Yo opino
En los últimos meses, el trabajo se ha tomado el debate público. Diversos actores se han confrontado con propuestas para reducir la jornada de trabajo, aumentar la flexibilidad laboral, incentivar el trabajo a distancia, regular las plataformas digitales, y los nudos a desatar para aumentar la productividad y calidad de vida de las/los trabajadoras/es. Sin embargo, este debate general no ha abordado con suficiente profundidad las transformaciones y desigualdades que estructuran el trabajo en Chile. En particular, el trabajo que desempeñan las mujeres en el neoliberalismo criollo y las diversas formas de violencia económica que enfrentan. El propósito de estas reflexiones es visibilizar los orígenes de esa forma de violencia y los desafíos que conlleva para enfrentar políticamente el presente.
Mercado laboral: cuidados y división sexual del trabajo remunerado
En las últimas décadas, la participación de las mujeres en el mercado de trabajo remunerado ha aumentado de forma importante. En 1988-2018 la participación femenina se elevó de 31,2% a 49,5%, sin embargo sigue siendo baja en relación con los hombres (70,1%), o con la participación de mujeres en países América Latina y el Caribe (51,5%) o de la OCDE (52,0%). Pese a estos avances, al 2018 hay más mujeres que hombres desocupadas (7,5% versus 6,2%) y, más relevante todavía, 3.901.220 de mujeres fuera del trabajo remunerado (versus 2.238.320 hombres) (Encuesta Nacional de Empleo, OND).
¿Por qué no hay más mujeres buscando trabajo remunerado? La principal razón es el trabajo de cuidados no remunerado. En 2018, un 37,2% de las mujeres en edad de trabajar (15 años o más) no buscaron trabajo por responsabilidades familiares permanentes, temporales o el embarazo (versus un 2,3% de hombres que no buscaron trabajo por razones de cuidados). Es decir, estamos hablando de alrededor de 1.450.000 mujeres que no intentan ingresar al mercado laboral por tener que dedicarse al cuidado del hogar (Encuesta Nacional de Empleo, OND).
[cita tipo=»destaque»] La complejidad de la violencia aún no sale plenamente a la luz, escondiendo bajo la alfombra una dimensión estructural que puede ser causa o agudización de otras formas de violencia como es la violencia económica que se invisibiliza en los mandatos clásicos de hombre proveedor y mujer para el cuidado. [/cita]
¿Qué sucede con las mujeres que sí ingresan al mercado laboral? Las mujeres se emplean mayoritariamente en sectores de servicios no calificados y calificados: un 20,8% lo hace en el comercio (de ellas, 52,8% son vendedoras), un 12,3% son empleadas de oficina (24,8% secretarias o limpiadoras), un 15,0% en educación y un 10,1% en salud y otros servicios sociales, y un 8.4% en trabajo doméstico remunerado. En cambio, un 7,6% se emplea en oficios artesanales y un 7,3% en industria y actividades agrícolas (temporeras). Pese a las diferencias en actividad económica y calificación, existe un denominador común: las mujeres se insertan en ocupaciones que requieren habilidades laborales vinculadas a cuidado de personas, administración de lugares de trabajo o limpieza. De lo que se trata, es de un mercado laboral que reproduce la división sexual del trabajo “ubicando” a las mujeres en actividades aprendidas en el espacio doméstico y en la educación (sexista). Los empleadores las reclutan para ejercer actividades cuyas habilidades se consideran como “naturales” lo que trae como consecuencia una menor valoración en términos de responsabilidad, prestigio y salario. En efecto, existen importantes diferencias en la media salarial de hombres y mujeres a nivel nacional ($574.424 versus $441.691), así como en la mediana de los salarios ($350.000 versus $300.000) (Fundación Sol, 2019).
En suma, las obligaciones de cuidados en el hogar y la división sexual del trabajo remunerado implica para las mujeres trayectorias laborales intermitentes, dobles o triples jornadas de trabajo (remunerado y no remunerado), menores ingresos y cotizaciones previsionales, así como condiciones de trabajo más inseguras. Todo lo anterior, en un contexto de desigualdad extrema en la distribución de los cuidados entre hombres y mujeres, y la inexistencia de políticas públicas en la materia, terminan constituyendo barreras estructurales que condenan a las mujeres a trayectorias de desigualdad que limitan gravemente su autonomía y las exponen permanentemente a situaciones de violencia.
Sindicatos: cultura patriarcal y organización feminista
El aumento en la participación de mujeres en el mercado laboral también se expresa en más mujeres sindicalizadas. En 2017, la tasa de sindicalización alcanzó un 20,6% (1.043.709 trabajadores afiliados) siendo un 39,9% mujeres (Dirección del Trabajo). En línea con su mayor participación en ocupaciones de servicios, la sindicalización de mujeres se concentra en comercio, enseñanza, servicios sociales y salud. Además, la cantidad de dirigentes en sindicatos activos alcanza un 29,1% de mujeres. Pese a este crecimiento, todavía hay menos dirigentas que mujeres sindicalizadas, y éstas se desempeñan más en cargos de secretaria que presidencias (incluso en sectores altamente feminizados predominan las dirigencias masculinas). ¿A qué se deben estas limitaciones? En buena medida, a una cultura sindical patriarcal que reproduce la división sexual del trabajo al relegar a las mujeres a labores de cuidados en los sindicatos; a la inexistencia de políticas sindicales que resuelvan colectivamente las tensiones entre el trabajo en el espacio público y el trabajo doméstico (por lo general, las mujeres terminan realizando dobles o triples jornadas o abandonan la dirigencia). Todo lo cual ha implicado que las demandas de mujeres trabajadoras queden postergadas en las negociaciones colectivas, acrecentando las desigualdades anteriormente señaladas, restándole fuerza a los sindicatos y, en algunos casos, que las mujeres se organicen por fuera de el mundo sindical tradicional.
Tras el mayo feminista 2018 se observa que dirigentas sindicales comienzan a articularse desde el feminismo de manera incipiente. En efecto, se constata el surgimiento de nuevas asociaciones de trabajadoras, sobre todo profesionales, que se nuclean desde el feminismo, por fuera de los sindicatos y los colegios profesionales: docentes (REDOFEM), abogadas (ABOFEM), actrices (Red de actrices), historiadoras (Red de historiadoras feministas), Profesionales por el derecho a decidir, entre otras. Formas nuevas de colectivización que no deben renunciar a seguir empujando un diálogo, necesario y crítico, con las estructuras sindicales más clásicas, que permita ensanchar las espaldas del movimiento sindical, torciendo la inercia del fraccionamiento e individualización de las y los trabajadores, alimentada por un neoliberalismo que explota desigualmente a los/las trabajadoras, cuya división reduce su poder reivindicativo y de negociación.
Violencia económica y algunos desafíos para el feminismo
Esta radiografía social y sus dilemas plantean enormes desafíos para el feminismo. Es por ello que desde la Fundación Nodo XXI en alianza con FES Chile, lanzaremos la iniciativa “Violencia Económica hacia las mujeres y la pendiente promesa de autonomía” (septiembre de 2019). La complejidad de la violencia aún no sale plenamente a la luz, escondiendo bajo la alfombra una dimensión estructural que puede ser causa o agudización de otras formas de violencia como es la violencia económica que se invisibiliza en los mandatos clásicos de hombre proveedor y mujer para el cuidado. Es cierto que la entrada de las mujeres al mercado laboral tensiona dicho “acuerdo”, aún cuando en algunos núcleos familiares el hombre no cumpla ya el rol de proveedor principal. Sin embargo, el ingreso masivo de las mujeres al mercado laboral ha generado nuevas formas de violencia económica: pensiones insuficientes, sueldos más bajos, trabajos más inseguros y devaluados, dependencia de otros, entre otras-, lo que las empobrece y aumenta sus niveles de vulnerabilidad social, junto con atentar directamente contra la posibilidad de su autonomía y libertad. En suma, como Fundación Nodo XXI queremos abrir este debate detenidamente con el propósito claro de interpelar a la política desde perspectivas críticas y feministas y, de ese modo, contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de importantes franjas de mujeres así como revertir la extrema mercantilización de nuestra sociedad.
