Fragatas en el horizonte y los intangibles de la paz

Con motivo del día de las “Glorias Navales”, el almirante Julio Leiva Molina, comandante en Jefe de la Armada, declaró que una de las prioridades institucionales será la renovación de la Flota de Superficie, mediante el reemplazo de tres fragatas que están prontas a cumplir su vida útil. Y agregó una sazón especial a sus palabras, que ellas podrían ser construidas en Chile.

Sus palabras ponen de manera imprevista en el debate dos cuestiones estratégicas que, por lo que se conoce, parecían resueltas desde hace mucho. La primera es hacer el reemplazo de material obsoleto por un mismo tipo de sistema de armamento, sin visualizar si el desarrollo estratégico del país permite considerar alternativas de otros sistemas que transformen la renovación de material en un momento de innovación para la fuerza. Para decirlo de manera clara, se trata de no reemplazar fragatas por fragatas sino, al menos, considerar otras alternativas de reemplazo si ellas beneficias la capacidad estratégica del país.

Lo segundo que hace el comandante en jefe es poner en el tapete el esfuerzo industrial estratégico de construcción propia, algo que ya se debatió y desechó hace 20 años con motivo del proyecto Tridente y que ahora, inadvertidamente, el vuelve a poner en el debate, sin que exista la certeza de tener un consenso técnico al interior de su institución.

Lo real es que no existe un solo dato nuevo gravitante que, con más de lo mismo, permita mejorar la potencia en el escenario, sino al revés, lo que se aprecia es un aumento de las complejidades industriales, tecnológicas, financieras y políticas para embarcarse en ese tipo de esfuerzo.

Las restricciones presupuestarias

En el actual escenario económico, el Estado de Chile -con una prospectiva llena de problemas e incertidumbres de recursos fiscales y crecimiento- propuso al país recortes del gasto público para mantener el equilibrio fiscal y hacer frente la situación, en una serie de medidas que nunca son cortas, sino que tienen repercusiones de mediano y largo plazo. Ello debiera también afectar a la Defensa, a menos que se enfrente –sin ninguna razón positiva aparente- el dilema de “mantequilla o cañones”, embarcándose en una política de gasto superfluo, lo que sería un despropósito de populismo militarista ante el cúmulo de demandas sociales pendientes que tiene el país.

[cita tipo=»destaque»]Naturalmente, la validación de esto requiere un debate en el contexto de un nuevo escenario estratégico vecinal, que mida el impacto del Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile de 1984 y el fin del diferendo del canal Beagle; la delimitación marítima con Perú de 2014 en La Haya y la demanda marítima boliviana de 2018. A eso se refiere el concepto de
trabajar los dividendos de la paz y de la “legítima defensa”. De ese análisis –cualquiera sean
los vectores priorizados- se podrá precisar más objetivamente qué Fuerzas Armadas
necesitamos y podemos financiar. Preguntas tales como: ¿De qué defendernos?, ¿Cómo defendernos?, ¿Con qué organización militar de la Defensa y cuáles roles y misiones de las instituciones militares? Y naturalmente con qué sistemas de armas, y cuánto es suficiente.[/cita]

Con todo, en el actual escenario se da la paradoja que las autoridades siguen preocupadas solo de la probidad de los dineros de la defensa y de proponer reformas a la estructura legal del financiamiento de ella, pero poco o nada dicen sobre la imprescindible revisión de la calidad del gasto militar, para evitar el despilfarro, las malas inversiones y la insuficiencia de recursos.

A todo ello se agrega el simplismo político de no contar ni calcular los dividendos económicos- como bienes intangibles pero reales – de la paz. Persiste un prurito teórico recalcitrante y una falta de voluntad política para mirar y materializar los “dividendos de la paz” y desarrollar una política militar que sintonice capacidades militares consistentes con demandas reales de la Defensa, sobre la base de auditar los nuevos escenarios estratégicos, los recursos disponibles, los diseños de planificación y control y las capacidades financieras.

Lamentablemente la inercia absorbe a los mandos políticos y militares. Sus opiniones o decisiones están siempre dominadas por meras presunciones acerca de los riesgos y los escenarios e incluso, contaminadas de pura superstición sobre lo que es la seguridad nacional en el siglo XXI.

La estructura de la fuerza naval

Desde esta perspectiva y volviendo al tema naval planteado por el comandante en jefe de la Armada, hace 20 años criticamos las inconsistencias del proyecto Tridente que, en ese entonces,  presentó la Armada para renovar su flota de superficie, construyendo en Chile ocho fragatas. Primó la razón y la cordura y el país optó por fragatas usadas, las que todavía se encuentran en servicio y entre los buques más modernos de Sudamérica. Así, el país evitó las dificultades de los prototipos, como es el caso de Australia que debe lidiar con los serios problemas estructurales de sus Fragatas Anzac, del mismo tipo de las que quería construir la Armada en Chile.

Pero no se trata solo de reemplazos simples, sino de minar de manera dinámica los escenarios de seguridad. Y al momento de tener que comprar, vale la pena hacer un alto para plantearse seriamente la pregunta: comprar qué y para qué fin. Realizar solo, que puede ser lo mejor, requiere no obstante hacer algo estático y rutinario, y al menos considerar alternativas de sistemas  complementarios para los desarrollos de seguridad estratégica.

Utilizando la metodología de cómputo de potenciales militares, es posible asegurar que las capacidades actuales del Ejército son muy similares a las de Perú, pero que la Armada chilena aparentemente triplica a la del país vecino y que la Fach, es un 50% mayor que la FAP. Ello permite pensar que disponemos de una fuerza militar diseñada para una gran represalia (opción disuasiva) o incluso, de ocupación de territorios vecinos (represalia propiamente tal). Ello parece poco consistente con lo declarado en el Libro de la Defensa Nacional de Chile 2017, que en su artículo 5.1 señala “… La Defensa apoya la gestión de la Política Exterior de Chile, la cual busca preservar un orden jurídico internacional sustentado en el derecho, la promoción de la paz, la seguridad y la solución pacífica de las controversias”, pues de alguna manera anticipa la potencia militar. De manera elegante podría considerarse que esa fuerza es un apoyo redundante a la gestión de política exterior, pero es un dato que puesto en clave analítica, nadie pasará por alto.

De acuerdo al artículo 32 n°17 de la Constitución, el Presidente de la República puede “disponer, organizar y distribuir las Fuerzas”. Chile podría, entonces, sin mayor debate político aunque sí técnico, construir y desplegar capacidades que resulten suficientes para la demanda más probable
de defensa, de acuerdo a los nuevos escenarios políticos y estratégicos del país y las prioridades financieras del Estado, cuidando de mantener un equilibrio estratégico suficiente y razonable. En tal caso, la Armada podría desactivar, sin reemplazo, las fragatas tipo 22 y L y los submarinos 209 y poner la atención en otros sistemas, iguales o mejores para la Armada. Es una opción a debatir.

En una perspectiva como la señalada, ella podría disponer de una dotación de 17.000 personas para operar un equipamiento igual o parecido al siguiente:

1-Agrupación de Combate Naval
– 2 Submarinos (Scorpene)
– 5 Fragatas (3 Tipo 23 + 2 Tipo M)
– 1 Petrolero
2- Agrupación de Apoyo Naval
– 1 Buque Plataforma Multipropósito
– 1 Rompehielo
– Buques de transporte y apoyo
– Agrupación de Infantería de Marina
3- Agrupación Marítima
– 6 Patrulleros de Alta Mar (2 buques a construir)
– Patrulleros y Lanchas de Seguridad Marítima
– Destacamentos de Seguridad Marítima
4- Agrupación Aeronaval
– 6 Aviones patrulleros aeronavales
– 5 Helicópteros ASW/AS
– 15 Helicópteros SAR

Naturalmente, la validación de esto requiere un debate en el contexto de un nuevo escenario estratégico vecinal, que mida el impacto del Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile de 1984 y el fin del diferendo del canal Beagle; la delimitación marítima con Perú de 2014 en La Haya y la demanda marítima boliviana de 2018. A eso se refiere el concepto de trabajar los dividendos de la paz y de la “legítima defensa”. De ese análisis –cualquiera sean los vectores priorizados- se podrá precisar más objetivamente qué Fuerzas Armadas necesitamos y podemos financiar. Preguntas tales como: ¿De qué defendernos?, ¿Cómo defendernos?, ¿Con qué organización militar de la Defensa y cuáles roles y misiones de las instituciones militares? Y naturalmente con qué sistemas de armas, y cuánto es suficiente.

En el siglo XXI la demanda de Defensa es difusa, probabilística y tiene asociada una magnitud y una probabilidad de ocurrencia variable. Parte importante se calcula por el “Potencial de Daño” a que el país se enfrenta, el que cada vez más tiene, en el centro, los bienes intangibles del país y sus mecanismos de cohesión temporal y mando.

Ello obliga a redefinir el concepto “conflicto máximo posible”, utilizado históricamente para el
diseño de la Defensa y sobre una base meramente física, a pasar al de “Conflicto Máximo Probable”, que encierre prospectivamente las nuevas “capacidades” y necesidades del país. Por consiguiente, el procedimiento es diferente al viejo diseño por “amenaza” que todavía se usa, a un de riesgo complejo y multisistémico.

De ahí lo obsoleto de las declaraciones del almirante Enrique Larrañaga Martin – ex comandante en jefe de la Armada de Chile – quién escribió en la Revista Proceedings de mayo 2018 del Instituto Naval de Estados Unidos lo siguiente:“… más allá de cualquier consideración, siempre prevalecerá la percepción de nuestras dos marinas (de Chile y de Estados Unidos) de verse como complementarias y socias esenciales en el cumplimiento de objetivos compartidos”. Esta visión se materializa con la participación de la Armada en las maniobras Rimpac de contención militar a China en el Pacífico Sur, país que es nuestro principal socio comercial en la actualidad. Por lo tanto, lo dicho por Larrañaga y lo actuado por la Armada, al menos aparece contradictorio con los vectores diplomáticos y económicos de nuestra seguridad nacional.

Con quién construiríamos las fragatas, es la pregunta que queda flotando.