Yo opino
Es evidente que las falencias estructurales del modelo de salud chileno vulneran el derecho constitucional al acceso y la cobertura en salud para la población.
Frente a la actual crisis del sistema de salud, se ha levantado con mayor fuerza el malestar social. Listas de espera interminables, personas que fallecen esperando ser operadas, escasez de medicamentos y alto costo de éstos, falta de horas en la atención primaria, bajo alcance de los exámenes preventivos, congestiones en las urgencias y, sobre todo, las grandes deudas hospitalarias que han llevado a las y los trabajadores de la salud a poner dinero de su bolsillo para comprar insumos básicos que garanticen una atención de calidad a los usuarios.
Además, nuestro país segrega en materia de salud. Más del 80% de la población (correspondiente a los usuarios de Fonasa) se atiende con menos del 50% de los recursos disponibles, sin contar que acuden a hospitales públicos sin insumos, con falta de especialistas. Peor situación vemos en la Atención Primaria de Salud, que a pesar de su importante labor en educación y prevención de las enfermedades, es el sector que peor paga a sus trabajadores.
La crisis a la que ha llegado nuestro sistema de salud tiene su origen en las reformas establecidas en los años 80´, en plena dictadura, como también por las políticas que profundizaron un modelo que negocia con las enfermedades de la gente.
El modelo de autogestión de los establecimientos, los mecanismos de transferencia de los recursos de Fonasa a las clínicas privadas (que se enriquecen con dineros públicos) y la forma en que se elaboran los presupuestos cada año, que no financian programas y políticas de salud relevantes, son formas de empobrecer cada vez más la salud pública. En ese mismo sentido es que se presenta un proyecto de ley por parte de este gobierno de «seguro de salud a a la clase media», a través de un modelo de libre elección que solamente profundiza el traspaso de recursos al sistema privado a través de un mecanismo similar a un voucher.
[cita tipo=»destaque»] Las salas de maternidad se encuentran saturadas, teniendo muchas veces que derivar a mujeres en trabajo de parto a recintos ubicados al otro extremo de la ciudad, o atender varios partos en una hora[/cita]
Por otro lado, en el área de ginecobstetricia se han detectado falencias de infraestructura, con falta de salas integrales de parto, puerperio y neonatología, como también de lugares de descanso para el personal de salud. Además existe una escasez de recursos humanos, especialmente de matronas, para lograr dar abasto una demanda de más de ocho mil partos anuales solo en algunos hospitales.
Las salas de maternidad se encuentran saturadas, teniendo muchas veces que derivar a mujeres en trabajo de parto a recintos ubicados al otro extremo de la ciudad, o atender varios partos en una hora. Esto se debe a condiciones deficitarias de infraestructura e insumos, como también déficit de recursos humanos en el personal de matronas y médicos.
Actualmente el proyecto de ley de presupuesto en salud, no cuenta con una glosa o ítem específico para financiar el programa de salud de la mujer, o programa de salud sexual y reproductiva. No es prioridad para las políticas públicas, a pesar de que el gran porcentaje de ingresos monetarios en los hospitales están dados por las valorizaciones de camas de las maternidades.
Dejar sin financiamiento público este ítem genera una violencia institucional de género hacia las mujeres y un complejo panorama financiero. Tal es el caso del Hospital San José, uno de los recintos hospitalarios más endeudados de Chile, que a la vez atiende 8.331 partos al año, lo que sobrepasa con creces las capacidades técnicas y humanas.
Junto con esto, 456 casos que llegan a este hospital deben derivarse a otros servicios de salud, ya que las unidades no dan abasto, y 120 de ellos ni siquiera alcanzan a llegar al hospital.
Con todas estas evidencias, la población chilena ya no quiere seguir esperando más soluciones a largo plazo. El Estado debe jugar inmediatamente un rol de aseguramiento de las condiciones sociales y económicas que logren disminuir las brechas de inequidad en salud, cambiando las lógicas de mercado y fortaleciendo al sector público con un enfoque de derechos, y para esto necesitamos urgente una reforma estructural de salud.
