Opinión
La ciudadanía opta por el camino del presidencialismo e intentar limitar las funciones de representación. Esta solución nos coloca como sociedad en una gran encrucijada. Teóricamente, debiésemos esperar que sean los espacios más abiertos y representativos –el Congreso Nacional, por ejemplo– los que permitan una mejor manifestación de la democracia. Es ahí donde se expresa la diversidad social, cultural e ideológica de una sociedad. Sin embargo, en Chile es tan fuerte la asociación que existe entre “mala política” y Congreso Nacional, que en el imaginario subsiste la noción del presidencialismo como el único modo de resolver los problemas de la gente. Ante un sistema político que no ofrece “soluciones” y que está encapsulado, la ciudadanía opta por un salvador o una salvadora que ordenará la casa. El ideal portaliano tiende a dominar la esfera social.
Una crisis de representación como la que vive Chile exacerba el presidencialismo: esa figura de una persona investida con mucho poder y que, casi por arte de magia, resolverá los conflictos económicos, sociales y políticos que vive el país. Esa es la gran contradicción de las crisis de representación, porque se deslegitiman las instituciones, pero se exacerba el personalismo presidencial.
La crisis de representación se asocia con la distancia entre ciudadanía y élites. Escándalos de corrupción, desapego de los partidos respecto de sus bases y las percepciones de abusos de poder, van apartando a representantes y representados. Llega el día en que la ciudadanía, simplemente, no cree las promesas de los actores políticos. Independientemente de la verdadera o falsa desconexión de las élites con los “reales problemas de la gente”, se establece un imaginario social que percibe a quienes están en el poder como élites que gozan de privilegios y que gobiernan para mantenerlos.
En el caso de Chile, esta percibida distancia es mucho mayor respecto de los congresistas que en relación con las autoridades del Ejecutivo. Pensemos, por ejemplo, en el debate sobre el actual sueldo de los congresistas. La Constitución, en el artículo 62, establece que “los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un ministro de Estado, incluidas todas las asignaciones que a estos correspondan”.
Pese a que la Constitución establece claramente que la renta de los y las congresistas debe ser igual a la de un ministro de Estado, el centro de la polémica social se centra solo en un segmento de la ecuación (el Legislativo) y no en la renta de las autoridades del gabinete.
Esto puede deberse a varios factores. Uno de ellos es la imagen social que se ha construido respecto a quienes trabajan en el Ejecutivo y que, supuestamente, cumplen funciones más importantes que los congresistas.
Las autoridades del Ejecutivo parecieran cumplir con funciones que tienen un impacto mayor en el día a día de la ciudadanía y de ahí que no se cuestione tanto su salario. En cambio, pareciera mirarse con desdén el trabajo de producción de las normas y de representación.
[cita tipo=»destaque»]La crisis de representación debiese dar paso no a soluciones unipersonales, sino a una discusión sustantiva respecto del modelo de democracia que es posible imaginar y crear. La dificultad es la siguiente: mientras más se posterga esta discusión, mayor será la desazón ciudadana con el sistema de representación y, muy probablemente, mayor será el interés por buscar soluciones unipersonales y hasta populistas para resolver los problemas. El populismo está más cerca de lo que pensamos, y el único modo de enfrentarlo es con más y mejor democracia.[/cita]
Así, la crisis de representación –esta aguda crítica al sistema político– encuentra su encarnación en los y las congresistas. Allí se imaginan y representan todos los males del funcionamiento de la democracia: corrupción, malas prácticas partidistas, abuso de poder, descuido administrativo, privilegios. Aunque el sistema político –y los partidos en particular– se representa en prácticamente todos los poderes del Estado, es en el Congreso Nacional donde se suele centrar la crítica.
Un estudio que realizamos en el Laboratorio Constitucional de la Universidad Diego Portales en conjunto con Subjetiva (Encuesta a Congresistas) y Criteria Research (encuesta a ciudadanía), develó, precisamente, la tensión entre élites políticas y ciudadanía a la hora de pensar reformas políticas.
La ciudadanía, por ejemplo, se inclina por limitar al máximo la posibilidad de que las autoridades puedan reelegirse. Prefiere un período presidencial como el actual –4 años sin reelección– y que los congresistas se reelijan a lo más por un período. Las élites en el Congreso Nacional, en cambio, optan por períodos algo más prolongados, aunque también se muestran favorables con establecer ciertos límites a la reelección.
Respecto del régimen gubernamental, la ciudadanía prefiere mantener el sistema presidencial de Gobierno –con un Presidente con altos poderes como el que tenemos–, en cambio la élite en el Congreso prefiere atenuar los poderes presidenciales o bien cambiar el régimen por uno semipresidencial.
De este modo, enfrentados a una crisis de representación, la ciudadanía opta por el camino del presidencialismo e intentar limitar las funciones de representación. Esta solución nos coloca como sociedad en una gran encrucijada. Teóricamente, debiésemos esperar que sean los espacios más abiertos y representativos –el Congreso Nacional, por ejemplo– los que permitan una mejor manifestación de la democracia. Es ahí donde se expresa la diversidad social, cultural e ideológica de una sociedad.
Sin embargo, en Chile es tan fuerte la asociación que existe entre “mala política” y Congreso Nacional, que en el imaginario subsiste la noción del presidencialismo como el único modo de resolver los problemas de la gente. Ante un sistema político que no ofrece “soluciones” y que está encapsulado, la ciudadanía opta por un salvador o una salvadora que ordenará la casa. El ideal portaliano tiende a dominar la esfera social.
El asunto aquí es de qué modo se podría salir de esta crisis de representación. La solución de las élites que se ha venido esbozando hace ya varios años, es precisamente la atenuación de los poderes presidenciales. Se propone, por ejemplo, avanzar hacia un sistema semipresidencial, que modifique el eje del poder y lo transfiera a las entidades representativas del pueblo, esto es, el Congreso, medida que parece totalmente extemporánea con la crítica ciudadana a esta institución. Imagínese usted si el día de mañana se plantea un programa de Gobierno que busque incrementar los poderes de los legisladores y las legisladoras.
El problema con esa propuesta es que no es acompañada por otros elementos que sí le harían sentido a la ciudadanía.
La transferencia de poder desde uno unipersonal (el Presidente) hacia uno colectivo (el Congreso), debiese implicar una serie de cambios institucionales que dieran cuenta de una nueva forma de hacer política. Por ejemplo, incrementar el control social respecto de las acciones que puede o debe realizar un parlamentario, fomentar el voto programático, establecer mecanismos de democracia directa para posibilitar la participación social en procesos de producción legislativa, incentivar instancias de rendición de cuentas de partidos y legisladores.
La crisis de representación debiese dar paso no a soluciones unipersonales, sino que a una discusión sustantiva respecto del modelo de democracia que es posible imaginar y crear. La dificultad es la siguiente: mientras más se posterga esta discusión, mayor será la desazón ciudadana con el sistema de representación y, muy probablemente, mayor será el interés por buscar soluciones unipersonales y hasta populistas para resolver los problemas. El populismo está más cerca de lo que pensamos, y el único modo de enfrentarlo es con más y mejor democracia.
