Parte importante de los dineros habría sido sacado del presupuesto programático de regiones
Durante un mes y medio la Contraloría levantó información sobre el financiamiento de 3 mil millones de pesos que costó el programa veraniego del Gobierno. El acento estuvo puesto en las adjudicaciones por cerca de un millón y medio de dólares que se ganó, en poco menos de tres meses, una sola productora que en periodos anteriores había tenido una participación marginal. Los trabajadores del Consejo de la Cultura, en tanto, declararon el quiebre total con la ministra Claudia Barattini –quien por estos días se encuentra en la Bienal de Venecia, en Italia– por «falta de transparencia y dilación» en el proceso de traspaso a la nueva institucionalidad llamada Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
A comienzos de enero de este año, la Presidenta Bachelet, el vocero de gobierno Álvaro Elizalde y la ministra de Cultura, Claudia Barattini, dieron el vamos, en la Playa Chica de Cartagena, a uno de los programas veraniegos y de acceso a la cultura más ambiciosos de la Nueva Mayoría, que consistía en llegar con actividades artísticas a más de dos millones de personas en todas las regiones del país. El programa fue bautizado como «Verano para todos y todas».
Mientras se desarrollaban las actividades, una buena parte de ellas consistentes en shows musicales masivos a cargo de Dj Méndez, Leo Rey, American Sound y Mario Guerrero, entre otros artistas, y shows humorísticos encabezados por Palta Meléndez, el departamento de Auditoría de la Contraloría se dejó caer en el Consejo de la Cultura y las Artes para llevar a cabo una investigación especial sobre el modo de financiamiento que estaba teniendo este programa de Bachelet, que costó más de 3 mil millones de pesos.
En un plazo de un mes y medio –de mediados de febrero hasta fines de marzo–, el órgano fiscalizador levantó información sobre 49 adjudicaciones, vía Convenio Marco, que en un plazo inferior a tres meses se ganó la empresa Nirvana Ambientes Limitada, de propiedad de Pedro Castro Cuadros –ex delegado del Consejo de la Música para la Feria Womex del 2009–, por las que facturó cerca de un millón y medio de dólares al Consejo de la Cultura. Esta situación llamó la atención del órgano fiscalizador, ya que la empresa proveedora, en años anteriores, se había adjudicado un máximo de cuatro proyectos anuales, por montos totales no superiores a $60 millones.
Dos meses antes de que la empresa Nirvana comenzara a facturar para «Verano para todos», esta empresa proveedora –solo en el mes de diciembre de 2014– se adjudicó cuatro Convenios Marco, por más de $140 millones, para producir, entre otros proyectos, las inauguraciones de los centros de creación para jóvenes (Cecrea) en Arica y Valdivia. Esta última inauguración, calificada como sencilla por gestores culturales de la Región de Los Ríos (no contó con autoridades centrales y los shows estuvieron a cargo exclusivamente de artistas locales), le costó al CNCA más de $43 millones, por una tarde. Una cifra considerada por los propios gestores culturales de la región como desproporcionada para la magnitud del evento.
Otro de los puntos que concentró la atención de la Contraloría, fue la rapidez con la que se concretaron los negocios. Así como otras empresas del rubro requieren semanas para una enviar una cotización dependiendo de la disponibilidad de agenda de los artistas, la empresa Nirvana lograba concretar los negocios en tiempo récord: entre la solicitud de cotización y la orden de compra, que coincidía con la fecha de realización del evento, pasaban entre uno y dos días.
Estas adjudicaciones convergen, en el mismo periodo, con la contratación por parte del CNCA del productor Pablo Rodríguez Toledo, para encargarse –según fuentes de Consejo– de todas las actividades en terreno de la ministra Claudia Barattini con la finalidad de levantar su figura pública, debido a que en todas las encuestas, incluidas la última de Adimark, aparece como una de las ministras de Estado más desconocidas por la gente, y que por estos días, en que se anuncia cambio de gabinete, se encuentra en Italia en la Bienal de Venecia.
Para cubrir las 1.200 actividades que anunció Bachelet, Rodríguez tuvo que incluir una serie de actividades regionales, que no fueron organizadas para el programa de «Verano para todos y todas» sino que eran parte de las actividades comunes de las regiones, planificadas con anterioridad, y que se incluyeron como parte del programa especial para otorgarle cobertura nacional, como da cuenta una serie de correos electrónicos a las oficinas regionales de CNCA, exigiendo de manera perentoria informar sobre todas las actividades de verano. Rodríguez trabajó hasta el 31 de marzo, fecha en que terminó «Verano para todos y todas».
Contactado por este medio, Pablo Rodríguez, confirmó el término de contrato en la fecha mencionada, pero se excusó de emitir mayores comentarios, sugiriendo que el CNCA debiera dar respuestas.
Fuentes del Consejo afirman que el programa «Verano para todos y todas» fue una actividad planificada por La Moneda, con el concurso de diversos ministerios, que compartirían la organización y también los costos. La coordinación general finalmente recayó en Nicolás Cruz, jefe de gabinete de la ministra Barattini, y los costos totales de $3.000 millones en Cultura.
Lo complejo del asunto fue que al no formar parte este programa del presupuesto del CNCA, solicitado de manera exploratoria a la Dipres y luego confirmado por la misma dirección, en el Consejo comenzaron a producirse en el mes de abril una serie de recortes presupuestarios que afectaron principalmente a los programas de descentralización y educación en regiones.
En menos de un mes se recortaron $1.000 millones al programa Red Cultura, $541 millones al programa de educación Acciona, más de $100 millones al programa Acceso. En la misma fecha se informó a las oficinas regionales que venía un segundo recorte presupuestario, que aún no se ha concretado
Estas disminuciones, junto con tomar por sorpresa a los programas, fueron sumándose a una serie de eventos que mantienen un clima laboral debilitado al interior del CNCA. La molestia radicaba en la contradicción de sufrir recortes presupuestarios en circunstancias que este año el presupuesto del CNCA había aumentado en un 28 por cierto, dinero que según las glosas se destinaría precisamente a los programas de regiones.
El Mostrador Cultura+Ciudad se contactó hace semanas con la dirección de comunicaciones del CNCA para obtener una versión sobre la investigación de la Contraloría y la relación entre el financiamiento de este programa y los recortes presupuestarios, pero el Consejo dilató su respuesta por tiempo indefinido sin dar curso alguno a los requerimientos de este medio.
Tras una extensa reunión entre Manon Herrera, presidenta de Anfucultura, y Lilia Concha, subdirectora del CNCA, la organización gremial a través de un comunicado público declaró el quiebre total con las autoridades del Consejo y la congelación del diálogo.
«Hoy, como trabajadores hemos llegado a la firme convicción que no existe posibilidad de diálogo con la actual autoridad de cultura. No nos ha entregado las garantías mínimas que nos den la confianza y seguridad para desarrollar un proceso de traspaso a la nueva institucionalidad que garantice mejoras para los trabajadores», sostienen en la declaración.
La autoridad –prosiguen– «no supo interpretar el mandato de participación de la Presidenta ni poner en marcha un proceso de participación real y efectiva con los trabajadores de los tres órganos (CNCA, CMN y DIBAM)».
«Consideramos que ha habido falta de transparencia y dilación en la entrega de información, excusando su incapacidad de tomar acuerdos en la necesidad de consultar con la Dipres cada una de nuestras solicitudes. En este sentido, entendemos que son el Ministerio de Hacienda y también el Parlamento nuestros interlocutores válidos en este proceso», sentencian.
