inquietante pérdida de adhesión a la democracia evidencian nuestro debilitamiento institucional. De ahí que el debate y elaboración de una nueva Constitución es una oportunidad para fortalecer el Estado de derecho, las libertades y la justicia social, tareas que deben convocar a todos los demócratas, cualquiera sea su legítima opción política y partidaria.
A los pocos días de la cuenta pública del 1 de junio en que el Presidente Sebastián Piñera convocó a un acuerdo nacional transversal para mejorar y fortalecer la calidad de la política e instituciones republicanas, el Instituto Igualdad respondió con un documento titulado «Por un Acuerdo Nacional Democrático», señalando que el ministro del Interior -encargado de abrir las conversaciones con los actores políticos para llevar adelante esta iniciativa- reducía esa convocatoria a algunas materias que apenas rozan el problema, desestimando la gravedad de la crisis institucional y su impacto en la calidad de la democracia.
Y ello se reitera esta semana, cuando el martes y durante la cuenta del Congreso, el ministro Andrés Chadwick volvió a soslayar lo relevante, anunciando modificaciones a algunas instituciones del Estado y centró el debate en la reducción del número de parlamentarios, haciéndose eco -demagógicamente- de la mala evaluación que los ciudadanos tienen del parlamento.
Para el Instituto Igualdad, la gravedad de la crisis institucional requiere respuestas que permitan hacerle frente a los riesgos del avance populista y autoritario que conlleva esta realidad. El desplome de los niveles de confianza en las instituciones, según la encuesta Barómetro de la Política de mayo de este año y realizada por CERC MORI desde 1990, muestra una magnitud de desconfianza como nunca antes se había registrado, con el peor resultado de los últimos 30 años. Extendido recelo hacia las instituciones que pone en riesgo no solo su funcionamiento, sino a la democracia que en ellas se sustenta.
Y ya estábamos advertidos con los resultados que mostró el Latinobarómetro 2018, donde Chile aparece, después de Paraguay, como el segundo país de América Latina con mayor adhesión a un régimen autoritario: casi un 40% de la población encuestada en nuestro país fluctuó entre la indiferencia por la democracia y la abierta adhesión a una alternativa autoritaria.
Por ello, nuestro documento presentó una agenda de áreas y temas que deberían acompañar un proceso profundo de acuerdo político transversal, con una amplia convocatoria y participación de la sociedad civil, la que hasta ahora está quedando afuera. Y en dicha agenda hay medidas ambiciosas de largo aliento, pero también medidas de corto y urgente plazo.
[cita tipo=»destaque»]Tenemos que ser capaces de construir un nuevo pacto fundamental compartido. La cruda realidad actual nos demuestra cuán vigente está nuestra postergada demanda por una nueva Constitución construida en democracia, por toda la ciudadanía, a través de un mecanismo participativo, democrático e institucional, como puede serlo la Asamblea Constituyente. En la actualidad, se encuentra en tramitación en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de reforma del Capítulo XV, cuyo contenido sirve de antecedente para impulsar un cambio de procedimiento constitucional en democracia.[/cita]
En lo sustantivo, no hay condiciones de avanzar hacia una profundización de la democracia y de su calidad si la nueva Constitución Política queda excluida de la agenda política y social, como lo han hecho ver, por lo demás, todos los partidos opositores que se reunieron con el Presidente Piñera. El deterioro en el funcionamiento de los poderes del Estado, la alarmante desconfianza ciudadana hacia estos y la inquietante pérdida de adhesión a la democracia, evidencian nuestro debilitamiento institucional. De ahí que el debate y elaboración de una nueva Constitución es una oportunidad para fortalecer el Estado de derecho, las libertades y la justicia social, tareas que deben convocar a todos los demócratas, cualquiera sea su legítima opción política y partidaria.
Tenemos que ser capaces de construir un nuevo pacto fundamental compartido. La cruda realidad actual nos demuestra cuán vigente está nuestra postergada demanda por una nueva Constitución construida en democracia, por toda la ciudadanía, a través de un mecanismo participativo, democrático e institucional, como puede serlo la Asamblea Constituyente. En la actualidad, se encuentra en tramitación en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de reforma del Capítulo XV, cuyo contenido sirve de antecedente para impulsar un cambio de procedimiento constitucional en democracia.
Una nueva Constitución que permita transitar desde la concepción neoliberal del Estado subsidiario hacia uno que consagre un Estado democrático social de derecho, activo en el desarrollo económico y en la distribución del bienestar. Por algo seguimos entrampados en las reformas previsional, de educación y salud, sin olvidar la laboral.
Una nueva Constitución que reconozca y consagre derechos individuales y colectivos. Que garantice derechos para las mujeres y promueva la igualdad de género en todos los niveles de la sociedad. Que reconozca en Chile una comunidad de naciones en la que conviven chilenos e indígenas en un estado unitario, descentralizado y plurinacional.
Una nueva Constitución que consagre el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos fundamentales. En tal sentido, debe estar, taxativamente establecido, el nivel jerárquico constitucional de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Una nueva Constitución que también consagre los deberes de cada persona respecto a la comunidad de la que forma parte, respecto a la Constitución y las leyes, vigencia de la solidaridad social y protección de la naturaleza.
Si bien las materias que tocan al Congreso hoy están concentradas en el número de escaños y en las remuneraciones de los parlamentarios, la temática de fondo -y que es parte del pendiente debate constitucional- es sobre el cambio de régimen político extremadamente presidencialista a expensas de un debilitado Poder Legislativo. Como lo es también fortalecer las capacidades del parlamento, reformar el sistema de asesorías para que sean de alta calidad y mejorar las regulaciones de conflictos de interés, entre otras medidas.
En cuanto al número de parlamentarios, Chile no está entre los países que cuentan con exceso de escaños. Al contrario, el tamaño del Congreso está por debajo de muchos otros que gozan de mayor confiabilidad y cuentan con menores tasas de abstención electoral. Sin dejar de mencionar que la propuesta del ministro Chadwick -de reducir el tamaño del Parlamento- puede poner en riesgo la proporcionalidad y representatividad para, eventualmente, retrotraernos a un sistema binominal encubierto.
La misma evidencia comparada nos muestra, por otro lado, que las remuneraciones de los congresistas en Chile son de las más altas. No deja de sorprender que siendo Chile el país más desigual de la OCDE, tenga asimismo las remuneraciones parlamentarias más elevadas. Reducirlas podría ayudar mucho más a recuperar la confianza perdida en el Congreso y a reponer el sentido de la política como servicio público que reducir el número de escaños, contribuyendo, además, a un mayor ahorro fiscal. Bajar las dietas en un 30% al actual número de parlamentarios permite un ahorro anual del orden de un 10% en diputados y diputadas y del 20% en senadores, en comparación con lo que se gastaría al reducir el número de parlamentarios. Y anualmente sería un 35% en la Cámara de Diputados y 43% en el Senado, si la actual dieta se reduce a la mitad, sin necesidad de bajar el número de congresistas.
Finalmente, no es posible aplazar una reforma al Tribunal Constitucional, al gobierno del Poder Judicial y a la Contraloría General de la República.
Los problemas de salud de la democracia sanan con más democracia. La desafección y desconfianza hacia la democracia responde a que los ciudadanos y ciudadanas están y se perciben distantes de la toma de decisiones que afecta sus vidas cotidianas. El poder pareciera no tener límites y adolece de prácticas reñidas con mínimos estándares éticos y no tan solo legales.
En nuestro documento resaltamos la necesidad de promover una democracia participativa con medidas como iniciativa popular de ley, referendos revocatorios, fortalecimiento de la descentralización y reforma de las actuales administraciones locales en reales gobiernos municipales con el financiamiento correspondiente. Nueva Agenda de Probidad y Anticorrupción con materias como la tipificación y el aumento de las penas por delitos económicos, además de nuevas normativas sobre probidad y transparencia de la función pública y nepotismo, tráfico de influencias y conflictos de interés. Una enmienda a Ley de Partidos Políticos para asegurar que los procesos de filiación respondan a un compromiso real de los militantes y garantizar un control civil democrático sobre las definiciones de las Fuerzas Armadas.
Reestructurar las policías, incluyendo un nuevo enfoque sobre los temas de seguridad, más integral y con mayor eficiencia policíaca. Reformular una institucionalidad autónoma de alto nivel técnico para las estadísticas públicas. Revalidar el rol de la información y las comunicaciones, como soportes de transparencia para la democracia, y enfrentar las oportunidades y los riesgos que conlleva el uso de las redes para el falseamiento y manipulación informativa.
