CULTURA|MEDIOAMBIENTE
Los últimos episodios de intoxicación masiva ocurrieron en 2011, 2018 y 2022, pero los problemas datan de los años 60 del pasado siglo, cuando ya los agricultores de la zona reclamaron por la contaminación. No solo afecta al aire sino también al mar: en el año 2000, el Ministerio de Salud prohibió el consumo de mariscos de la zona, contaminados con metales pesados. Durante la dictadura, como gran medida ambiental, se elevó la altura de la chimenea de la instalación, que además pierde dinero desde 2009. En los años 80 surgieron los primeros estudios científicos, y también las movilizaciones. Desde 1990, varios decretos para el control de emisiones y planes de descontaminación intentaron poner atajo a la situación, pero fue en vano. Incluso algunas normas decretadas fueron derogadas a los pocos meses o rechazadas por «no ajustarse a derecho». La propia Red de Monitoreo ni siquiera estaba a cargo de las autoridades, sino de la propia empresa contaminante. Además, la norma chilena permite, en algunos casos, valores que triplican los recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
La fundición de Ventanas tiene un largo historial de denuncias de episodios de contaminación, en medio de repetidas situaciones de daño ambiental que han afectado a la zona de Quintero-Puchuncaví, en la Región de Valparaíso.
Pertenece a la Corporación del Cobre (Codelco) y fue fundada en 1964. Se encuentra en un polo industrial donde se levantan cuatro termoeléctricas a carbón y refinerías de crudo y cobre. En total hay 19 industrias contaminantes consideradas peligrosas.
Inicialmente perteneció a la Empresa Nacional de Minería (Enami), pero en 2003 pasó a Codelco. Es una de siete fundiciones existentes en el país y genera pérdidas desde 2009.
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Desde 1990 se emitieron varios decretos para medir y sancionar las emisiones, sin éxito. A eso se suma que la normativa chilena es mucho más laxa que la de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por ejemplo, en el caso del material particulado (MP10), Chile permite 150, pero la OMS solo 50.
«Las primeras protestas y diagnósticos sobre la realidad gravísima que estaba ocurriendo en la bahía ocurren a finales de los años 70 y a principios de los años 80. Desde ese momento en adelante empiezan a hacerse evidentes los procesos de contaminación que estaba sufriendo la bahía, fundamentalmente por las operaciones históricas que desde los sesenta venían contaminando el lugar», explica Matías Asun, el director nacional de Greenpeace.
Adicionalmente, la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente empezó a regir años después de que las empresas llegaran al lugar, por esta razón las compañías presentes en el lugar no fueron fiscalizadas por un largo periodo.
«Están las empresas que nunca han sido evaluadas medioambientalmente y, en el caso de la fundición de Codelco, nunca fue evaluada porque la Ley ambiental no existía y empezó a operar en 1997», sostiene Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram.
Fuente: Terram
Los episodios de contaminación han sido múltiples. El último ocurrió el pasado 9 de junio y afectó a 115 personas, la mayoría escolares, y obligó al cierre de los centros educativos.
Anteriormente, en 2018, debido a un episodio grave de contaminación, unas 600 personas de Quintero y Puchuncaví acudieron a centros médicos con un cuadro clínico atípico, como vómitos de sangre, dolores de cabeza, mareos, parálisis de las extremidades, además de extrañas ronchas en la piel de infantes.
En total, entre agosto y septiembre de 2018, fueron al menos tres los episodios de este tipo. A raíz de esto, la organización medioambiental Greenpeace calificó a esta zona como el «Chernóbil chileno». Entre las críticas se contó que la Red de Monitoreo era de Codelco, lo que generaba dudas sobre su fiabilidad.
En otro episodio, en 2011, una contaminación con azufre afectó a la escuela La Greda y dejó 31 niños intoxicados, con síntomas como picazón en los ojos, vómitos y desorientación. Estaba ubicada a apenas 500 metros de la fundición y el Gobierno de la época anunció su cierre.
Todos estos episodios ocurrieron tras años de estudios científicos, decretos y planes de descontaminación.
«Quizás los peores episodios de contaminación que han marcado la historia del lugar están concentrados en el año 2011, con la crisis que siguieron a los conflictos en (la escuela) La Greda y a la oferta del ministro de la época, (Jaime) Mañalich, de haber suspendido las operaciones de la fundición, pero que finalmente nunca se concretaron. Luego también, durante esa misma época, bajo el primer Gobierno de Michelle Bachelet, en los últimos días, la noticia que fue descubierta por Wikileaks y que fue la aprobación ilegal, contra toda normativa, de la termoeléctrica Campiche», afirma el director nacional de Greenpeace.
Los episodios de contaminación continuaron hasta el día de hoy, lo que movilizó a los residentes de la zona y a organizaciones medioambientales.
«Luego de múltiples crisis medioambientales, del surgimiento de una resistencia local que no se quedó callada nunca, quizás lo más importante es recordar el año 2016, con los vertidos y derrames de petróleo que han continuado prácticamente uno por año a partir de ese momento en adelante; el año 2018, en el que finalmente ocurren los escándalos y las intoxicaciones y vemos este verdadero escándalo, en donde las industrias se tiraban la pelota entre ellos mismos, sin hacerse cargo, que terminaron con un fallo histórico de la Corte Suprema reconociendo que se vulneraban los derechos humanos y del cual participaron la Defensoría de la Niñez, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y varias organizaciones medioambientales y de resistencia en la zona. Eso marca un punto de inflexión muy significativo», agrega Asun.
Los problemas de las industrias de la zona son de vieja data. Ya en 1968, el Ministerio de Agricultura ofició a la Enami por daños a los agricultores de la zona. En plena dictadura, en 1977, se realizó un aumento en la altura de la chimenea de la fundición como medida ambiental.
Pero los problemas persistieron. En 1979, los vecinos contactaron al fallecido profesor universitario Jaime Chiang Acosta, quien elaboró los primeros estudios sobre contaminación por arsénico en la zona. En 1985, el académico realizó el primero de ellos, titulado “Determinación de metales pesados en sedimento atmosférico en zona de Puchuncaví-Quintero”.
Tras el retorno de la democracia, en 1990, la fundición reconoció problemas de contaminación en su producción. Ese año se creó el Comité de Defensa del Medio Ambiente Puchuncaví.
Fuente: Terram
En 1991, mediante el Decreto Supremo 185 del Ministerio de Minería, dirigido en aquel momento por el fallecido Juan Hamilton, se regularon las emanaciones de anhídrido sulfuroso, material particulado y arsénico, lo que incluyó a plantas como Ventanas.
Allí se establecieron normas de concentración de material particulado en el aire y, entre otras medidas, se obligó a llevar un registro de las emisiones y a solicitar una evaluación del Servicio de Salud local. También se fijaron sanciones.
En su artículo 4, incluso señalaba explícitamente que «la Empresa Nacional de Minería y Chilgener S.A., deberán instalar una red de monitoreo permanente de calidad del aire, en la zona circundante al Complejo Industrial Ventanas, 30 días después de la publicación de este Decreto y presentar un Plan de Descontaminación antes del 31 de julio de 1992».
Asimismo, el mismo año, el Gobierno y las empresas presentaron el Programa Ambiental de Ventanas (PAV) y propusieron un Plan de Descontaminación. En 1992, se inauguró una Red de Monitoreo y, un año después, mediante un decreto, se publicó el Plan.
En otros momentos, la acción del Estado fue errática. Así lo señala el documento «La negligente realidad de la Bahía de Quintero», de Fundación Terram, 2018.
Por ejemplo, si bien el año 1994, a través del D.S. N° 477/1994 del Ministerio de Salud, se estableció una norma primaria de calidad del aire para arsénico, esta fue derogada través del D.S. N° 1.364 del mismo año, de la misma secretaría de Estado, a solo meses de ser promulgada, «con el incomprensible argumento de que dada la importancia que revestía la norma de arsénico, era necesario esperar la dictación del reglamento que regulara el procedimiento específico para la elaboración de normas primarias y secundarias de calidad ambiental, el cual fue promulgado en el año 1995».
«Desde la dictación del respectivo reglamento, han transcurrido 23 años sin que todavía exista una norma de calidad primaria de arsénico», señala.
En los hechos, las medidas no surtieron efecto. En 1994, el Ministerio de Agricultura declaró al área circundante al complejo industrial Ventanas como «saturada por anhídrido sulfuroso y material particulado».
En 1997 se aprobó el primer Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA), pero hasta 2018 ninguna de las empresas de la zona habían sido evaluadas ambientalmente en su operación principal, dado que la norma no era retroactiva.
Un ejemplo de esto ocurrió en 2016, cuando la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) procedió a formular cargos en contra de Codelco, propietaria de la Fundición y Refinería Ventanas, tras detectar 13 incumplimientos ambientales.
Sin embargo, como esta instalación industrial data de 1964, solo las modificaciones o ampliaciones que se han realizado al proyecto en forma posterior a 1997 (11 Resoluciones de Calificación Ambiental mediante DIA) fueron objeto de fiscalización, quedando otros procesos fuera del marco de acción de la SMA.
La contaminación llegó a tal grado que, en el año 2000, la autoridad sanitaria prohibió la venta y cultivo de moluscos a pescadores de Ventanas por altos niveles cadmio, arsénico y cobre.
Con el fin de reducir las emisiones contaminantes, en 2013 la refinería cerró su Planta de Metales Nobles que producía oro y plata electrolítica, reduciendo un 33% sus emisiones atmosféricas. Pero no fue suficiente.
En 2015, el lugar se declaró zona saturada de material particulado (MP25) y latente en MP10, mediante un decreto del Ministerio del Medio Ambiente.
El fracaso de la norma en sus objetivos era evidente, pero faltaba un ejemplo icónico. Y ocurrió en 2016.
Ese año, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó un Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. Sin embargo, fue rechazado por la Contraloría General de la República en 2017, «por no ajustarse a derecho».
En relación con los últimos anuncios de Codelco y el Gobierno, Flavia Liberona recuerda que en distintas ocasiones ya se habían dado señales del cierre de la Fundición Ventanas, debido a que es la central que más contamina en la zona.
«El año 2011 hubo una contaminación en la escuela la Greda y Codelco fue a dar muestras de buen comportamiento, porque ellos también tenían algún grado de responsabilidad en ese momento y luego en las contaminaciones del 2018. Entonces, sobre todo cuando hay peak de dióxido de azufre, se sindica a la fundición como uno de los grandes responsables. Si uno mira todos los datos oficiales que están en el inventario nacional de emisiones, las emisiones de dióxido de azufre, en Valparaíso, son fundamentalmente de la fundición y de las termoeléctricas, pero mayoritariamente de la fundición», puntualiza Liberona.
En ese sentido, la directora ejecutiva de Fundación Terram sostuvo que la decisión de Codelco es «una medida valiente y acertada», pero que es importante entender que es un cambio que demorará varios años.
«El Gobierno y el directorio han presentado un plan para el cierre de Ventanas. No es que la fundición se apague mañana, es un plan que requiere de la aprobación de una ley después de un registro del Sernageomin y tiene varios pasos. Más o menos, se estipula que en el plazo de cinco años se podrían haber apagado los hornos y desmantelado la fundición. Además de ello, han dicho que se van a construir nuevas fundiciones y creo que también deben dar a conocer un plan para la construcción de nuevas fundiciones de cobre de Codelco», concluye Liberona.
