Opinión
La necesidad de contar con Fuerzas Armadas profesionales y eficientes –lo que no ha sido medido en los últimos 140 años– es evidente, dada la situación geopolítica de Chile. Siempre han existido escenarios de conflicto a dos y tres bandas, incluso. Sin embargo, ello no puede justificar la dilapidación de recursos y la corrupción a gran escala que hemos conocido.
Cuando se posterga, Gobierno tras Gobierno, la satisfacción de necesidades sociales como pensiones dignas y salud pública de calidad, es imposible no preguntarse por qué nunca ha sido posible controlar y regular el gasto que representan las Fuerzas Armadas. Actualmente, hay dos excomandantes en jefe del Ejército detenidos por mal uso de recursos que el Estado puso a su disposición para, eventualmente, destinar a fines propios de las necesidades institucionales, principalmente en el área de la inteligencia.
Pero es muy evidente que los montos involucrados, por cuantiosos que sean, representan una ínfima fracción de la dilapidación de recursos que se producen en el sector de la Defensa, gracias –principalmente– al financiamiento vía Ley Reservada del Cobre. Solo la existencia de cantidades prácticamente ilimitadas de recursos, puede permitir que cabos y sargentos puedan sustraer cientos y miles de millones de pesos y gastárselos en casinos y similares. Se conocen procedimientos administrativos y judiciales adoptados en relación con el caso conocido como Milicogate, pero de responsabilidades políticas, nada.
En el ámbito de la previsión y la salud, la discriminación positiva –privilegios, en lenguaje directo– de que son objeto es conocida y representa un costo que solo se sostiene a través de sacrificar a la mayoría de la población. Un teniente coronel de Ejército, jubilado a inicios de los 80, lleva 40 años percibiendo una pensión, habiendo cotizado la mitad de ese tiempo. Y no es una pensión de AFP precisamente. De partida, no se extinguirá hasta que el beneficiario fallezca y si no tiene hijas solteras.
[cita tipo=»destaque»]Pero hay algo más profundo en la idiosincrasia nacional que facilita y permite la posición privilegiada de las Fuerzas Armadas. Es cosa de ver el verdadero fervor que producen los desfiles. La parada militar de cada 19 de septiembre es casi una catarsis de patrioterismo. ¿Han olvidado los chilenos las consecuencias de las sucesivas intervenciones de las FF.AA. en la historia política de Chile? Hay quien calculó por ahí que se han producido más muertes producto de su participación en hechos como Ranquil, la Escuela Santa María de Iquique, guerras civiles, el golpe de Estado de 1973 y sus hechos posteriores, que en las guerras ante enemigos externos.[/cita]
Es llamativo que, en el caso de Argentina, por ejemplo, recuperada la democracia, las FF.AA. fueron sometidas a una profunda purga y a una acentuada reducción de sus presupuestos. En Chile, desde 1990 en adelante, no solo han mantenido todos sus privilegios, sino que también los han incrementado. El ex-Presidente Ricardo Lagos no solo era “amado” por los empresarios, sino también por los militares. Hasta una revista naval –homenaje muy poco frecuente– le hicieron y era que no. En su Gobierno el gasto militar se incrementó significativamente.
En el caso de la ex-Presidenta Michelle Bachelet, su corazón siempre ha estado dividido entre su experiencia como hija de un general víctima de la dictadura y su vida en medio de los uniformes azules. Le gustan las Fuerzas Armadas. Hasta intentaba una muy graciosa suerte de “marcar el paso” cuando revistaba tropas en su calidad de ministra de Defensa y luego como Mandataria.
Pero hay algo más profundo en la idiosincrasia nacional que facilita y permite la posición privilegiada de las Fuerzas Armadas. Es cosa de ver el verdadero fervor que producen los desfiles. La parada militar de cada 19 de septiembre es casi una catarsis de patrioterismo. ¿Han olvidado los chilenos las consecuencias de las sucesivas intervenciones de las FF.AA. en la historia política de Chile? Hay quien calculó por ahí que se han producido más muertes producto de su participación en hechos como Ranquil, la Escuela Santa María de Iquique, guerras civiles, el golpe de Estado de 1973 y sus hechos posteriores, que en las guerras ante enemigos externos.
Así y todo, en Chile existe una cultura de admiración y sometimiento a todo lo que sea uniformes. Si hasta bomberos y brigadas forestales tienen –o intentan graciosamente tener– una suerte de “disciplina militar”.
Así, es quizás entendible la nula supervisión efectiva del poder civil sobre las Fuerzas Armadas. No debe haber un cargo más ingrato que el de ministro de Defensa. Es casi patético observar las explicaciones que esta autoridad –en toda época– da sobre cada caso de escándalo conocido.
En Chile, el sueldo promedio de un civil es de $400 mil y la pensión promedio es de $150 mil. Así y todo, un comandante en jefe del Ejército estima necesario “subsidiar” mensualmente la pensión de un colega, excomandante en Jefe, en $800 mil. Cabe señalar que la pensión del “colega” es de sobre $2 millones. ¿Cuánto cuesta todo el aparataje con el que se desplazan y viven estos señores?
Incluso concurren a tribunales, sin ninguna vergüenza, aun cuando lo hagan como imputados, protegidos por toda esta parafernalia. Y la autoridad política no dice ni hace nada.
La necesidad de contar con Fuerzas Armadas profesionales y eficientes –lo que no ha sido medido en los últimos 140 años– es evidente, dada la situación geopolítica de Chile. Siempre han existido escenarios de conflicto a dos y tres bandas, incluso. Sin embargo, ello no puede justificar la dilapidación de recursos y la corrupción a gran escala que hemos conocido. Esta misma corrupción, sumada a la herencia nunca renunciada efectivamente del período de la dictadura, pueden conformar los gérmenes de una incapacidad letal para cumplir el objetivo último para el cual existen, llegado el momento de requerirse.
