Opinión
Si bien el acuerdo del año pasado fue administrativo de mayorías, el costo que se pagó fue excesivo, porque este tenía una mala condición de origen, era liviano, sin una agenda programática y forzado por una DC soberbia, que dejó en situación de alta vulnerabilidad a esta nueva centroizquierda parlamentaria. La duda legítima ahora es saber si Gabriel Silber será un presidente de la Cámara de Diputados en oposición al Gobierno o estará a disposición a los diseños políticos de Piñera. Está por verse quién es quién.
Al iniciar este nuevo año parlamentario –que según los anuncios del Gobierno estará cargado de “proyectos emblemáticos”–, nos encontramos con definiciones políticas relevantes y una de esas es la renovación de la presidencia y vicepresidencias de la Cámara de Diputados y del Senado, como también de las presidencias para las respectivas comisiones, 19 en la primera y 14 en la segunda. Una decisión que ha tenido varios capítulos previos.
La novedad del 2018 fue el ingreso de la bancada del Frente Amplio (FA) y regionalistas al Parlamento, lo que implicó que los partidos de la ex Nueva Mayoría debían considerar un nuevo escenario, ya que el del binominal se había caído a pedazos. En la elección del 2017 estaba considerada la derrota de Alejandro Guiller, pero nunca estuvo en ningún cálculo la configuración de una nueva bancada como la del FA.
Medio destartalados, los ex concertacionistas salieron a buscar acuerdos, y lograr la mayoría en el Congreso era fundamental, porque estaba en juego cierta supervivencia de la centroizquierda que, aunque liviana y dividida, seguía siendo mayoría.
Los más dubitativos fueron los democratacristianos. La incomodidad de siempre con el PC, la candidatura presidencial forzada de Carolina Goic, la no configuración de listas parlamentarias y de Cores, sumado a los propios problemas internos, situó a la falange a la defensiva. Solo y únicamente cuando sumaron y restaron, atendieron que tenían una buena posición de negociación pese a sus malos resultados parlamentarios y que los votos les alcanzaban para estar en la pole position de todo acuerdo de oposición.
[cita tipo=»destaque»]Al revisar con atención las votaciones de la DC y radicales, la mayoría de sus parlamentarios votaron alineados con el Gobierno, lejos de cualquier articulación de oposición, lo que significó que el 2018 Piñera lograra la mayoría real en el Congreso y, de paso, ridiculizó el acuerdo administrativo de oposición. El ministro Blumel había hecho la pega y sacaba cuentas alegres. [/cita]
La Democracia Cristiana no reparó en manifestar desconfianza con esta nueva centroizquierda, lo que incluso les hizo pensar en estar dispuestos a cruzar a la vereda de la derecha, lo que fue un manejo escénico formidable en ese momento, ya que todos –PS, PPD, PC, Regionalistas y frenteamplistas– bajaron sus pretensiones para que la DC concurriera al acuerdo. Si bien fue un acuerdo administrativo de mayorías, el costo que se pagó durante el año fue excesivo, porque tenía una mala condición de origen, era liviano, sin una agenda programática y forzado por una DC soberbia, que dejó en situación de alta vulnerabilidad a esta nueva centroizquierda parlamentaria.
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, recorrió constantemente durante el primer semestre las oficinas de sus parlamentarios «regalones» de la DC, mientras que el subsecretario, Claudio Alvarado, hizo lo propio con los radicales.
Blumel también fue simpaticón y condescendiente con algunos parlamentarios frenteamplistas, ya que entendió a la perfección las instrucciones del jefe, quien leyó la vulnerabilidad de esta maltrecha llamada oposición. Sabían dónde conseguir los votos necesarios para determinados proyectos.
La jugada más hábil fue la convocatoria del Presidente Sebastián Piñera a las Comisiones Nacionales, ideales para dividir y fracturar. Concurrieron diputados y senadores de la derecha, la DC y hasta el FA , una convocatoria que resultó un dulce apetitoso para algunos parlamentarios de la frágil oposición, quienes se sintieron bendecidos por el llamado del Mandatario. De paso, con eso el Gobierno se mofaba del acuerdo administrativo de la oposición en la Cámara Baja.
Otro tema son las cinco materias de acuerdo nacional en las que no encontraremos avances significativos. En infancia no hay cambio alguno en el Sename, solo más presupuesto para los organismos prestadores de servicios; en pobreza, los números del desempleo están muy lejos de lo prometido; mientras que en seguridad hay poco y nada; y la muerte de Camilo Catrillanca volvió a foja cero la paz social de la Región de La Araucanía.
Tal era la poca proyección de estos acuerdos nacionales, que terminaron convertidos en simples mesas de trabajo, pero en lo que sí avanzó el Gobierno fue en la cercanía de Blumel con parlamentarios del FA y de la DC.
Durante el año legislativo existieron proyectos emblemáticos para La Moneda, que debían ser aprobados de todas formas: ley de migración, aumento del presupuesto a organismos prestadores del Sename (Ocas), implementación de cotizaciones de independientes y, por supuesto, detener la agenda valórica progresista implementada por el Gobierno anterior.
Al revisar con atención las votaciones de la DC y radicales, la mayoría de sus parlamentarios votaron alineados con el Gobierno, lejos de cualquier articulación de oposición, lo que significó que el 2018 Piñera lograra la mayoría real en el Congreso y, de paso, ridiculizó el acuerdo administrativo de oposición. El ministro Blumel había hecho la pega y sacaba cuentas alegres.
La duda legítima ahora es saber si la DC es un partido de centroizquierda y, por cierto, si Gabriel Silber será un presidente de la Cámara de Diputados en oposición al Gobierno o estará a disposición a los diseños políticos de Piñera. Está por verse quién es quién.
En estas condiciones será importante atender al temple del Frente Amplio para sostener su posición de no continuar con un acuerdo administrativo que no otorga mayoría y no es vinculativo a la centroizquierda. El haber transparentado lo que todos sabían y que no se discutía en público, tiene un costo administrativo y político para el FA, pero para el electorado que los llevó al Congreso es un acto de consecuencia política.
