Opinión
Chile presenta hoy un conjunto amplio de hechos denotados como anomia institucional, pero que son más profundos que una simple descoordinación interinstitucional, y obedecen más bien a una crisis de armonía y sentido estratégico en la conducción política de un Estado, que no tiene ni comprensión ni liderazgo políticos para emprender su renovación en la profundidad requerida. Cada hecho que forma parte de esta cadena posee una significación individual, pero debe ser puesto en relación sistémica para entender cómo impacta la Seguridad Nacional, con un daño de reputación enorme para el país y un riesgo estratégico de sus estructuras políticas.
No sé cuánto más deberemos repetir que la Seguridad Nacional del Estado de Chile está seriamente amenazada. Lo más lamentable es que la elite política, parlamentaria y de Gobierno, no da señales de entender el problema. Es sorda y no actúa en un tema de Estado que requiere, además de preocupación y voluntad política transversal, de pericia técnica y política de Gobierno para dar con soluciones adecuadas.
Los deterioros que se vienen produciendo en el país tienen tres rasgos esenciales: primero, son situaciones de corrupción funcionaria altamente organizada con delitos graves de carácter financiero y contable en su núcleo; segundo, afectan directamente a instituciones armadas y de orden y seguridad en sus más altos mandos, y tienen impactos nocivos en la inteligencia y contrainteligencia de ellas; y tercero, generan impactos en cadena en los servicios estatales de justicia y de política exterior del país, creando una ecología de amenazas y riesgos de captura por parte del crimen organizado, potencias adversas o ineficiencia pura y simple en toda la línea estatal de conducción política del Estado. Particularmente en defensa, política militar, de orden y seguridad, de justicia y de política exterior.
La Seguridad Nacional de un país es un concepto difícil de definir en cuanto a los intereses que comprende. Pero la mayoría está de acuerdo en que, básicamente, consiste en la libertad y autonomía de la sociedad nacional, en cuanto a su viabilidad estratégica, su permanencia política, su integridad territorial y su identidad cultural, a través de un funcionamiento normal, pacífico y coherente de sus instituciones.
Chile presenta hoy un conjunto amplio de hechos denotados como anomia institucional, pero que son más profundos que una simple descoordinación interinstitucional, y obedecen más bien a una crisis de armonía y sentido estratégico en la conducción política de un Estado, que no tiene ni comprensión ni liderazgo políticos para emprender su renovación en la profundidad requerida.
Cada hecho que forma parte de esta cadena posee una significación individual, pero debe ser puesto en relación sistémica para entender cómo impacta la Seguridad Nacional, con un daño de reputación enorme para el país y un riesgo estratégico de sus estructuras políticas.
Las Fuerzas Armadas han quedado en el centro de este problema, luego de la comprobación de graves delitos de altos mandos en el manejo de fondos destinados a la adquisición de armamentos y a tareas de inteligencia. Malversación, cohecho y enriquecimiento ilícito maculan de corruptas a las fuerzas militares del país. Prácticamente no existen compras, sea de armamento, vituallas, servicios o medios técnicos, que no sean objeto de acusaciones de corrupción, conflictos de interés o que terminen judicializadas por manipulación de los procedimientos de adquisición.
El problema inicial está en la lista de proveedores y los procedimientos, y termina en escritorios de abogados privados que defienden con cargo al erario nacional la mala actuación funcionaria. Pasa con la ciberdefensa, el armamento o los botines, con todo lo que implica de carga moral para las propias instituciones.
Carabineros tiene una situación similar. Con el agravante de que la administración interna generó prácticamente una organización criminal para desfalcar al Estado, con un daño estructural al orden y seguridad de todo el país.
Ambas situaciones, la de Carabineros y del Ejército, arrastraron sendos problemas en la inteligencia nacional. La policía uniformada con montajes de pruebas para condenar a ciudadanos de la etnia mapuche y que, entregadas a la justicia, hacían prueba para condenarlos por terrorismo. Tal inteligencia ficticia intoxicaba tanto a los tribunales de justicia como también al poder político con falsas apreciaciones de seguridad, parte de las cuales fueron usadas en citas internacionales de intercambio de información, como ocurrió con el ex subsecretario del Interior Mahmud Aleuy y autoridades argentinas.
La contrainteligencia de las Fuerzas Armadas tampoco fue capaz de captar los problemas internos de corrupción, los que, sin control, han golpeado a la autoridad interna, la imagen y reputación de la institución y dejado prácticamente en ridículo a las autoridades civiles sectoriales encargadas de su control. El exceso de poder individual de un comandante en Jefe en una institución autonomizada y corporativizada en materia financiera y de gasto corriente, inevitablemente abre cauces a la corrupción en cualquier parte del mundo.
En esta cadena de hechos era inevitable también que los servicios de Justicia y el servicio exterior del país se vieran golpeados.
El Poder Judicial, además de intoxicación externa, presenta una crisis interna por temas de gobierno judicial y manejo de recursos, los que se mueven sin control de auditoría externa. Al uso ilegal de competencias meramente administrativas para crear organismos jurisdiccionales, se suma la creciente venalidad en altos tribunales de justicia, los conflictos de interés, el tráfico de cargos, las querellas de competencia con tribunales políticos como el Tribunal Constitucional, que inmovilizan partes importantes de la actividad del país.
Sin policía eficiente, con dudas en la política militar, con tribunales debilitados, la imagen de resiliencia del país se contrae en el medio internacional. Eso se llama vulnerabilidad.
Si ello llega al servicio exterior, el problema se agudiza. Solo quedan las corporaciones y el comercio para hacer política exterior. La seguidilla de escándalos por tráfico de personas, venta de visas y una serie de operaciones dudosas que han quedado en la oscuridad, acompañan la casi nula previsión y efectividad en el trabajo de la Cancillería, como quedó en evidencia con el juicio en La Haya con Perú, donde el país perdió una significativa porción de soberanía marítima.
Pero la privatización de las estructuras del Estado puede llegar a ser más profunda. En fecha reciente, 26 senadores han vuelto a pedirle al Ejecutivo apoyo para el empresario Carlos Cardoen en el juicio –hoy con petición de extradición– que este mantiene con Estados Unidos por venta de material estratégico prohibido a Irak. Ex ministros de relaciones exteriores chilenos, durante su ejercicio, como el socialista José Miguel Insulza, el PPD Heraldo Muñoz y Alfredo Moreno, durante el primer mandato de Sebastián Piñera, enviaron misivas al Gobierno estadounidense en defensa de Cardoen, de las cuales ese país ni siquiera acusó recibo.
Ello, pese a que ronda la incógnita sobre el hecho de que funcionarios chilenos habrían sustraído documentos secretos de la Cancillería, los habrían adulterado y, luego, estos habrían sido entregados como pruebas exculpatorias de Cardoen a los fiscales norteamericanos que investigaban su caso, lo que nunca ha sido desmentido por la Cancillería y podría ser el motivo del largo agravio de EE.UU. con Cardoen (vea la nota de El Mostrador aquí).
Según trascendió ahora, esta sería una de las aristas que tomaría en consideración el ministro de la Corte Suprema Carlos Aránguiz, quien tiene el encargo de seguir el procedimiento de extradición solicitado por Estados Unidos y cuya opinión será vital para la suerte del empresario.
Como es natural en política, el círculo de problemas de Seguridad Nacional, cuando ocurren, se cierra en la conducción política del Estado. De más está decir que la desaprensión y falta de pericia llevan a que los problemas se vean de manera aislada y las instituciones se encierren en soliloquios organizativos que las llevan de tumbo en tumbo o las tornan inactivas, como ocurre con la ANI.
Esa actitud alcanza incluso al Comité Político ampliado, un cenáculo que es y opera como club privado, sin reglamento, agenda ni responsabilidad pública, pero en el cual circulan los temas más delicados y secretos del Estado, como el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema, las decisiones sobre los servicios de inteligencia, las leyes de la Defensa, las policías o la política exterior.
Ese círculo político privilegiado, en el que participan el Presidente, ministros en ejercicio y los timoneles de los partidos oficialistas, en cualquier Gobierno debiera ser reglamentado y sujeto a control, sobre todo a la luz de la coyuntura de inseguridad nacional y corrupción en que se encuentra el país. Sus miembros, a excepción de los ministros y el Presidente, no tienen ninguna responsabilidad legal pese a la naturaleza de los hechos y situaciones sobre los que opinan.
En su composición actual tiene entre otros al presidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte, hijo del ministro de Justicia, y a Hugo Ortiz de Filippi, presidente del PRI, quien fuera abogado de la empresa peruana Aerocontinente, acusada en Chile de lavado de activos y propiedad de los hermanos Fernando y Lupe Zevallos Gonzáles, condenados en febrero de este año a 27 y 25 años de cárcel, en reincidencia, por lavado de activos y narcotráfico.
