BRAGA
Crédito: Agencia Uno
Actualmente las trabajadoras de casa particular se sienten a la deriva y desamparadas ante la ley. Muchas de ellas han sido despedidas por sus empleadores, otras no tienen contrato de trabajo, algunas han pasado a desempeñar sus funciones puertas adentro, estado que las priva por completo de ver a sus familiares. Estas son solo algunas de las situaciones que han enfrentado las empleadas en este período de crisis sanitaria, la cual ha dejado ver las precarias condiciones con las que lidian desde hace años, es por eso que desde el Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular han impulsado una campaña que pretende valorizar el trabajo doméstico y exigir al Estado saldar su deuda en cuanto a derechos laborales.
Una triste realidad están viviendo las trabajadoras de casa particular producto de la crisis sanitaria. Dada la difícil situación económica que viven miles de chilenos y chilenas, muchas de estas trabajadoras han sido despedidas, porque sus empleadores no tienen cómo pagarles, otras no pueden acudir a su trabajo por la cuarentena, situación que las lleva a esperar que su empleador “de buena voluntad” continúe pagándoles su sueldo o al menos sus cotizaciones, otras han optado como última medida transformarse en empleadas puertas adentro, pero esto las privaría de ver a su familia por largos períodos de tiempo.
Sin duda alguna es complejo el escenario que están viviendo estas trabajadoras, por lo que la presidenta del Sindicato de Casa Particular (Sintracap), Luz Vidal, conversó sobre esta situación en detalle en una entrevista exclusiva con El Mostrador Braga.
Según cuenta Luz la mayoría de estas trabajadoras eran las encargadas de sostener sus hogares, pero hoy muchas de ellas se encuentran cesantes sin ayuda del Estado y desprotegidas por la ley. “Son mujeres trabajadoras que todos los días salen a trabajar, que todos los días se levantan a las 5, 6 de la mañana, dejan a sus hijos con comida hecha y salen a buscar el pan de cada día, ¡el pan de cada día!, si ellas no trabajan, no tienen el pan en su casa. Esa es la realidad en la que nos encontramos en la pandemia”, dijo la dirigente sindical.
“Esta situación es especialmente compleja porque, en primer lugar, fueron las primeras trabajadoras en estar más expuestas al contagio, al trabajar en el sector oriente de la capital y/o con personas que podían venir contagiadas desde el exterior”, señaló la socia de la Comisión Laboral de la asociación de Abogadas Feministas (Abofem), Carol Ortiz Romo.
Aparte, la abogada comentó que “las trabajadoras a través de sus organizaciones sindicales (Sintracap), han denunciado irregularidades laborales, como el cambio de modalidad de trabajo, donde se les ha obligado a trabajar puertas adentro en una especie de “confinamiento forzoso” (con la posible sobrecarga de trabajo que ello implica), han recibido amenazas de despido o simplemente se les ha suspendido de “facto” sus vínculos laborales, y digo esto último porque más de la mitad de las trabajadoras que realizan estas labores lo hace de manera informal, es decir, sin contrato de trabajo ni mucho menos cotizaciones previsionales, por lo que en esta crisis sanitaria han quedado completamente a la deriva”.
Actualmente el trabajo que ellas realizan no es considerado de primera necesidad, por lo tanto no se les permite ir a trabajar, situación que lleva a Luz a preguntarse ¿qué pueden hacer? “Incluso hoy en día las que están puertas adentro tampoco pueden salir, porque no tienen ninguna facilidad de poder decidir que después de 15 días de estar trabajando, volver a sus lugares de residencia, por lo tanto están ahí sin medidas”.
“No es su casa, no se pueden desconectar, la salud mental, ¿cómo les va a repercutir todo eso en la salud mental de las trabajadoras? Siendo que el Instituto de Salud Pública (ISP) no se hace cargo. En Chile la salud mental es carísima. Sólo por el estallido social nosotras veíamos el año pasado las consecuencias, el miedo de llegar a sus lugares de trabajo, el miedo de volverse a sus casas, el miedo de usar el Transantiago a las 9 de la noche cuando recién iban volviendo a sus casas y les podía llegar una bomba, esos eran los temores que nosotros detectábamos. Hoy día ese mismo miedo sienten ellas de contagiarse”, dijo Luz.
La dirigente comenta que les han llegado varios casos de trabajadoras que se han visto forzadas a trabajar puertas adentro para no perder su fuente de ingreso. “Tenemos un caso que estamos intentando contactarnos con la familia, porque es un caso bien duro, donde la trabajadora cambió su modalidad, se contagió dentro del trabajo y una de las hijas decía que los empleadores no se quieren ahora hacer cargo. O sea ella pasó dos meses dentro de la casa, se contagia dentro del trabajo sin haber salido e igual se contagia dentro del trabajo y ahora los empleadores no se quieren hacer cargo”, señala Vidal.
Las trabajadoras hicieron saber sus necesidades desde el inicio de la pandemia en Chile, en marzo le exigieron al Estado que viera su situación en particular. En ese entonces el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, dijo para La Tercera, que estaban “impulsando un proyecto de protección del empleo que esperamos pueda aprobarse rápidamente en el Congreso. Esta iniciativa considera beneficios específicos para ayudar a las trabajadoras de casa particular”, proyecto que según señalan desde la subsecretaría fue aprobado el 31 de marzo y que sí consideraría a las trabajadoras, pero desde la otra vereda, esta medida resulta insuficiente de acuerdo a sus necesidades y el tiempo que han estado cesantes.
Desde Sintracap afirman que han intentado en múltiples ocasiones contactarse con las autoridades, incluso por medio de la Organización Internacional del Trabajo, pero no han tenido respuesta. “Tenemos cartas donde la OIT solicita una reunión porque nosotras ya sabíamos que no nos iban a escuchar, desde la OIT solicitaron las reuniones y la OIT el 4 de mayo envió carta de solicitud para reunión, ofreciendo incluso intermediar entre nosotros y aún así no hay respuesta”, expuso Luz.
Hasta el 28 de mayo, según informó el mismo medio mencionado anteriormente, la Superintendencia de Pensiones expuso que 14.105 trabajadores de casa particular se acogieron durante los últimos meses a la Ley de Protección al Empleo.
Según explica la abogada, en el texto inicial de la Ley de Protección al Empleo, que fue publicado el 06 de abril de 2020, contemplaba que “aquellas trabajadoras de casa particular que se enfrentaran a la suspensión de sus contratos de trabajo obtuvieran su remuneración no con cargo al Fondo de Cesantía (pues están excluidas), sino que con cargo a la indemnización a todo evento, que es una institución creada específicamente para estos tipos de contratos, y que se compone de una cotización mensual del 4,11 % de sus remuneraciones. Eso significa que durante el tiempo en que se encuentre suspendido su contrato de trabajo, podrán obtener su remuneración a través de este fondo que manejan las AFP”.
En esa misma línea Ortiz señala que el problema de esto es que “lamentablemente casi el 60% de las trabajadoras de casa particular son informales (Nueva Encuesta Nacional de Empleo NENE, 2020), por lo que no cuentan con cotizaciones previsionales, lo que ha hecho que queden en la más absoluta indefensión y, en una situación aún peor que el resto de los y las trabajadoras, ya que no se contempló para estos casos una figura análoga al Fondo Solidario de Cesantía que permita obtener recursos cuando el saldo de las cotizaciones fuera insuficiente. Además, de acuerdo a lo que han denunciado las dirigentas del SINTRACAP, aquellas trabajadoras que actualmente están recibiendo su remuneración con cargo a la indemnización a todo están percibiendo alrededor de $100.000, lo que a todas luces da cuenta de un deficiente sistema de seguridad social para ellas”.
Para Luz esta situación las perjudica, porque quien “se acogiera a esa ley –nosotras también lo dijimos en un principio – ¿A qué le van a echar mano? Si la rotación es muy grande en este rubro, tú te quedas dos meses sin trabajo y puedes echar mano a eso, pero hoy en día hay compañeras que ya no tienen nada. No tienen los bonos de emergencia, no tienen Bono Covid; no han tocado nada de eso y resulta que tampoco tienen el tema del 4,11 por que se acabó”.
Sumado a esto las trabajadoras no pueden acceder al Seguro de Cesantía porque “la Ley Nº 19.728 que crea este seguro no las contempla y no se han hecho modificaciones legales a esa ley que permita su acceso efectivo”, dijo la abogada Ortiz.
Añadiendo que inicialmente estaban contempladas en la Ley de Protección al Empleo “solo para la obtención de sus remuneraciones con cargo a las indemnizaciones a todo evento, el denominado 4,11% que imponen mensualmente en los fondos de AFP, sin embargo, aparentemente fueron incluidas con la denominada ley corta (Ley 21.232) que modifica la Ley de Protección al Empleo con una paupérrima técnica legislativa que nos deja en la incertidumbre respecto de que significa concretamente esa inclusión, porque si bien se señala que quedan comprendidas en el Seguro de Cesantía, hay muchas normas en colisión que no permiten tener una respuesta concluyente al respecto”
En esa misma línea la abogada señala que “a su vez, la Dirección del Trabajo, a través del Dictamen interpretativo 1762/008 del 03 de junio recién pasado, señala que “los trabajadores de casa particular que cumplan con los requisitos del Titulo I de la ley (21.227) podrán acceder excepcionalmente a las prestaciones de la Ley Nº 19.728”, sin embargo, más adelante se señala como requisito para acceder a estas prestaciones que se encuentren afiliadas al seguro de cesantía y que registren determinadas cotizaciones, lo que significa que en la práctica quedan excluidas y, naturalmente, deja fuera a quienes ejercen estos trabajos de manera informal que es una cifra cercana al 60%”.
Otro punto no menor que señala la abogada, es la situación de las trabajadoras de casa particular que son migrantes, “quienes, además de no contar con redes de apoyo en nuestro país, se pueden ver enfrentadas al término inmediato de sus visas de residencia sujetas a contratos de trabajo en el caso de ser despedidas, viéndose obligadas a buscar una nueva fuente de trabajo dentro del plazo de 180 días que le permita comenzar nuevamente el proceso, ya que de lo contrario quedan con su situación migratoria no regularizada en nuestro país”, expuso Ortiz.
Desde Sintracap han impulsado una nueva campaña llamada #CuidaAQuienTeCuida, la cual pretende valorizar el trabajo doméstico y exigir al Estado saldar su deuda histórica con estas trabajadoras en cuanto a derechos laborales. Es por eso que exigen con urgencia el derecho al Seguro de Cesantía, acceso garantizado al Ingreso Familiar de Emergencia y el cumplimiento del Convenio 189 de la OIT.
En relación a este convenio desde Abofem señalaron que a su juicio, “actualmente Chile lleva años incumpliendo el Convenio 189 de la OIT sobre el Trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos (ratificado en 2015), lo que es particularmente grave en la situación en la que nos encontramos, ya que la ley de protección al empleo al no contemplarlas, viola flagrantemente el artículo 14 de dicho convenio”.
Ya que este señala que “Todo (Estado) Miembro (…) deberá adoptar medidas apropiadas a fin de asegurar que los trabajadores domésticos disfruten de condiciones no menos favorables que las condiciones aplicables a los trabajadores en general con respecto a la protección de la seguridad social, inclusive en lo relativo a la maternidad”.
Sumado a eso las abogadas expresaron que se hace urgente que el Estado de Chile acoja el llamado que están haciendo organismos internacionales en orden a “ampliar y promover las prestaciones por desempleo para las trabajadoras domésticas, garantizar transferencias monetarias o subsidios sociales de emergencia, promover sistemas de protección social más integrales e impulsar medidas para garantizar la retención de empleos en el trabajo doméstico”, sobre todo si tenemos en cuenta las estadísticas presentadas el 16 de junio en el webinar “A 5 años de la ratificación del Convenio 189: Los derechos de los trabajadores de casa particular en contexto de pandemia”, donde se señalaba que en el trimestre entre febrero y abril de 2020 la tasa de ocupación de las trabajadoras de casa particular disminuyó en un 8,1% respecto de las trabajadoras formales y en un 23,8% respecto de las trabajadoras informales, alcanzando cifras que en conjunto bordean las 50.000 personas desempleadas”.
La situación de estas trabajadoras es crítica, Luz cuenta que algunas de las afiliadas al sindicato han expresado que se sienten como esclavas en estos momentos y abandonadas por el Estado.
Es por eso que decidió enviarles un mensaje a sus compañeras, destacando la importancia de estar unidas, porque muchas veces desconocen la ley y los derechos que tienen. “Eres tú compañera la que tiene que defender los derechos por los cuales muchas mujeres que han estado a la cabeza de los gremio han peleado, han dejado parte de su vida por defender sus derechos y es ahora que hay que hacer que hoy en día se cumplan esos derechos, exigiendo a la autoridad, pero también a los empleadores”, finalizó Vidal.
