Opinión
En lo que sí tienen razón los críticos, es que este tratado en particular no tendrá un impacto significativo en el crecimiento, por la simple razón de que no es la falta de acceso a mercados externos lo que explica el mediocre desempeño de la economía en los últimos años. Ello, justifica condicionar la aprobación del tratado en el Senado a acuerdos sustantivos en torno a una nueva política de desarrollo, que debería incluir como mínimo el compromiso de llegar a una inversión equivalente al 1% del PIB en ciencia y tecnología.
La Cámara de Diputados, en una votación estrecha, dio su aprobación al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), cuya negociación final fue realizada por el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Se trata de un amplio acuerdo que sigue la línea de los múltiples Tratados de Libre Comercio suscritos por Chile desde el término de la dictadura.
Este incluye a algunos países de América Latina y varias de las economías más importantes del Asia, excluyendo a China. Donald Trump, cumpliendo un compromiso de su campaña electoral, retiró a Estados Unidos de este tratado. El resto de los países resolvieron continuar sin su presencia. Chile tiene acuerdos de Libre Comercio con todos sus integrantes, salvo Japón y Vietnam.
En la Cámara de Diputados sorprendió la votación contraria al tratado de la bancada del PPD, a pesar del llamado a aprobarlo de su presidente, Heraldo Muñoz, que como canciller en su momento lideró las negociaciones finales. Asimismo, solo uno de los diputados del PS, Jaime Tohá, votó a favor, el resto todos en contra. Se opusieron también los parlamentarios del Frente Amplio y del Partido Comunista.
Simultáneamente se desarrolló una intensa campaña en contra de la suscripción del tratado, fundamentalmente a través las redes sociales, sostenida por una gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil: ecologistas y ambientalistas, feministas, indigenistas y organizaciones estudiantiles.
[cita tipo=»destaque»]La ausencia de una política industrial moderna no puede ser achacada a los Tratados de Libre Comercio, como tampoco el que tengamos un gasto público del orden del 22% del PIB, con el que es imposible financiar bienes públicos de calidad en salud, educación y previsión social, indispensables para corregir las severas desigualdades que aquejan a nuestra sociedad.[/cita]
Han circulado infinidad de documentos fundamentando el rechazo. Ha tenido amplia difusión una minuta que sintetiza en 12 las razones por las que el tratado amenaza bienes públicos o derechos que al país interesa proteger: desde la legislación actual sobre transgénicos, propiedad intelectual, productos farmacéuticos, derechos laborales e indígenas, empresas públicas hasta eventuales reformas educacionales y de salud, entre los principales. Desde el punto de vista económico, se sostiene que los beneficios son marginales y que las exportaciones no crean empleos.
Los principales negociadores del tratado –gente seria e informada como Andrés Rebolledo– han respondido puntualmente cada una de las objeciones. Su principal línea argumental es que con el CPTPP, Chile no asume ningún nuevo compromiso que ya no esté en los otros TLC. Se reconoce que hubo fuertes presiones de Estados Unidos para alargar los plazos de las patentes farmacéuticas, pero que finalmente lo que quedó en el texto son los cinco años que rigen actualmente. Me hacen sentido estos argumentos técnicos.
Han surgido voces, como las del economista Álvaro Díaz, que proponen que el tratado debe ser aprobado, siempre que se acuerde en el Congreso un protocolo que aclare las dudas que han surgido en el debate, pero que fundamentalmente expresen el compromiso del país de impulsar una estrategia de desarrollo que diversifique su estructura productiva y permita superar el mediocre crecimiento observado en los últimos años.
En el debate en curso, me parece indispensable distinguir dos aspectos que son de diferente naturaleza. Uno, es si conviene al país mantener el tipo de apertura comercial que se implementó desde los 90 en adelante a través de una extensa red de acuerdos de libre comercio. Otro, es si el actual modelo de crecimiento es capaz de superar el modesto crecimiento observado durante los últimos años y encaminar al país a la ansiada y siempre esquiva meta de generar una economía desarrollada y sustentable, una sociedad socialmente integrada.
Los Tratados de Libre Comercio intentaron corregir la política de la apertura unilateral implementada por los teóricos neoliberales de la dictadura, que en pocos años destruyeron buena parte de la industria desarrollada desde los años cuarenta, estimulada y protegida por el Estado. El país no tuvo ningún beneficio a cambio.
Los gobiernos de la Concertación, convencidos de que no era posible volver a proteger una industria desaparecida, optaron por una política que permitiera abrir mercados para nuevos sectores en los que el país era competitivo: salmonicultura, fruticultura, papel, madera y celulosa, vitivinicultura y otros.
Ello permitió la rápida expansión de esos sectores y durante los 90 el país creció a tasas históricamente muy altas. A pesar de que el cobre continuó teniendo un peso determinante en nuestra oferta exportadora, este disminuyó desde un rango del 70% al 50% actualmente. En este sentido la política funcionó. Su lado menos luminoso es que desde los 90 no ha existido ningún esfuerzo por desarrollar una política industrial moderna, condición indispensable para conseguir un desarrollo sustentable, que no dependa solo de la explotación de nuestro rico stock de recursos naturales.
Una política industrial moderna depende fundamentalmente de la creación de capacidades de investigación, desarrollo e innovación y de procesos continuos de aumentos de la productividad. Está demostrado que para ello un rol significativo del Estado, en alianza con los sectores privados más innovadores, es indispensable. El dato duro es que después de 24 años de gobiernos de centroizquierda, la inversión en investigación e innovación alcanza al 0.38%, menos de la mitad de la de países como Brasil y Argentina, 10 veces menos que Japón y Suecia y 15 que Israel y Corea.
La ausencia de una política industrial moderna no puede ser achacada a los Tratados de Libre Comercio, como tampoco el que tengamos un gasto público del orden del 22% del PIB, con el que es imposible financiar bienes públicos de calidad en salud, educación y previsión social, indispensables para corregir las severas desigualdades que aquejan a nuestra sociedad.
La integración a la economía global, sin duda, impone restricciones, pero también permite un amplio margen para superar las limitaciones del modelo de crecimiento neoliberal. Para ello se requiere generar los acuerdos políticos y sociales que permitan establecer una conducción económica diferente.
En lo que sí tienen razón los críticos, es que este tratado en particular no tendrá un impacto significativo en el crecimiento, por la simple razón de que no es la falta de acceso a mercados externos lo que explica el mediocre desempeño de la economía los últimos años. Ello, justifica condicionar la aprobación del tratado en el Senado a acuerdos sustantivos en torno a una nueva política de desarrollo, que debería incluir como mínimo el compromiso de llegar a una inversión equivalente al 1% del PIB en ciencia y tecnología.
