Opinión
Como la realidad supera a Netflix, no podemos ser simplemente observadores del deterioro institucional y esperar su desenlace pegados a la pantalla de televisión. Nuestras instituciones, cuando se enfrentan a este tipo de escenario requieren –aparte de un fortalecimiento de ciertas virtudes cívicas– de medidas que introduzcan cuotas importantes de certidumbre a través de reglas claras. Parece ser necesario rediseñar el sistema de designación de cargos en el Ministerio Público, de modo de independizar, en algún grado, el nombramiento de los fiscales regionales de los procesos políticos, tal como hace algunos meses se propuso para el caso de notarios y conservadores de bienes raíces.
En la serie de hechos que atentan contra la confianza ciudadana, el Ministerio Público es el nuevo protagonista. Un Fiscal Regional acusado por su subalterno de eventual tráfico de influencia y obstrucción a la justicia y ese mismo Fiscal Regional denunciando una maquinación en su contra, son algunas de las declaraciones que –no muy decorosamente– hemos conocido a través de la prensa. Vaya trama, más aún considerando que, en paralelo, se desarrolla un conflicto que involucraría a jueces y narcotráfico. Tal como una buena película de suspenso, la incertidumbre es latente respecto a qué personaje será el próximo en caer.
Ahora bien, como la realidad supera a Netflix, no podemos ser simplemente observadores del deterioro institucional y esperar su desenlace pegados a la pantalla de televisión. Nuestras instituciones, cuando se enfrentan a este tipo de escenario requieren –aparte de un fortalecimiento de ciertas virtudes cívicas– de medidas que introduzcan cuotas importantes de certidumbre a través de reglas claras.
Para este caso ―como han sugerido algunos expertos― parece ser necesario rediseñar el sistema de designación de cargos en el Ministerio Público, de modo de independizar, en algún grado, el nombramiento de los fiscales regionales de los procesos políticos, tal como hace algunos meses se propuso para el caso de notarios y conservadores de bienes raíces, ya que es sabido que dichos cargos son un símbolo del amiguismo o, en el peor de los escenarios, una recompensa a favores políticos.
[cita tipo=»destaque»]Esta interrogante, por supuesto, no tiene una única respuesta. Ahora bien, la experiencia comparada muestra que se han logrado avances significativos cuando el interés obstruccionista se neutraliza. ¿Cuándo se ha logrado eso? Una alternativa para ello ha sido avanzar hacia una mayor competencia política, ya que en este escenario el oficialismo tendría el incentivo a reducir la discrecionalidad, dada la eventualidad de que la oposición alcance el poder. A lo anterior, aparte del rol que han tenido los organismos internacionales, hay que sumar lo gatillante que han sido los casos de corrupción, en donde los actores involucrados se han vistos obligados a dar una señal clara de seriedad institucional.[/cita]
No obstante, este tipo de reformas enfrentan una dificultad mayor: el interés obstruccionista de los actores involucrados. En este sentido, las personas que se benefician de la discrecionalidad y oscurantismo son, claramente, los principales opositores a que las reglas del juego cambien y, por eso, la pregunta clave se relaciona con cómo romper con el equilibrio de fuerzas que resulta en una institucionalidad lejana a lo socialmente deseado. O dicho de otro modo, ¿por qué los involucrados cambiarían las reglas actuales si estas les favorecen?
Esto aplica tanto a reformas como las mencionadas, que buscan asegurar cierta autonomía en los órganos llamados a contrapesar el poder político, como también a aquellas que pretenden aumentar la transparencia en la administración del Estado.
Esta interrogante, por supuesto, no tiene una única respuesta. Ahora bien, la experiencia comparada muestra que se han logrado avances significativos cuando el interés obstruccionista se neutraliza. ¿Cuándo se ha logrado eso? Una alternativa para ello ha sido avanzar hacia una mayor competencia política, ya que en este escenario el oficialismo tendría el incentivo a reducir la discrecionalidad, dada la eventualidad de que la oposición alcance el poder. A lo anterior, aparte del rol que han tenido los organismos internacionales, hay que sumar lo gatillante que han sido los casos de corrupción, en donde los actores involucrados se han vistos obligados a dar una señal clara de seriedad institucional.
Todo sugiere que lo último debiese aplicar a la trama de la Fiscalía y del Poder Judicial, con el fin de dar una señal clara de respeto al Estado de derecho. Debiese desarrollarse una investigación ágil y transparente en relación con los hechos ocurridos en Rancagua y, con posterioridad, un cambio real en las reglas del juego, de manera que la ciudadanía comprenda y crea que esta trama difícilmente se repetirá.
De todos modos, estas medidas, por muy necesarias que sean, no obvian un problema aún mayor: la falta de virtud de parte importante de la élite chilena.
