Opinión
Hay que ser claros en las consecuencias políticas que tendría un fallo desfavorable a la glosa de gratuidad y más aún en las responsabilidades que cada quien tendrá que asumir. Por lo pronto, es bueno despejar ciertos mitos que se han establecido. El diputado Jaime Bellolio ha dicho que de “ganar” el fallo, “solo podría haber más beneficiarios de la gratuidad, y nunca menos”. Extraña la falta de honestidad intelectual (ya que incapacidad matemática no tiene) para decir tamaña mentira. Si se tienen $536.620 millones aprobados en la glosa y eso alcanza para X número de alumnos con gratuidad, es matemáticamente imposible que los mismos recursos vayan a alcanzar para la misma gratuidad a más estudiantes.
Hoy sabremos el desenlace de la glosa presupuestaria más discutida del último tiempo. Todo comenzó el 21 de mayo, cuando la Presidenta Bachelet anunció que el año 2016, comenzaría el proceso de gratuidad en la educación superior, en particular para los estudiantes del 60% más vulnerable del país, pertenecientes a las Universidades del Consejo de Rectores o a Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales acreditados y sin fines de lucro. Anuncio lejos aún de la promesa presidencial de una gratuidad universal, idea que nos ha movilizado a muchos y por la que seguiremos luchando.
Ahora, sin perjuicio de la distancia respecto a las expectativas creadas, el anuncio presidencial sin duda intentaba dar un guiño al movimiento estudiantil, que más allá del aumento de recursos a la educación superior, se ve manifestado en la (consciente o inconsciente) frase: “Sin becas ni créditos”. Alguien podría considerar que es una mera frase en medio de un discurso presidencial, pero –consciente o inconscientemente– se trataba de la parte más significativa del anuncio. ¿Por qué? Porque la forma de financiamiento a través de becas genera varias distorsiones.
La primera es la brecha que se genera entre el arancel real y el arancel de referencia (monto máximo pagado por la beca o crédito). Las instituciones bajo una lógica de mercado, en su función maximizadora de ingresos, buscan “jugar” con la (in)elasticidad de la demanda, subiendo los aranceles hasta el máximo que los estudiantes están en condiciones de pagar (al contado o endeudándose) por esa diferencia, desvirtuando así el sentido mismo del financiamiento estatal. En segundo lugar, tener un sistema de becas sin ninguna regulación sobre la expansión de la oferta académica deriva en un pésimo incentivo para las instituciones que deseen postergar la pertinencia de carreras y número de cupos, por ingresos marginales superiores a sus costos marginales. En tercer lugar, las becas requieren –por lo general– un compromiso académico distinto por parte del estudiante con el Estado (ya sea de acceso o de permanencia).
Más allá de la valentía de afrontar el debate en estos términos (o desprolijidad en caso de haber sido inconscientes de su alcance), la hidalguía del anuncio no duró ni un solo día, ya que los detractores de la gratuidad en la educación instalaron de inmediato la idea de que este anuncio sería discriminatorio.
Muchos hemos sido críticos con la idea de impulsar una modificación al financiamiento sin que se asegure el buen uso de los recursos (esto implica detener efectivamente el lucro en el sistema, impedir la sobrepoblación de carreras sin futuro para los estudiantes, evitar que las carreras se alarguen innecesariamente, velar por adecuados contrapesos en la gobernanza de las instituciones, etc.), ya que de lo contrario se corría el riesgo de generar un retroceso en el debate.
De ahí que pueda explicarse las 7 u 8 posturas y anuncios que se fueron haciendo a lo largo del tiempo con respecto a la famosa glosa, como reflejo de las disputas corporativas que se dieron a nivel de instituciones por acceder a este beneficio transitorio.
Y en ese contexto fue como llegó la famosa “Glosa Presupuestaria”.
En resumen, esta establece que el “aporte por gratuidad” será voluntario para las instituciones, tanto para las Ues del CRUCh, para las Ues privadas con 4 años de acreditación, algún nivel de participación de la comunidad en sus estatutos y sin miembros con fines de lucro en la administración de la Universidad, y también para los CFT o IP acreditados por 4 años o más, que estén constituidos como “sin fines de lucro”. Dicho aporte será una fórmula entre el arancel real y 120% el arancel de referencia, por cada estudiante matriculado que pertenezca a los 5 primeros deciles de ingresos, y que no haya sobrepasado la duración formal de la carrera. A la institución se le exige que no aumenten la oferta académica más allá de un 2,7% (salvo para aquellos casos en los que existiera una planificación previa de expansión).
Es decir, si bien la asignación de los recursos se mantendría como un monto per cápita (en vez de una función compleja como se ha demandado), por primera vez se incluye la definición voluntaria de la institución para cumplir con ciertos –acotados– requisitos en caso de querer acceder a este nuevo sistema de financiamiento. Y al mismo tiempo, a diferencia de las becas, incluye a extranjeros que se hayan licenciado de educación media en Chile y cambia la relación de dependencia entre el estudiante y quien financia (el Estado), ya que no le exige rendimiento adicional al que tienen quienes pagan. Hay un trato académico sin distinción.
[cita tipo=»destaque»] Lo peor de todo, es que sin importar el desenlace de esta tímida intención de avanzar en gratuidad y calidad de educación superior a través de la Ley de Presupuestos, se retrocedió en el debate y en la posibilidad de construir una reforma de fondo a la educación superior. Todos los actores están divididos luego de la disputa corporativa por las lucas, el Gobierno con urgencia para enviar un proyecto improvisado y los estudiantes inciertos sobre las formas de financiamiento para el próximo año.[/cita]
Quienes se opusieron alegaron 3 tipos de argumentos. (i) El primero, de forma (argumento con el cual empatizo). No sería prudente hacer cambios como estos a través de la Ley de Presupuestos. No podría estar más de acuerdo, no es lo deseable, pero al momento de votar uno debe tener claras las consecuencias de sus actos. Era mantener un sistema de becas íntegro o realizar una modificación que tendría consecuencias positivas directas para miles de estudiantes y sus familias. (ii) El segundo alegato tiene que ver con el fondo: asignar recursos a las instituciones “imponiendo reglas” afectaría gravemente la “autonomía” de estas. Deslizan este argumento a pesar de que la glosa establece una forma de financiamiento a la que se adscribe voluntariamente y en caso de no tomar esta opción, se mantiene todo el sistema vigente de becas y créditos. También usan el término “autonomía” de modo engañoso, pero en fin, eso da para otra columna. (iii) El tercer alegato establece la discriminación que existiría porque, a pesar de incluir inéditamente a estudiantes de CFT, IP y Universidades Privadas nuevas, el CRUCh tendría condiciones distintas para acceder a este beneficio. Es decir, incluso habiendo abierto por primera vez la compuerta de los beneficios igualitarios a instituciones fuera del CRUCh, o sea, rompiendo la “discriminación” histórica que viene desde la dictadura (1981), mantienen la idea de que sería “discriminatorio”.
Los parlamentarios de “Chile Vamos”, o sea, de la derecha chilena (explícitamente contraria a la gratuidad por ser “injusta”), presentaron un requerimiento de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, alegando una serie de argumentos, de forma y de fondo. Bien explica Fernando Atria en una columna hoy (o el mismo en conjunto con Constanza Salgado hace unos meses) cómo el Tribunal Constitucional funciona como una tercera cámara sin tener legitimidad democrática, por lo que me referiré a un par de contradicciones.
El alegato sobre la “discriminación arbitraria a estudiantes” se ocupa para esconder una diferencia política que se tiene sobre los criterios (no arbitrarios, como acreditación de 4 años o que no exista duda sobre si tienen fines de lucro o no) que se establecen para que las instituciones (y no los estudiantes), puedan firmar un convenio de gratuidad con el Estado y por consiguiente asegurarles a los estudiantes de los 5 primeros deciles que no tendrán que pagar nada durante el 2016. Evidentemente aquí hay una diferencia política sustantiva (financiar a la oferta versus a la demanda), que no debería ser resuelta por el Tribunal Constitucional (aunque para ser claros, teniendo la derecha la mayoría en el Tribunal, podrían rechazar lo que quisieran).
Sobre la “discriminación a las instituciones fuera del CRUCh”, extraña que los diputados no hayan interpuesto un recurso por las Becas Bicentenario (exclusivas para estudiantes del CRUCh), ni por el Aporte Fiscal Directo (también sólo CRUCh), ambos ejemplos del doble estándar bajo el cual se opera (ambos mecanismos que otros sí hemos criticado).
Y sobre que procedimentalmente no corresponde establecer una diferencia como esta en la Ley de Presupuesto, dos joyitas. Durante el Gobierno de Piñera se establecieron 2 glosas interesantes para esta discusión: (i) Fondo Fortalecimiento CRUCh y (ii) Fondo Basal por Desempeño. Ambas a través de Ley de Presupuestos, ambas solo para el CRUCh. ¿Se presentaron en ese momento recursos de inconstitucionalidad por discriminación arbitraria o por ocupar la ley de presupuestos para cambios sustantivos?
¡Ya basta de hipocresías! Más allá de los argumentos jurídicos que se quieran inventar para el caso, lo cierto es que acá hay un objetivo político claro por parte de la derecha para impedir que la gratuidad se abra paso. Aunque sea tímidamente como lo propuso el Gobierno en esta Ley de Presupuestos.
Primero dicen que la prioridad debe estar en los niños (cuando entre la inversión en educación parvularia, la inversión permanente en ley de inclusión y en carrera docente reflejan que sin duda la prioridad presupuestaria está en los niveles iniciales). Luego, que no se puede partir dándoles gratuidad a los más ricos (argumento repetido cada 15 segundos por el diputado Kast, a pesar que la glosa establece nítidamente que se comenzará por los 5 deciles de menos ingresos). Luego que no puede discriminar entre CRUCh y no CRUCh, o que no se pueden discutir a través de Ley de Presupuestos (argumentos razonables con los que coincido y por los cuales se requiere un proyecto de ley de educación superior, pero que rayan en el absurdo cuando el mismo sector presentó desde el Gobierno en 2010 y 2011 glosas EN EL PRESUPUESTO para beneficiar a las mismas instituciones del CRUCh). ¡Basta ya!
En el fondo, no se trata de la glosa, no se trata de la “discriminación”, no se trata de nada más que 2 cosas: están en contra de la gratuidad universal y de quitar al mercado como elemento de asignación de recursos. El resto es música (bien performada, no hay dudas).
Hay que ser claros en las consecuencias políticas que tendría un fallo desfavorable a la glosa de gratuidad y más aún en las responsabilidades que cada quien tendrá que asumir. Por lo pronto, es bueno despejar ciertos mitos que se han establecido. El diputado Jaime Bellolio ha dicho que de “ganar” el fallo, “solo podría haber más beneficiarios de la gratuidad, y nunca menos”.
Extraña la falta de honestidad intelectual (ya que incapacidad matemática no tiene) para decir tamaña mentira. Si se tienen $536.620 millones aprobados en la glosa y eso alcanza para X número de alumnos con gratuidad, es matemáticamente imposible que los mismos recursos vayan a alcanzar para la misma gratuidad a más estudiantes.
Por lo tanto existen 2 alternativas: (i) o se disminuye la base de estudiantes beneficiados y se aumentan las instituciones elegibles, incluidas aquellas que están siendo investigadas por fines de lucro (llegando al 30% o 40% por ciento de los estudiantes más vulnerables máximo, en vez de 50%); o (ii) se llega al mismo 50% de estudiantes, a través de becas (las existentes son bicentenario, solo para CRUCh y las Nuevo Milenio o Juan Gómez Millas para el resto), manteniendo la misma discriminación que alegan en su requerimiento, con la agravante de que las instituciones pueden cobrar el copago que quieran y que los extranjeros residentes en Chile quedarán excluidos.
Lo peor de todo es que, sin importar el desenlace de esta tímida intención de avanzar en gratuidad y calidad de educación superior a través de la Ley de Presupuestos, se retrocedió en el debate y en la posibilidad de construir una reforma de fondo a la educación superior. Todos los actores están divididos luego de la disputa corporativa por las lucas, el Gobierno con urgencia para enviar un proyecto improvisado y los estudiantes inciertos sobre las formas de financiamiento para el próximo año.
Es decir, la derecha ganó por goleada sin importar los argumentos y sin siquiera importar el fallo del TC.
