Opinión
La ministra Marcela Cubillos se ha empeñado en una campaña contra el Sistema de Admisión Escolar. Argumenta que no se reconoce el mérito. En los primeros años, los resultados están muy condicionados por el nivel cultural de los padres. Reconocer las calificaciones, en estos niveles, implica reproducir eternamente la desigualdad. Esperamos que en el breve lapso que resta el Ministerio de Educación abandone su política confrontacional, respete la ley, se abstenga de medidas que buscan complicar el funcionamiento del sistema y cumpla con el deber de informar en forma suficiente y no sesgada a los padres y apoderados.
Una de las modificaciones incorporadas en la Ley de Inclusión, aprobada en el Gobierno de la Presidenta Bachelet, fue la implementación de un único Sistema de Admisión Escolar (SAE) para los establecimientos financiados por el Estado, a través de subvenciones.
Ello recogió la crítica de las familias por lo subjetivo –y en ocasiones arbitrario– de los mecanismos previos. Estos excluían a alumnos a través de entrevistas, solicitud de antecedentes económicos, requisitos religiosos, pruebas, acreditaciones de notas y test psicológicos. Asimismo, la búsqueda significaba rendir un interminable número de exámenes en diversos colegios, lo que lo hacía extremadamente engorroso.
El SAE se basa en un algoritmo de aceptación diferida, elaborado por dos premios Nobel de Economía. Permite organizar las preferencias de los padres, buscando que el máximo de estudiantes quede en el establecimiento que desea o en alguno de ellos. Se garantiza así que la admisión sea absolutamente transparente y no excluyente.
La encuesta de percepción, realizada por el propio Mineduc, durante el actual Gobierno, arroja cifras muy elevadas de satisfacción, tanto por la información recibida, la facilidad del proceso y sus resultados.
Sin embargo, la ministra Marcela Cubillos se ha empeñado en una campaña contra el SAE. Argumenta que no se reconoce el mérito. En los primeros años, los resultados están muy condicionados por el nivel cultural de los padres. Reconocer las calificaciones, en estos niveles, implica reproducir eternamente la desigualdad.
El sistema se ha puesto en marcha gradualmente. En cada región, su implementación fue acompañada de una masiva campaña de difusión a cargo del Mineduc. Se llegaron a instalar 4 mil puntos de información, incluyendo a juntas de vecinos, consultorios, colegios y sitios de afluencia de público. Además, se contó con publicidad en medios de comunicación.
Este año corresponde que el SAE se aplique en la Región Metropolitana. Es un enorme desafío. Lamentablemente, a dos meses del inicio de las postulaciones, no hay avisos en medios de comunicación, pese a contemplarse los recursos en la Ley de Presupuesto. Tampoco hay puntos informativos ni coordinación con la sociedad civil ni municipios.
Existen, asimismo, decisiones técnicas de dudosa lógica. Por una parte, se eliminaría una función –vigente en procesos anteriores– que alertaba a los padres que postulaban a establecimientos con mucha demanda, buscando que ampliaran sus preferencias.
Esperamos que en el breve lapso que resta el Ministerio de Educación abandone su política confrontacional, respete la ley, se abstenga de medidas que buscan complicar el funcionamiento del sistema y cumpla con el deber de informar en forma suficiente y no sesgada a los padres y apoderados.
