EDITORIAL
Es de esperar que, junto con las frases para la galería y las declaraciones rimbombantes, los parlamentarios comiencen desde ya a trabajar –en paralelo– una ley que la reemplace inmediatamente una vez anulada. Al menos reglas claras que se establezcan para ese momento, mientras se discute, tramita y aprueba una nueva legislación que, efectivamente, solucione los problemas del sector, que los regule adecuadamente, que vele por los intereses de todos sus actores y no solo –o principalmente– por los de las denominadas siete familias.
Entre enero y marzo, dos comisiones de la Cámara de Diputados, las de Constitución y de Pesca, aprobaron “anular” la cuestionada Ley de Pesca, conocida también como “Ley Longueira”, por su ilegitimidad de origen.
Es entendible que se quiera eliminar de la vida jurídica una norma así, teñida de ilegitimidad por su corrupta tramitación, llena de presiones, dádivas y coimas; un recordatorio de algo que avergüenza al país. La Ley Longueira es uno de los puntos más negros del primer Gobierno de Sebastián Piñera.
Sin embargo, no se puede eliminar o dejar sin efecto esta ley sin que, en paralelo, se trabaje en la legislación que la reemplace o, a lo menos, se tenga muy claro el régimen transitorio aplicable una vez que esa norma deje de regir. Ya sabemos que los procesos legislativos son complejos y toman su tiempo, y la temática pesquera es especialmente enredada y hay múltiples actores interesados, con gran poder y cero capacidad de autocontención.
No se puede dejar sin regulación al sector pesquero, ni un segundo siquiera, ya que ello favorecería a los más poderosos –varios de los cuales participaron activamente en la corrupción ocurrida durante la tramitación de la ley que se pretende “anular”– y abriría la puerta al saqueo de los recursos pesqueros. Sería muy alto el costo de generar un vacío de regulación, una deconstrucción del Estado: gatillaría una competencia salvaje y sin control de la pesca.
[cita tipo=»destaque»]El Congreso está ante la oportunidad histórica de remediar el error garrafal que fue la aprobación de dicha ley, eliminar de nuestro ordenamiento jurídico una norma corrupta e ilegítima. Pero también tiene la oportunidad de hacer las cosas bien, seriamente, con responsabilidad y no solo pensando en los puntos que se pueden ganar en las encuestas.[/cita]
Por más ilegítima que sea la Ley Longueira, no es posible eliminarla para, recién ahí, empezar a discutir una nueva norma, hacer esto sería de una enorme complejidad técnica y política, dada la cantidad de intereses empresariales, laborales, sociales y medioambientales que están entrelazados en este tema.
Una nueva Ley de Pesca debe aspirar –obviamente– a ser una mejor ley que la “anulada” y, además, a solucionar los problemas de fondo del sector pesquero, considerando el bien común.
Por lo que es de esperar que, junto con las frases para la galería y las declaraciones rimbombantes, los parlamentarios comiencen desde ya a trabajar –en paralelo– una ley que la reemplace inmediatamente una vez anulada. Al menos reglas claras que se establezcan para ese momento, mientras se discute, tramita y aprueba una nueva legislación que, efectivamente, solucione los problemas del sector, que los regule adecuadamente, que vele por los intereses de todos sus actores y no solo –o principalmente– por los de las denominadas siete familias.
El Congreso está ante la oportunidad histórica de remediar el error garrafal que fue la aprobación de dicha ley, eliminar de nuestro ordenamiento jurídico una norma corrupta e ilegítima. Pero también tiene la oportunidad de hacer las cosas bien, seriamente, con responsabilidad y no solo pensando en los puntos que se pueden ganar en las encuestas.
