Las reservas de lo común

Criminalizar es una de las formas más rápidas de anular cualquier proceso de lucha social. Es una de las formas de represión más características de Chile y me imagino que su eficacia se debe, principalmente, al nivel de descomposición comunitaria que existe desde la dictadura hasta nuestros días de mercado e individualismo total.

El proceso es más o menos simple. Se te carga con algo, se te imputan ciertas acusaciones bajo marcos legales sospechosos. Luego viene el proceso del juicio social. Comienza con la distancia de contactos y conocidos. De pronto, tus vías de sustento se ven mermadas y, si no has podido elaborar una red de apoyos y afectos, comienza la alienación. No es raro que en procesos de criminalización, hasta amigos y familiares acaben alejándose de personas valiosas, que muchas veces solo han tenido cierta dignidad de expresar y realizar acciones en contra de un proceso de abuso, de robo, de apropiación o saqueo.

La educación es una mina de oro en Chile. Una mina bastante explotada, que ya genera grandes daños al ecosistema social y de la que muchos, en más de una ocasión, hemos sacado algún beneficio. Como todo espacio susceptible de lucha, es uno contradictorio del cual los empresarios y políticos buscan sacar jugosos beneficios y rentabilidades, dejando la peor parte a quienes, a pesar de todas sus contradicciones gremiales y conflictos, siguen siendo una de las reservas de procesos comunes de Chile: los profesores.

[cita tipo=»destaque»]Es necesario recuperar esos bienes y disponerlos a procesos más horizontales y los estudiantes y los profesores siguen ahí, encarnando esas luchas. Y si de memoria y de historia y educación se trata, América Latina tiene varios ejemplos de qué ha pasado cuando una lucha como esta es criminalizada. El resultado siempre beneficia más a los empresarios que a los gobiernos.[/cita]

Las luchas por lo común aparecen, se difuminan, se reactivan o desaparecen. Siempre responden a un ¡NO! acompañado de acciones concretas para resguardar lo común que, lejos de no pertenecer a nadie, es algo que pertenece a todas las personas de un grupo que lucha por aquel beneficio colectivo. Los estudiantes saben muy bien de qué trata esto, así como todo lo que se puede lograr cuando una lucha sigue sus cursos comunes y no se ciñe solo a los beneficios de un gremio.

Los profesores son también una reserva de las luchas por lo común, en Chile y también en una América Latina en donde formas más horizontales de participación siempre han sido un sustrato fértil para defendernos de la violencia de los estados y empresarios, es decir, del necropoder en todas sus formas.

Las luchas por lo común que encarnan, en esta ocasión, estudiantes y profesores, no son actos criminales, aunque la policía los golpee, los encierre, los desnude y los humille, aunque la ministra Marcela Cubillos se apropie de la discusión que no quiso tener en buenos términos, victimizándose en un montaje mediático muy grotesco. Lo que los profesores y estudiantes están reclamando son bienes comunes que los empresarios y los políticos han rentabilizado hasta el sinsentido.

Es necesario recuperar esos bienes y disponerlos a procesos más horizontales y los estudiantes y los profesores siguen ahí, encarnando esas luchas. Y si de memoria y de historia y educación se trata, América Latina tiene varios ejemplos de qué ha pasado cuando una lucha como esta es criminalizada. El resultado siempre beneficia más a los empresarios que a los gobiernos.

Y para quienes estamos abajo y no tenemos poder, cuando se acaba el dinero y dejamos de ser “útiles”, lo único que queda son los espacios comunes de los afectos y el sentido. Los profesores se encargan de ambos. Los estudiantes también.

Hay formas de no ayudar a esos procesos de criminalización. Conversemos sobre ellas. Seamos más amables con quienes se atreven a hacer, a accionar procesos a los cuales los demás aún no nos hemos animado y que buscan recuperar parte de lo que nos ha sido robado sistemáticamente.