Opinión
La experiencia internacional ha mostrado que este remedio puede ser peor que la enfermedad, pues se crean las condiciones para que nuevos focos de corrupción, medio privilegiado para que estas organizaciones funcionen, penetren en las Fuerzas Armadas. Los hechos de corrupción que se han develado en el Ejército, son una muestra de los graves problemas de conducción de los que adolecen nuestras FF.AA. y que aún no han sido enfrentados de la manera debida.
El martes 9 de julio el Presidente Sebastián Piñera firmó un decreto que –según lo informado– otorga ciertas atribuciones a las Fuerzas Armadas de Chile en el control fronterizo, con el objetivo de combatir el narcotráfico. Se establecerían limitaciones en estas actividades, centradas en tareas de vigilancia, apoyo logístico, transporte y tecnología, junto con establecer lugares y periodos bajo la responsabilidad del ministro de Defensa, Alberto Espina.
Se debe agregar que la propuesta definitiva en términos de tiempo y lugares de la frontera, así como el número de efectivos, aún no está definida por completo, lo que será determinado por el Ministerio de Defensa.
El combate al narcotráfico es, sin lugar a dudas, una prioridad en la sociedad chilena, sin embargo, la forma en que se ha determinado enfrentarlo se aleja mucho de las mejores prácticas probadas en otros países. El involucrar a las FF.AA. en estas funciones –aunque se afirme que solo será una contribución limitada– puede acarrear graves situaciones que ya se han vivido en otras experiencias.
[cita tipo=»destaque»]Llamamos al Gobierno a enfrentar el problema del narcotráfico con criterios adecuados. Lo que ha pasado en La Araucanía, la grave crisis en el Ejército y los graves problemas migratorios que estamos enfrentando, no son hechos aislados, todos forman parte de una misma manera de intentar resolver los problemas, en especial con una administración que en reiteradas ocasiones responde mediáticamente con actos y pautas solo desde lógicas comunicacionales, sin mayor sustento de las consecuencias en el corto y largo plazo.[/cita]
La herramienta central para este combate deben ser las labores de inteligencia y control financiero, pues la mayor fortaleza de estas organizaciones delictuales son las redes sociales de todo tipo que han logrado formar y la cultura marginal que ha impregnado a diversos sectores en la sociedad, aprovechando carencias sociales y económicas. Es evidente que estas redes y esta cultura no se destruyen con la presencia de las FF.AA. ni con armas de grueso calibre.
En segundo lugar, el dar estas atribuciones a las Fuerzas Armadas siempre será en desmedro de las capacidades que deberían tener las policías, que son legalmente las llamadas para actuar ante estas situaciones. Esta medida, incluso, escapa totalmente sobre lo consignado en el propio programa de Gobierno en su acápite “Política Nacional de Control de Fronteras” y, por otra parte, se están dando medios a quienes no son profesionales en el tema.
Desde un aspecto básico de cualquier Fuerza Armada, se entiende que los formatos y capacidades de estas no son una cuestión improvisada y que es necesario un proceso extenso en el tiempo, que permita sortear desde la conceptualización de una forma de empleo de la fuerza hasta su ejecución mediante sus estructuras. Desde luego que se debe exceptuar de este criterio el caso de la Armada, quienes cumplen tareas en el control marítimo y en las funciones de la policía marítima que sería imposible asignar a Carabineros o Investigaciones.
En tercer lugar, la experiencia internacional ha mostrado que este remedio puede ser peor que la enfermedad, pues se crean las condiciones para que nuevos focos de corrupción, medio privilegiado para que estas organizaciones funcionen, penetren en las Fuerzas Armadas. Los hechos de corrupción que se han develado en el Ejército, son una muestra de los graves problemas de conducción de los que adolecen nuestras FF.AA. y que aún no han sido enfrentados de la manera debida.
En estas condiciones, involucrar a estas instituciones en el combate al narcotráfico, presenta un peligro grave. Son los mismos uniformados que, en reiteradas ocasiones, han manifestado su preocupación frente a la utilización de las Fuerzas Armadas en cuestiones que escapan a sus competencias o respecto de las cuales no tienen una mayor preparación, dando paso a una desnaturalización de su rol.
Sin dudas este anuncio también vuelve a colocar en el foco de cuestionamientos a las fuerzas destinadas a la seguridad pública, en particular Carabineros de Chile, y cómo estas no lograrían dar respuesta al problema del narcotráfico y el control migratorio.
Se debe abrir entonces el debate de por qué hoy ni Carabineros ni Investigaciones son capaces de avanzar adecuadamente en este tema. Este es el problema que debe resolverse. Ya se notaron graves falencias de criterio y conducción política en casos sucedidos, especialmente en La Araucanía, que derivaron en el asesinato de Camilo Catrillanca y todos los hechos posteriores a este caso, en el cual el exgeneral director de Carabineros no presentó su renuncia voluntaria y las autoridades políticas no asumen sus responsabilidades.
Llamamos al Gobierno a enfrentar el problema del narcotráfico con criterios adecuados. Lo que ha pasado en La Araucanía, la grave crisis en el Ejército y los graves problemas migratorios que estamos enfrentando, no son hechos aislados, todos forman parte de una misma manera de intentar resolver los problemas, en especial con una administración que en reiteradas ocasiones responde mediáticamente con actos y pautas solo desde lógicas comunicacionales, sin mayor sustento de las consecuencias en el corto y largo plazo.
