BRAGA
Créditos: Foto de Javier Salvo/ Aton Chile
“La violencia contra las mujeres no se reduce al ámbito doméstico, no se reduce al ámbito de la pareja, no tiene que ver sólo con violencia física o psicológica, sino que precisamente estas manifestaciones se enmarcan en situaciones violentas a nivel estructural, que son igual de graves”, analiza la Abogada de Abofem, Bárbara Sepúlveda.
En el marco de los 16 días de activismo por la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, muchos estudios en Chile y el mundo han calificado la violencia de género como una pandemia que se ha llevado más vidas de mujeres que el Covid-19, para abordar esta importante problemática, conversaron con El Mostrador Braga, la abogada y directora ejecutiva de Abofem, especialista en derecho constitucional y precandidata para la Convención Constitucional, Bárbara Sepúlveda; la directora ejecutiva de Miles Chile, Anita Peña Saavedra y la presidenta de la ONG Acción Mujer y Madre, Virginia Palma Erpel.
Y es que, ¿cómo defenderte de tu agresor físico o psicológico en medio de un encierro que te obliga a convivir con él?
Con esta duda en mente, la Corporación Miles Chile, realizó un estudio durante septiembre de este año, en colaboración con el Centro de Estudios de la Mujer (CEM) el cual reveló que una de cada tres mujeres reconoce haber vivido algún tipo de violencia en el contexto de pandemia. De ellas, un 89% sufrió violencia psicológica que se tradujo en descalificaciones, humillaciones y malos tratos, seguida de un 13.5% que reconoce violencia económica y por expresión de género.
En ese sentido, una de cada cinco personas menores de 18 años afirmó no sentir la libertad para expresar sus preferencias, gustos o intereses sexuales con su pareja. Y una de cada cuatro, se sintió en riesgo físico.
Asimismo, el 80% de las mujeres encuestadas se vio dificultada para tomar decisiones económicas con autonomía, y un 5.5% fueron víctimas de violencia sexual al tener relaciones sexuales sin consentimiento. La encuesta también da cuenta de que un 57% de las mujeres prefirió mantener silencio durante una pelea, y que alguien le puso problemas para contactarse con amigos o familiares.
Miles también evaluó los mecanismos de denuncia disponibles y el impacto que tienen en las personas. Si bien las encuestadas conocen los servicios de respuesta institucionales a la violencia, no acuden a ellos: Solo un 1% responde que acudiría a Carabineros, utilizaría los servicios de orientación dispuestos por el Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género o los números telefónicos de la policía. El 79% de las encuestadas optaría por sus redes personales frente a una agresión.
Este distanciamiento de las personas respecto de los servicios de violencia de género puede explicarse con las malas evaluaciones que hacen quiénes los han utilizado: según el estudio, un 60% de las personas que han utilizado alguno de estos métodos gubernamentales los evalúan con las peores calificaciones.
Este año el coronavirus se tomó la agenda pública, además de las energías y foco del gobierno, de todas formas, es importante reconocer los logros y recordar los pendientes. Para ello, conversamos con la abogada y directora ejecutiva de Abofem, especialista en derecho constitucional y precandidata para la Convención Constitucional, Bárbara Sepúlveda.
A principio de año, entró en vigencia el Protocolo Facultativo de la CEDAW, el cual busca que los Estados parte adopten un compromiso respecto de condenar la discriminación contra la mujer en todas sus formas y sigan por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a ello.
Luego vino la Ley Gabriela, la cual amplía la tipificación del femicidio, incorporando la figura de “Femicidio no íntimo”, por lo que ahora si hay un asesinato propiciado por un pololo a su polola, si se puede investigar y condenar como un femicidio, entre otras cosas. Para Sepúlveda, con ello “Chile se pone a la altura de la legislación extranjera en esta materia, que tiene otros estándares, porque acá era uno de los países que tenía un tipo de femicidio de los más restrictivos”.
Otro avance fue la aprobación del proyecto que permite que las mujeres se casen en segundas nupcias, sin tener que esperar el rango de tiempo de 270 días, una espera que los hombres nunca tuvieron que hacer. Sin embargo, para Sepúlveda, además de esta modificación, esto debería ir de la mano de varias reformas que correspondería hacerse a la ley de matrimonio en varios sentidos.
“Primero, que las mujeres y los hombres puedan administrar la sociedad conyugal. Porque esa ley es muy discriminatoria, obliga a las mujeres a pedir autorización del marido para administrar sus propios bienes, y sobre los bienes comunes no tiene nada que hacer. Es en esos casos que nos encontramos ante los grandes absurdos de las legislaciones”, cuenta.
Otro punto importante, es entender que la violencia como tal es un concepto demasiado general, y que existen distintos tipos y diversas razones por las cuales alguien puede ser víctima de ella. Por lo que el proyecto de ley “integral” que asegura el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, el cual desde 2019 no avanza en su discusión, es a ojos de las expertas una medida insuficiente.
Para la directora ejecutiva de Miles Chile, Anita Peña Saavedra, ha sido lamentable la discusión presupuestaria, la cual no garantiza el fortalecimiento de la respuesta integral en prevención y atención de la violencia de género. A esto suma la falta de liderazgo en promover la discusión de este proyecto.
“La violencia contra las mujeres no se reduce al ámbito doméstico, no se reduce al ámbito de la pareja, no tiene que ver sólo con violencia física o psicológica, sino que precisamente estas manifestaciones se enmarcan en situaciones violentas a nivel estructural, que son igual de graves”, analiza Sepúlveda.
Esta violencia estructural se ve reflejada en cosas como que la desigualdad económica entre el hombre y la mujer sea grande todavía en nuestro país, que las mujeres estén en un nivel de pobreza multidimensional mucho más profundo, la existencia de “restricciones también para el ejercicio de los derechos sobre el propio cuerpo, que todavía se penaliza y criminaliza el aborto. Creo que son todas esas manifestaciones de una discriminación y una desigualdad estructural que enmarcan la violencia contra las mujeres”, dice la abogada.
Misma postura comparte Peña, ya que una de cada tres mujeres no tuvo acceso a anticonceptivos durante esta pandemia, lo que tendrá como resultado un aumento de embarazos no deseados, “situación que reproduce la violencia estructural hacia las mujeres. De hecho, el UNFPA, el Fondo de Población de Naciones Unidas, proyecta para Chile al menos 18.000 embarazos no deseados y también identifica que hay 140 mil mujeres que han descontinuado el uso de anticonceptivos y eso se debe a consecuencia de un Estado que no está garantizando el acceso a los servicios de salud reproductiva, que son esenciales. Y eso nuevamente, reproducir la violencia estructural hacia las mujeres. Y ahí tenemos a una ministra de la Mujer ausente y también a un ministro de Salud ausente”.
Otro punto que se pone sobre la mesa es la corresponsabilidad parental, en cuanto al retiro del 10% de la AFP y su retención por deuda de pensión de alimentos, la presidenta de la ONG Acción Mujer y Madre, Virginia Palma Erpel, explica que existe un 84% de personas obligadas a pagar pensión de alimentos morosas y serían cerca de 500 mil causas las que podrían acogerse a esta normativa. “Esto representa entonces, una deuda de $180.000 millones, la cual significa que setenta mil alimentarios, principalmente niños, niñas y adolescentes, no reciben lo que por ley les corresponde”.
Para Palma, esta situación no sólo denota que se les está privando de un derecho fundamental y básico a niñas, niños y adolescentes, sino que además “se puede ver la sobre exigencia y por ende, la violencia que se ejerce sobre las mujeres madres, quienes quedan a cargo del cuidado hijas e hijos”.
Estos fenómenos muchas veces se han entendieron como aislados, pero tienen un origen en una concepción social de las mujeres, de menosprecio al hecho de ser mujeres, de ser vistas, para las expertas, en un sentido jerárquico como inferiores y que reproduce la lógica de la existencia de una ciudadanía de segunda clase, lo que además, se va a profundizando mucho más dependiendo de otros factores que se vayan interceptando: como ser de una etnia, pertenecer a un pueblo originario, estar en situación de discapacidad, ser adulta mayor, ser lesbiana, trans, tu tono de piel
“Debemos educar al respecto, debemos forjar una campaña sin tregua ni fecha, que no haya épocas sin recordar la violencia que recibimos y todas las acciones que debemos ejecutar para que esto deje de ocurrir. Debe ser una causa constante y educativa. Necesitamos que niñas y niños identifiquen este tema, para evitar futuras muertes, asesinatos y femicidios”, finaliza Palma.
