Opinión
En la discusión sobre el agua ha existido un consenso que por más de 30 años ha permitido mantener intocables las condiciones y certezas para la ganancia de unos pocos. La pregunta entonces es: ¿el Gobierno y defensores del actual Código, seguirán amparados en este desgastado consenso para contener un nuevo desarrollo que permita enfrentar la actual crisis hídrica? No es posible impulsar un proyecto de reformas desde el Ejecutivo al Parlamento dialogando privilegiadamente con unos por sobre otros, con una mirada parcializada y anclada a un pasado que sigue generando precariedad y desigualdad.
En marzo del 2018, días después que Piñera asumiera su segundo mandato, el ministro Fontaine ya anunciaba a los medios de prensa las indicaciones que realizaría el Ejecutivo al proyecto de reformas al Código de Aguas impulsado por Bachelet, centradas en asegurar la certeza de la propiedad de los derechos de aguas como incentivo productivo.
Unos días atrás vuelve a ratificar lo anterior, pero cuyo anuncio pareciese más pensado en aprovechar la contingente agenda mediática para adelantar certezas políticas, en medio de crecientes conflictos por la escasez hídrica que nuevamente se agudizan.
Por ende, sabiendo del amplio rechazo social a la condición de derechos privados que posee Chile, a la concentración de estos según poder adquisitivo, el desigual impacto que genera la escasez, la especulación mercantil de derechos, la sobreexplotación de cauces y acuíferos, la creciente degradación ambiental y prolongación de sequías, todo lo anterior sabido por especialistas, usuarios y la esfera pública, cabe cuestionar: ¿por qué la insistencia del Gobierno por instalar la certeza jurídica sobre la propiedad privada de las aguas como principal problema a abordar?
Parte de la respuesta se encuentra en la férrea defensa al derecho de propiedad sobre el uso de las aguas que articuló al gran empresariado, en respuesta a las modificaciones al Código de Aguas que impulsó el Gobierno de Bachelet. Y aunque los propios impulsores han dejado en claro que no afectan la propiedad de los derechos entregados a la fecha –ni sustancialmente sobre los nuevos derechos, a excepción de su perpetuidad privada–, el despliegue de los grandes gremios industriales y agrícolas no ha escatimado en su ofensiva a lo que ha sido catalogado como “expropiación encubierta”. La razón es que, del total de agua que se consume a nivel nacional, más de un 70% se utiliza en la actividad agrícola (según ODEPA 2012, el 1,1% de los propietarios concentra el 82,6% de la superficie de explotaciones agropecuarias) y otro 20% para la minería e industria en general.
Desde el ingreso del proyecto de reforma al Código de Aguas se evidenciaba la falta de convicciones respecto a las mejoras en desarrollo y bienestar que trae para el país, las comunidades y su economía local, la recuperación de este bien. No solo por no cuestionar la perpetuidad de los derechos ya otorgados, sino también por haber promovido un diálogo más próximo a la Sociedad Nacional de Agricultura y la Sofofa, que con las organizaciones campesinas, comunitarias, ambientalistas, academia y gremios profesionales.
Muestra de ello es que, vía lobby de la gran agroindustria, desde un comienzo se le puso trabas de avance al ya limitado proyecto de reforma, y ahora con la indicación sustitutiva en beneficio de la “certeza jurídica de la propiedad”, se echaría pie atrás a lo relacionado con la entrega de concesiones temporales de agua, dependiendo solo del sistema de patentes por no uso.
Desde la creación del Código de Aguas y el giro hacia el modelo exportador, se han mantenido los instrumentos del Estado dirigidos a dar certezas a la inversión privada, fomentando la generación de productores y la expansión desregulada de los cultivos. Si bien se han ido perfeccionando mecanismos de focalización hacia pequeños productores, esto no ha modificado el incremento de concentración de tierras y derechos de aguas.
Así, a pesar de las premisas de los gobiernos a favor de la pequeña agricultura y campesinado, los instrumentos subsidiarios del Estado operan parcial y paliativamente regularizando derechos, subsidiando infraestructura, fomentando las organizaciones de usuarios de aguas (OUAs), aunque, sin embargo, ante la escasez hídrica, degradación ambiental, incapacidad de acceder a mercados competitivos y desniveles de poder en las OUAs, dichos esfuerzos resultan en desigualdades que fuerzan a los pequeños a la venta de sus derechos y el parcelamiento de sus tierras.
Por otra parte, las propuestas se han enfocado en disponer “oferta” de agua para su uso vía infraestructura de acumulación o diversificar fuentes (desalinizadoras), mediante modelos de negocios como oportunidad de privados y, por otro lado, la siempre presente demanda de regulación y fiscalización.
En cambio, esquivos han sido los gobiernos en impulsar capacidades de planificar y organizar la demanda del agua, en su diversidad de usos, en modelos de escala territorial. De ahí se plantea que, la necesidad de un nuevo Código de Agua que democratice tanto la propiedad del bien como la organización de usuarios sobre el bien, se complemente con otros instrumentos del Estado que intervienen en el bienestar y desarrollo de los territorios.
Para ello un ejemplo: en momentos donde ha tomado fuerza la discusión sobre una Política Nacional de Desarrollo Urbano, con diversos actores involucrados, tanto el abastecimiento de agua, los ecosistemas y la relación con el suelo no urbanizado marcarán las lógicas en cómo se intervienen y planifican las ciudades a distintas escalas, relación que queda al debe en las líneas impulsadas por el Gobierno.
Lo anterior refleja que en la discusión sobre el agua ha existido un consenso que por más de 30 años ha permitido mantener intocables las condiciones y certezas para la ganancia de unos pocos. La pregunta entonces es: ¿el Gobierno y defensores del actual Código, seguirán amparados en este desgastado consenso para contener un nuevo desarrollo que permita enfrentar la actual crisis hídrica? No es posible impulsar un proyecto de reformas desde el Ejecutivo al Parlamento dialogando privilegiadamente con unos por sobre otros, con una mirada parcializada y anclada a un pasado que sigue generando precariedad y desigualdad. Se abre el desafío, entonces, de articular las diversas iniciativas sociales, rurales y ciudadanas para una propuesta que democratice el agua, dando justicia y certezas para las mayorías.
