Según la oposición, el Sistema de Financiamiento Solidario (SFS), que se discutirá el martes 16 de abril en la comisión de Educación del Senado, presenta falencias que «amenazan la gratuidad», considerando su falta de regulación en el número de estudiantes y universidades, así como también su inexplicable distribución económica, ya que el Gobierno «pone a competir los recursos de la educación superior» con las necesidades que existen en otros ámbitos educacionales.
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En un programa especial de El Mostrador TV, el editor periodístico de El Mostrador, Héctor Cossio, conversó con el senador y presidente de la comisión de Educación del Senado, Juan Ignacio Latorre; el rector de la Universidad de Concepción, Carlos Saavedra; y rector de la Universidad de Valparaíso y vicepresidente del Consejo de Rectores, Aldo Valle, sobre la negativa del Gobierno a extender la gratuidad a los alumnos que se retrasen en sus carreras y el proyecto que crea un nuevo sistema de financiamiento solidario –CAE 2.0 de Sebastián Piñera–, que tendría un devastador efecto sobre la gratuidad misma.
El senador Latorre fue categórico y catalogó la iniciativa como una “amenaza a la gratuidad”, por lo que se espera que este martes no se apruebe la idea de legislar el proyecto de ley en la comisión de Educación del Senado.
Sobre el rechazo del Ejecutivo a ampliar la gratuidad a dos semestres adicionales a los estudiantes de educación superior que se han retrasado en sus carreras y que quedó de manifiesto con los dichos de la ministra de Educación Marcela Cubillos, que afirmó que esos dineros prefería ponerlos en otra urgencia, como la educación parvularia, el rector de la Udec aclaró que era un contrasentido poner en competencia dos necesidades urgentes con el fin de anular una.
Respecto al beneficio que se busca ampliar, Saavedra aclaró que “no existe país en el mundo donde una mayoría de los estudiantes se gradúe en el tiempo ideal de las carreras. Normalmente, a nivel internacional se asume que el tiempo de duración de las carreras universitarias es T+1, es decir, al menos un año adicional a la duración normal de los estudios”.
Para el vicepresidente del Cruch, Aldo Valle, el punto central es que “no se les puede imputar una responsabilidad moral a los estudiantes, cuando a un porcentaje tan importante de jóvenes, a partir de una condición socioeconómica y educacional de menoscabo, el Estado quiere someterlos a una condición distinta de la que tienen otros estudiantes, que por razones de cuna no se han expuesto a estas precariedades. Lo cierto es que, como política pública, nos parece injusta y daña al sistema de Educación Superior”.
El senador de Revolución Democrática (RD), por su parte, criticó la labor del Ejecutivo respecto a esta materia. “Este Gobierno ha intentado ideológicamente boicotear la gratuidad (…), ellos no creen en la gratuidad, pese a que están obligados a implementarla porque es una ley de la República y no tienen las mayorías en el Parlamento para echarla atrás”. Asimismo, aseguró que la intención del Gobierno es “poner a competir los recursos de la educación superior” con las necesidades que hay en otros ámbitos educacionales.
Respecto al Sistema de Financiamiento Solidario (SFS), el que se aprecia como un mecanismo dispuesto a acorralar una ley como es la gratuidad, Carlos Saavedra comentó que “claramente hay elementos discriminatorios”. “No existe regulación al número de estudiantes, no existe regulación a las carreras”, aseveró. En este contexto, Valle agregó que esta iniciativa “autoriza a las instituciones para cobrar 1,5 veces el arancel regulado”.
“Aquí lo que se quiere es utilizar recursos públicos para generar otro sistema menos regulado, porque no tiene exigencias, por ejemplo, en el número de años de acreditación (…). En consecuencia, si no pone una condición de acreditación avanzada, en definitiva, se está discriminando a las instituciones (…), se usa dinero público para que los estudiantes se tengan que endeudar”, afirmó el rector de la Universidad de Valparaíso.
Posteriormente, Latorre puso énfasis en la carta que se le envió al Gobierno, firmada por todos los senadores de oposición que integran la Cámara Alta, en la que manifestaron no estar disponibles para aprobar la idea de legislar de un proyecto. A su juicio, legislar sobre la materia constituye un “retroceso grave”, que “amenaza a largo plazo el sistema”. Su posible aprobación sería “darle luz verde a una tramitación donde todos los cambios relevantes solo los puede hacer el Ejecutivo”.
Por esta razón, espera que la oposición muestre coherencia, a fin de evitar que ocurra lo que ha pasado en la Reforma Tributaria, en que la DC quebró el acuerdo y votó a favor de la idea de legislar.
Para finalizar, Latorre subrayó que si el Gobierno está dispuesto a hacer los cambios estructurales que se piden, ellos podrían tramitar la iniciativa, pero, de no ser así, anticipa que no habrá un buen resultado.
